SOBRA PROPAGANDA, FALTAN LEYES

EDITORIALES El Ejecutivo pretende aparecer como un gestor incansable contra la injusticia social, pero a la hora de la verdad pone todos los obstáculos posibles para paralizar sus propias leyes

DENTRO de unos días se cumplirá justo un año desde que el 29 de junio de 2020, en plena fase de desescalada de la pandemia, el Gobierno remitió al Congreso su proyecto de ley para regular con detalle el ingreso mínimo vital, una medida que Pedro Sánchez había glosado como un gran avance social. Era la norma estrella de lo que denominó el «escudo social» para socorrer a los colectivos más desfavorecidos económicamente por la pandemia. El decreto inicialmente aprobado por el Gobierno, una auténtica chapuza legislativa, más decorativa y demagógica que otra cosa, preveía su posterior conversión en ley. Por eso el proyecto se presentó con la idea de que fuera tramitado con urgencia, ya que, más allá de ser un escaparate cuyas ayudas apenas llegaban a unos miles de familias, el decreto se había convertido en una rémora. Todo eran retrasos, confusión en los requisitos para poder acceder a él, e incluso sospechas de fraude. Sin embargo, un año después el proyecto permanece paralizado en el Congreso por culpa del PSOE y de Unidas Podemos. Estos partidos prorrogan sistemáticamente el plazo de enmiendas hasta el punto de que ya lo han hecho 34 veces, algo inédito en la práctica parlamentaria, salvo que los partidos del Gobierno pretendan aplazarlo ‘sine die’.

El Gobierno del buenismo progresista es el Gobierno de las apariencias. Su querencia por la propaganda es inagotable. Y donde pretende aparecer como un gestor incansable contra la injusticia social, a la hora de la verdad pone todos los obstáculos posibles para paralizar sus propias leyes. En el ideario colectivo quedan esas expresiones, ‘ingreso mínimo vital’ o ‘escudo social’, pero en realidad todo queda en un farragoso enredo legislativo y administrativo que la Mesa del Congreso prefiere mantener guardado en un cajón mientras da largas al texto con absoluto desdén. Lo mismo ocurre con leyes como la que regulará la violencia en el deporte, el robo de bebés, la reactivación económica para hacer frente al impacto del virus en el transporte y la vivienda… Todas acumulan hasta una treintena de prórrogas para presentar enmiendas, y están inmersas en un túnel parlamentario sin final. Sánchez suelta el señuelo, su aparato de propaganda lo difunde como si fuese la panacea de todos los males, y al final deja varados los proyectos.

En cambio, cuando al Gobierno le interesa, agiliza los procedimientos a conveniencia de parte. Los Presupuestos Generales del Estado, el más complejo y denso de los proyectos legislativos que llegan a la Cámara Baja, pasó solo diecinueve días en el trámite de enmiendas. La reforma de la ley orgánica del poder judicial, ese abuso con el que Sánchez ha maniatado al órgano de gobierno de los jueces para impedirle hacer nombramientos, solo dispuso de once días de enmiendas. Y además, fue para ningunear a la oposición. Cuando Sánchez quiere, aprieta. Y cuando no quiere, paraliza. Esta es otra demostración más de que el Gobierno maneja la Mesa del Congreso a su antojo, y además lo hace escondiendo a la opinión pública cualquier decisión que pueda manchar esa imagen de una izquierda siempre al auxilio de la ciudadanía. La realidad de muchos de los compromisos del Gobierno durante la pandemia es que están bloqueados en el Parlamento a la espera de no se sabe qué. Pedro Sánchez debería hablar menos de transiciones ecológicas, de un ‘futuro verde’, y de la España de 2050, y al menos cumplir con lo que ha prometido. De momento, su palabra no vale nada.