Un juez investiga si el Govern prevaricó al no vacunar a policías
▶ Inocularon a mossos tres meses antes que a los agentes de la Guardia Civil y CNP
Un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar si la Generalitat discriminó con las vacunas a los agentes de la Policía Nacional (CNP) y de la Guardia Civil que trabajan en Cataluña frente a los del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Los responsables de la consejería de Salud del Gobierno catalán podrían haber cometido un delito de prevaricación.
En un auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado Fernando Luis Criado, titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, ha ordenado a los Mossos que investiguen estos hechos, que habían sido denunciados por el sindicato de policías Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil. El juez también ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía, para que proponga las diligencias que considere oportunas para esclarecer el caso. El Gobierno autonómico excluyó al CNP y a la Guardia Civil cuando el pasado 10 de febrero anunció el inicio de las vacunaciones a los agentes de los Mossos. La Delegación del Gobierno en Cataluña tuvo que intervenir y, semanas más tarde, la Generalitat comenzó a vacunarles. Sin embargo, el proceso se interrumpió por los cambios de criterio sobre el suministro de la vacuna AstraZeneca.
La indignación de los agentes acabó sobre la mesa del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), también a través de un recurso de Jupol y de Jucil, que supuso un punto de inflexión en este asunto: el tribunal aceptó la medida cautelar que pedían y ordenó vacunar sin más demora, y en un plazo máximo de diez días, a los agentes del CNP y de la Guardia Civil, hasta equiparar el porcentaje de vacunados al de los Mossos, que entonces era del 80% del Cuerpo.
La Generalitat acabó acatando la orden judicial y el 5 de mayo comenzó el suministro de las primeras dosis de las vacunas a más de 4.000 agentes. Paralelamente, los sindicatos interpusieron la denuncia por vía penal en los juzgados de instrucción de Barcelona. Es la que ha dado pie a la investigación que ahora ha emprendido el magistrado Fernando Luis Criado para esclarecer los hechos.
La estratagema de la Generalitat, iniciando más tarde la vacunación de policías y guardia civiles, primero, y retrasando la reactivación de la vacunación, después, creó malestar también, incluso, entre agentes de los Mossos d’Esquadra, que consideran compañeros a los otros dos Cuerpos policiales, tal y como recogió este diario a finales del pasado mes de abril.
«Es indignante, más allá del color que tenga su uniforme, son compañeros», lamentó, entonces, un agente de seguridad ciudadana de la Policía autonómica destinado en Gerona. «Nos quema por dentro», añadió. Normal. De los casi 7.000 agentes del CNP y la Benemérita que están destinados en Cataluña, la Generalitat apenas había vacunado al 15% a mediados de abril.
S. E.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) avaló ayer la actuación de España respecto a los políticos presos catalanes y reconoció que actuó conforme a la Constitución y a legalidad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores informó de que el relator del informe, Boriss Cilevics, reconoció que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal, y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional. Además, el relator del informe admitió que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho. En su relato, Cilevics también reconoció en la redacción del texto de resolución que «España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista proindependentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal. La APCE respeta plenamente el orden constitucional de España».
En la misma línea, en el punto 8.8 de la resolución, añade que «la Asamblea, finalmente, respeta la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes y respeta al mismo tiempo la facultad de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos».