La economía barcelonesa exige al Govern que no bloquee El Prat
▶ Más de 200 entidades apoyan la ampliación de AENA, a la que se opone la Generalitat
El clamor de la sociedad barcelonesa en favor de un aeropuerto suficientemente dotado y con capacidad para atraer vuelos internacionales ha sido una constante histórica, más desde que en 2006 Iberia decidió replegarse y concentrar su actividad en Barajas. El miedo a que Barcelona se convirtiese en un aeropuerto ‘low cost’, especializado únicamente en atraer turistas pero sin rutas internacionales de largo radio –claves a su vez para atraer actividad económica– motivaron un año después la movilización unánime de la sociedad económica barcelonesa.
Quince años después de aquella iniciativa, entidades, fundaciones y empresas vuelven a levantar la voz, pero paradójicamente las miradas no se dirigen ahora a Madrid, sino a las administraciones catalanas, que son ahora las principales opositoras al gran proyecto de ampliación que ha puesto sobre la mesa AENA –en paralelo al de Barajas– y que permitirían a El Prat-Josep Tarradellas superar el riesgo de saturación que ya se observa a corto plazo. Una nueva terminal y la ampliación de la tercera pista, con una inversión global de unos 1.700 millones, es lo que está encima de la mesa. En el otro plato de la balanza, recelos políticos y el coste medioambiental de la actuación, a lo que se agarran las administraciones catalanas para frenar el proyecto.
En este contexto, y ante el miedo a que la negativa de la Generalitat y el Ayuntamiento lleven a AENA a retirar el proyecto, tal y como ya ha planteado su presidente, Maurici Lucena, unas 200 entidades, entre las que se encuentran las patronales Fomento y Pimec, el Círculo de Economía, la Cámara de Comercio de Barcelona, el RACC, la Mobile World Capital, Barcelona Tech City y Esade han promovido un manifiesto en favor de una ampliación que consideran «inaplazable».
«El aeropuerto de Barcelona-El Prat, con su actual diseño y configuración, está agotando su capacidad. La cifra de casi 53 millones de viajeros registrados en 2019 se acercó a su capacidad máxima de 55 millones», arranca el manifiesto, que será presentado el próximo día 2 en un acto en la escuela de negocios Esade. La rapidez con la que las entidades firmantes se han puesto de acuerdo no refleja más que el estupor que ha generado que sean las administraciones catalanas las que digan ‘no’ a un proyecto de tal envergadura. En el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno municipal está dividido, ya que el PSC apoya el proyecto. Los comunes, con Ada Colau a la cabeza, esgrimen razones medioambientales, desdeñando la curva de crecimiento de usuarios que se prevé, apuntando por contra la necesidad de vetar los vuelos de corta distancia con alternativa ferroviaria.
«Decisión neutra»
Si la negativa ‘eco’ de los comunes se daba por descontada, lo que realmente ha causado asombro es la negativa del Govern, que reclama un sistema aeroportuario en red, en el que Reus y Gerona actúen como pistas complementarias. Los promotores del manifiesto no rechazan esta idea, pero recuerdan que para que un aeropuerto funcione como ‘hub’ –es decir, de interconexión– las operaciones deben concentrarse en un único aeródromo. Entre el empresariado cala la idea de que la oposición de la Generalitat se debe al hecho de que la ampliación la lleve a cabo AENA y la capitalice el Gobierno. «La ampliación del aeropuerto es una decisión neutra en relación a su sistema concreto de gestión y no lo prejuzga. Simplemente, mejora la infraestructura», contraponen las entidades sin renunciar a la demanda compartida de que sea Barcelona y Cataluña quienes gestionen El Prat.
Más allá del modelo de gestión, el principal problema que podría bloquear el proyecto es de índole ecológica, en tanto que la ampliación de la tercera pista se realizaría sobre las marismas de la Ricarda, una zona natural con el nivel más alto de protección dentro de la zona del delta del Llobregat. La última palabra la tendrá la Comisión Europea, un escollo no menor, como lo es ahora la falta de decisión de las administraciones catalanas.
Coste ecológico La ampliación del aeropuerto, de 1.700 millones, se realizaría a costa de una zona protegida