El ‘holding’ público no ha nombrado aún a ningún observador en la empresa, aunque tiene derecho a ello
La SEPI, sin voz en el consejo de Plus Ultra casi tres meses después del rescate La sociedad estatal no renuncia a su plaza en el consejo y asegura que está estudiando «el perfil más adecuado» La aerolínea reconoce que perderá al menos 35 millones de euro
Si reducimos al máximo la complejidad del sistema de pensiones nos encontraremos con dos problemas fundamentales. Uno es que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos y el déficit, que es enorme, crece mes a mes. El otro es que ningún político se atreve a contar la verdad y a proponer los ajuste que son necesarios. Porque un desajuste entre ingresos y gastos solo se arregla si subimos los primeros y/o bajamos los segundos. Pero subir los ingresos es muy perjudicial pues encarecería el empleo, justo cuando necesitamos crearlo en cantidades hipopotámicas. Y bajar los gastos supone un coste social que nadie quiere afrontar.
Los partidos encontraron una fórmula original para hacerlo de manera indolora, que consistió en reunirse en el Pacto de Toledo para ‘mutualizar’ ese coste y repartirlo entre todos. Pero ni aún así. Tras el tiempo transcurrido sin avances ha quedado claro que ningún partido está dispuesto a pagar el ‘escote’ de disgusto social que supondría adoptar las medidas que son imprescindibles. Por eso no se ha reformado nada y el desfase engorda.
Escrivá se sumó a la complacencia. Dijo que la primera parte de la reforma, que nadie quiere acometer pero exige Bruselas, incluirá la actualización de las pensiones con el IPC –más contento social y más agujero económico–, y mejorará la situación de quienes deseen trabajar tras la jubilación a la vez que desincentivará las prejubilaciones. ¿Atrasar la edad de jubilación? ¡No, por Dios!, eso es muy impopular. Se trata solo de acercar la edad real a la legal, pero poco a poco, sin empujones.
Lo que no ha sido capaz de cumplir es su compromiso de eliminar el factor de sostenibilidad. ¿Hay alguien en contra de un factor pensado para sostener el sistema? Pues sí. Muchos. Como los sindicatos. El propio Escrivá dice que este factor –diseñado por el Gobierno Rajoy, que no se atrevió a aplicarlo–, es muy malo y que él va más por la vía de la solidaridad intergeneracional. Ni idea de cómo concretará esa idea tan elevada, pero la espero sin angustia. Pertenezco a las generaciones que deberíamos recibir la solidaridad y no prestarla. Lo que no sé, y eso sí que me preocupa, es cómo recibirán las generaciones actualmente activas, esa nueva exigencia de solidaridad, tras dejarles en herencia un paquete de deuda pública inconmensurable.
El pasado 9 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó la concesión de dos préstamos –uno participativo y otro ordinario– valorados en 53 millones de euros a Plus Ultra. Una ayuda con la que el Gobierno quería asegurar la supervivencia de una empresa considerada estratégica porque «cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño», según consta en la propia referencia de aquel Consejo de Ministros.
Ante la polémica que suscitó el rescate de la aerolínea, a la que se ha relacionado con el régimen de Nicolás Maduro, el Ejecutivo filtró días más tarde que controlaría la marcha de la compañía. Que no había dado un cheque en blanco y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendría derecho a contar con un observador en el consejo de administración de la empresa. Un directivo sin voto pero con voz dentro de la empresa que supervisaría el correcto uso del rescate.
Hace ya casi tres meses desde que se concedió la asistencia pública, pero ese nombramiento no ha llegado. Fuentes cercanas a la empresa aseguran que la sociedad «está en el proceso de nombrar el representante en el consejo», que en principio mantendrá este cargo durante los siete años que tardará Plus Ultra en devolver el rescate. Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que habrá una comisión de seguimiento mensual que permitirá a la SEPI monitorizar el cumplimiento del plan de viabilidad presentado por Plus Ultra para acceder a los préstamos. Según ha podido saber ABC, la compañía ya ha realizado la primera de estas reuniones y se ha emitido ya un resumen para que lo analice el ‘holding’ público. Desde la SEPI, por su parte, explican que se está estudiando el «perfil más adecuado» para esta labor.
Es decir, el desembarco de la sociedad pública en la compañía todavía no se ha completado. Un proceso que contrasta con el producido en Air Europa, también rescatada por el Estado con dos préstamos valorados en 475 millones. En ese caso, la SEPI nombró dos consejeros en la compañía a finales de diciembre, apenas un mes y medio después de autorizar la ayuda. Y unos meses más tarde designó a Valentín Lago como consejero delegado de la empresa del grupo Globalia.
En el caso de Plus Ultra, el Gobierno sigue sin representación, por lo que en principio no tendrá palabra en la junta general extraordinaria de accionistas que celebrará la aerolínea la semana que viene, según ha podido saber este periódico.
El plan de viabilidad de Plus Ultra ya está en manos de Bruselas. El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, desveló la semana pasada algunos detalles a los que pudo tener acceso como respuesta a sus alegaciones presentadas en la Comisión Europea en abril. Según reveló el partido naranja, Plus Ultra asegura en su hoja de ruta –cuyas estimaciones tilda de «extremadamente optimistas» a la par de basarse en supuestos heroicos– que perderá al menos 35 millones hasta 2022.
Una cifra que pone en duda la capacidad de la aerolínea para devolver las ayudas, comprometida a la devolución del préstamo ordinario de 19 millones