PSOE y Podemos bloquean desde hace 11 meses la ley del ingreso mínimo vital
▶ Los socios prorrogan 34 veces el plazo de enmiendas de un texto para el que prometieron urgencia ▶ Otras nueve leyes se encuentran varadas por falta de voluntad: desde los bebés robados a la lucha contra la morosidad
La semana que viene se cumplirá un año desde que el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley del ingreso mínimo vital. Un texto para el que PSOE y Unidas Podemos prometieron una tramitación urgente que solventara los defectos del decreto que estableció una ayuda, que es una de las iniciativas estrella de la coalición y de ese «escudo social» que predican. Sin embargo, una semana tras otra los dos socios bloquean la tramitación de la ley manteniéndola paralizada en los primeros compases de su recorrido parlamentario. Lo hacen desde la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet prorrogando sistemáticamente su plazo de enmiendas desde el 29 de junio de 2020.
El Reglamento del Congreso prevé un plazo inicial de quince días para presentar enmiendas, que se reduce a la mitad en el caso de los textos urgentes como este. Los Presupuestos de 2021, el proyecto más importante del año, pasó tan solo 19 días en plazo de enmiendas y otros textos que también han interesado al Gobierno como el recorte de funciones del Poder Judicial estuvo once días. La ley del ingreso mínimo vital, en cambio, lleva ya once meses atrapada en esta etapa. El martes de la semana pasada volvieron a aprobar una nueva prórroga, la décimo cuarta ya.
Once días para el CGPJ
Los socios de coalición mantienen paralizada la ley porque así impiden que los grupos de la oposición puedan unirse y formar una mayoría suficiente para incluir mejoras o cambios en el texto a los que el Gobierno no quiera a llegar. Pero esta antidemocrática maniobra tiene un coste y es que el único camino que le queda al Ejecutivo para enmendar los errores del primer decreto es incluir modificaciones en decretos aprobados con posterioridiad para regular otras materias. El Gobierno ha optado esta vía para intentar parchear esta ayuda y lo ha hecho utilizando cinco decretos posteriores distintos, añadiendo mayor complicación e inseguridad jurídica a la ayuda y dejando sin resolver su gran defecto: las trabas de acceso. El pasado viernes, Cáritas remitió una misiva al Gobierno y a los grupos parlamentarios denunciando que solo el 16 por ciento de las familias en situación de pobreza logra acceder a esta ayuda y urgiéndoles a legislar para poner fin a las «trabas» que incluye la normativa.
La nueva ley del ingreso mínimo vi