LA FARSA DE LA COGOBERNANZA
EDITORIALES El Gobierno no aplica criterios sanitarios, sino políticos, para imponer nuevas restricciones a las autonomías, y eso vuelve a generar agravios comparativos, caos jurídico y confusión social
E LGobierno ha vuelto a demostrar que su famosa ‘cogobernanza’ con las autonomías para la gestión de la pandemia es de quita y pon, y un fraude político para aplicarlo a conveniencia de parte. La llamada ‘declaración de actuaciones coordinadas’ impuesta por Carolina Darias a todas las comunidades para forzarlas a aplicar nuevas restricciones de la libertad, especialmente en el ámbito del ocio o la hostelería, o con los aforos en lugares cerrados, está generando un creciente malestar. Tanto, que Madrid o el País Vasco ya han advertido de que se negarán a aplicarlas, e incluso recurrirán la resolución de Sanidad a los tribunales cuando entre en vigor. También han expresado su rechazo Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, lo cual pronostica más convulsiones territoriales.
Esta nueva versión de la ‘desescalada’ que Darias pretende instaurar de manera imperativa demuestra que o bien el Gobierno sigue perdido en su cúmulo de negligencias, o directamente actúa con mala fe política manteniendo una tensión entre autonomías que nadie necesita. Semanas atrás, Pedro Sánchez alegó que España no necesitaba más estado de alarma. Y estaba en lo cierto. Más aún, sostuvo que debía ser el Tribunal Supremo quien se erigiese en un legislador paralelo y resolviese las diferencias entre las autonomías. De nuevo se sacudía de encima los problemas, su especialidad. Nunca planteó un plan B a la alarma y nunca legisló para cubrir las lagunas legales contra una pandemia. Sus problemas políticos los debían resolver los jueces con soluciones jurídicas. Y en eso quedó todo hasta que ayer la propia Darias dijo que «la judicialización no es una medida que se plantee en este momento», justo lo contrario, por cierto, de lo que sostuvo Carmen Calvo días atrás. Sin embargo, el Supremo ya anuló ayer el toque de queda aprobado semanas atrás por Baleares por ser una medida desproporcionada. El caos se multiplica con el Gobierno exigiendo una cosa, varias autonomías otra distinta, y el Supremo dictaminando otra más.
La única solución para evitar repuntes de la pandemia no puede limitarse a claudicar ante lo que el Gobierno imponga, ni a asumir su raquítico concepto de la libertad. En realidad la cogobernanza no existe. Solo existe ese ordeno y mando tan propio del cariz intervencionista de Sánchez. Este Gobierno ya dio por superada la pandemia en varias ocasiones. Todo su aparato de propaganda lo ha aireado convenientemente para tratar de generar estados de ánimo favorables para Sánchez, como si el proceso de vacunación fuese un éxito. Pero estamos a 4 de junio y solo uno de cada cinco españoles está realmente inmunizado. Sanidad improvisa modificando a capricho los umbrales de contagio necesarios para que unas comunidades puedan liberalizar sus horarios y otras no. Y casualmente las comunidades más afectadas son justo las que no gobierna el PSOE. Incluso, la presión de Darias sobre Madrid, donde el PSOE naufragó en las elecciones de mayo, reviste caracteres políticos especialmente persecutorios que poco tienen que ver con las estadísticas sanitarias. La conclusión es que Sánchez delega en las autonomías cuando le viene en gana para no desgastarse, y las interviene de facto cuando le conviene, como ahora. Y después le llegan los varapalos judiciales. No es bueno que haya rebeliones autonómicas. Pero tampoco lo es que el Gobierno fomente agravios entre ciudadanos, empresarios, o territorios. Lo razonable a estas alturas de pandemia, con mejores expectativas sanitarias y económicas para verano, es que Sánchez y Darias aporten soluciones pactadas en lugar de confusión e incertidumbre. Es cínico escuchar tanto a Junqueras, y tan poco a Díaz Ayuso o Urkullu.