EE.UU. permite solo a una petrolera suya mantenerse en Venezuela
▶ Chevron logra permiso hasta final de año pero Repsol y otras se han visto expulsadas El régimen de Venezuela ha movilizado a sus aliados internacionales a través del Grupo de Puebla para que se aligeren las sanciones
Ese Consejo Nacional puede ser, a ojos de la actual administración norteamericana, el que por fin convoque las primeras elecciones libres desde 2015. El gobierno interino que comanda Guaidó ha rechazado que semejante decisión de Maduro vaya a permitir que haya por fin elecciones libres en Venezuela y que a estas se pueda presentar toda la oposición.
En los comicios de 2015, la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional. Maduro creó después un poder legislativo paralelo y además convocó el año pasado nuevas elecciones que la comunidad internacional condenó por fraudulentas y amañadas. La oposición, de hecho, las boicoteó. Aun así, ese nuevo CNE ha sido designado por la Asamblea Nacional resultante de esas elecciones boicoteadas y consideradas fraudulentas tanto por EE.UU. como por la Unión Europea y la OEA.
A falta de una decisión sobre las sanciones al crudo en Venezuela, el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer una sola excepción y permitir a una compañía petrolífera mantener parcialmente sus negocios en el país caribeño. Se trata de Chevron Corp, la empresa de ese sector que aún opera en Venezuela. Esta misma semana recibió una renovación de licencia del Gobierno estadounidense que le permite permanecer en Venezuela de forma muy limitada y al menos hasta el 1 de diciembre, según reveló el martes el Departamento del Tesoro.
A principios de 2019, Donald Trump impuso una dura ronda de sanciones que prohíben las importaciones de petróleo venezolano y las transacciones en dólares con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, una medida destinada a privar al país de dólares del petróleo y apear del poder a Nicolás Maduro. Desde entonces, EE.UU. mantuvo una serie de licencias de excepción que permitieron operar de forma limitada a las empresas extranjeras que aun quedaban en Venezuela, sobre todo la española Repsol; la italiana Eni, y la india Reliance.
A todas se les agotaron los permisos, menos a Chevron. Hace un año, la Casa Blanca incluso amenazó a esas petroleras no estadounidenses con «sanciones devastadoras» si no cumplían con las sanciones de EE.UU. «Las sanciones para esas tres empresas serían devastadoras, y no es lo que quisiésemos que ocurra», dijo el entonces asesor de la Casa Blanca para Iberoamérica, Mauricio Claver-Carone, quien hoy es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. «No ha habido excepciones para Chevron -la segunda mayor petrolera estadounidense, que ha dejado de operar en Venezuela-, ni para ninguna empresa del mundo», añadió. El año pasado la Administración Trump modificó la licencia de Chevron para restringirle actividades esenciales como la perforación y la comercialización.
Lo cierto es que Chevron siguió operando, ya que el proceso de desarme era costoso y se demoró meses. Ahora recibe una prórroga para mantenerlas hasta final de mes. La renovación de la licencia, revelada el martes, también beneficia a empresas de apoyo a los servicios petroleros: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International. La mencionada licencia permite únicamente a esas compañías realizar transacciones con Pdvsa «necesarias para el mantenimiento de operaciones únicamente esenciales en Venezuela, o derivadas del cierre de operaciones». Esas compañías no pueden reparar o mejorar pozos, contratar personal o servicios adicionales, pagar con dividendos a la estatal venezolana Pdvsa, ni negociar préstamos.
Según Ray Fohr, portavoz de Chevron, esta empresa «continuará cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables en relación con las actividades que está autorizada a realizar en Venezuela». «Chevron tiene una presencia constructiva en el país, apoyando la inversión social y los programas humanitarios que brindan los servicios necesarios para las comunidades donde trabajamos, incluida la nutrición y la salud», añade.
Desde que llegaron a la Casa Blanca, Biden y su equipo se han replanteado las sanciones al crudo aplicadas por Trump, que suponen en la práctica un verdadero embargo. A principios de año, la agencia de transparencia del Gobierno estadounidense llegó a la conclusión de que en Venezuela «las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a un declive más pronunciado de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo».
En ese informe de la Oficina General de Contraloría (Gao, por sus siglas en inglés) elaborado entre octubre de 2019 y febrero de 2021, a petición de la Cámara de Representantes que controlan los demócratas, también se decía que las sanciones no son el único motivo de la devastadora crisis económica de Venezuela. «La mala gestión de la compañía petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este período», afirmaba el documento, datado el 4 de febrero. Según ha sabido ABC, funcionarios y diplomáticos estadounidenses se han reunido en los pasados meses con representantes de las principales petroleras que en el pasado tuvieron presencia en Venezuela para ponderar el impacto de las sanciones aprobadas por Trump.
El argumento de los aliados del chavismo, encabezados por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, es que son las sanciones de EE.UU. las que han creado la crisis económica, algo que negó de forma reiterada el anterior equipo diplomático. En muchas ocasiones afirmaron tanto el ex enviado especial para la crisis venezolana, Elliott Abrams, como el ex subsecretario de Estado para Iberoamérica, Michael Kozak, que la crisis económica de Venezuela era resultado de la gestión del chavismo.
Según publicó este diario, el régimen de Venezuela ha movilizado a sus aliados en la escena internacional, prioritariamente a través del llamado Grupo de Puebla, para conseguir un aligeramiento del duro régimen de sanciones aprobado por Trump. Los integrantes del Grupo de Puebla están haciendo servir sus viejos contactos con el Partido Demócrata y los veteranos de la Administración Obama para que Biden acepte negociar con el régimen de Maduro y posponga una solución de naturaleza política a la crisis, en detrimento de los opositores que en este momento encabeza Juan Guaidó.