Ábalos dice ahora que «no hay ningún plan» sobre los peajes
▶ El ministro enfría el proyecto tras las críticas de varios socios del gobierno
El Gobierno ha dejado a un lado su plan para tarificar la red de alta capacidad (autopistas y autovías) a partir de 2024. La avalancha de críticas a las que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas el Ejecutivo ha provocado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pase de puntillas por el proyecto y afirme ya que «no hay ningún plan» con los peajes.
Así se pronunció ayer el número tres del Partido Socialista en un acto celebrado en Alcora (Castellón), donde visitó la alcazaba del castillo de Alcalatén. El ministro afirmó allí que lo que ha planteado el Ejecutivo no es un proyecto en sí, sino «abrir un debate sobre política pública, llámese pago por uso, o llámese cualquier otra cosa», según recogió ayer Ep.
Lo cierto es que sí hay un plan, al menos a largo plazo. El Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas por el Ejecutivo habla de implantar peajes a partir de 2024 en todas las autovías españolas. El Gobierno defiende incluso que el proyecto «supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro ‘usuario pagador’ y también
«Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer. Los peajes son una señal de sintonía con el resto de la Unión Europea»
«No hay ningún plan. El Gobierno ha intentado abrir un debate sobre política pública, llámese pago por uso, o llámese otra cosa»
Ábalos ayer, durante su visita a Alcora
del principio de ‘quien contamina paga’».
El Gobierno suaviza ahora este documento por las críticas que ha generado el proyecto. Los transportistas aseguraron desde un primer momento que contaban con un documento firmado por el número dos de Ábalos, Pedro Saura, en el que se comprometía a no imponer peajes sin la aprobación del sector. El colectivo ha advertido en varias ocasiones de que, si este pacto se rompe, habrá movilizaciones por parte de uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus.
En el ámbito político, el Partido Popular también se ha sumado a las críticas, pese a que tuvo sobre la mesa un proyecto de peajes similar hace unos años. Pero lo que ha terminado por condicionar el mensaje del Gobierno es el rechazo que ha generado la medida entre sus propios socios.
El BNG, que apoyó la investidura de Sánchez, se ha mostrado especialmente crítico con los peajes. Y hace apenas unos días, Unidas Podemos se sumó a las críticas. «Ahora no toca», aseguró en el Congreso de los Diputados el secretario de sociedad civil y movimiento popular, Rafael Mayoral.
Este rechazo es el que ha motivado el cambio de discurso del ministro de Transportes y de otros miembros del Ejecutivo. También el director de la DGT, Pere Navarro, ha limado sus palabras y en apenas unos días pasó de asegurar que «no podemos hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión y no tiene ni coche esté pagando por la conservación de autopistas y autovías» a afirmar después que «cuando se pone el peaje, del tipo que sea, normalmente siempre se excluyen algunos casos».
El Gobierno es consciente de que implantar cánones en las carreteras acarreará un gran coste político, y por ello quiere convertir el proyecto en una cuestión de Estado. Ayer mismo, Ábalos aseguró que la tarificación «no se puede llevar a efecto sin consenso» y recordó que tiene que estar de acuerdo el sector del transporte, al ser «el más afectado».
Hoy por hoy ese consenso parece una utopía. Pero también es cierto que el Ejecutivo se ha dado de plazo tres años. Y en el propio plan remitido a Bruselas habla de impulsar «una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida».