El Gobierno prepara otro recorte del 40% al trasvase Tajo-Segura con el caudal ecológico
▶ Los regantes aportan a la ministra Ribera informes para evitar la reserva «innecesaria» La merma es de 90 de los 205 hectómetros cúbicos de volumen anual, tras el primer golpe de rebajar el máximo mensual
El Gobierno prepara un segundo golpe mortal a los trasvases del Tajo al Segura con un aumento de los caudales ecológicos en Aranjuez, principalmente, que entrañará un recorte drástico del 40% del volumen de agua para el campo levantino, 90 de los 205 hectómetros cúbicos anuales. Así lo anunció ayer el presidente del sindicato de regantes Scrats, Lucas Jiménez.
Este cambio «tendrá un coste no solo para agricultura, sino también para el abastecimiento humano», advirtió el portavoz de los agricultores afectados tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien trasladó su posición «inflexible», tanto por la vía judicial como con movilizaciones en la calle.
En la práctica, elevar los caudales ecológicos del río significa que los dos pantanos de cabecera –Entrepeñas y Buendía– de los que se nutren los trasvases, tendrán que abrir sus compuertas y desaguar más, con lo que se quedarán sin reservas para transferencias a la cuenca del Segura. «Nos va la vida en ello», se lamentó Jiménez, además de subrayar que «no hay necesidades objetivas de esos caudales ecológicos» que están contenidos en las propuestas de planes de cuenca y verán la luz para su aplicación de forma «inminente», y en las que se verá el «criterio político» o no con que se han elaborado.
«Hemos aportado informes de técnicos de prestigio y solvencia, a los que el propio Gobierno ha recurrido en muchas ocasiones, y que dicen que no es necesario elevar los caudales ecológicos», abundó el presidente del Scrats.
En cuanto a la primera reducción del trasvase –conocida en marzo– el paso de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales como máximo en el Nivel 2 de reservas en los pantanos de la cabecera del Tajo, también salió ayer a colación en el encuentro con la ministra. «Le hemos transmitido que nos preocupa el momento en el que se hace, que no es el más apropiado», señaló. En este caso, la merma es menor, otro 5% aproximadamente del volumen anual. Se trata de dos recortes acumulados, porque si los dos embalses se abren más para cumplir con los nuevos caudales ecológicos, será también más difícil llegar a ese nivel de reservas para el trasvase de cada mes. Ambas medidas sumadas van encaminadas a convertir en inviables las transferencias, o hacerlas más esporádicas o mermadas.
El «único punto» de sintonía entre los regantes y la representante del Gobierno es la «mejora a futuro en recursos de desalación, incardinado con el regadío y abastecimiento levantino», en concreto, encontrar un coste asumible para la agricultura.
«Para cualquier beneficio que podamos obtener, la ministra puede contar con nuestra colaboración máxima», se comprometió Jiménez.
Este frente de acción fue el valorado por Teresa Ribera. Aferrándose a esta cuestión, la vicepresidenta cuarta y ministra resaltó el «consenso alto» alcanzado en este encuentro y rechazó que la premisa del Gobierno sea acabar con los trasvases, sino hacer una «gestión lo más correcta posible de la infraestructura». Y recordó que, como consecuencia del cambio climático, pueden producirse «episodios de gran sequía o inundaciones ante los que hay que estar preparados».
Por esta razón, apuesta por alternativas. «Tenemos que invertir en recursos de proximidad, no en recursos de trasvase como algo fijo y seguro que es inamovible», explicó la ministra, que abogó porque «se refuerce la desalación y la interconexión dentro de cada cuenca para poder tener acceso a agua reutilizada». No obstante, los regantes matizaron que la planta desalinizadora de Torrevieja da 80 hectómetros hoy y los otros 40 estarán asignados a la Mancomunidad de Canales del Taibilla y «no es seguro contar con ellos».
Hay múltiples ejemplos de la restauración masiva que pide la ONU. Los diez mil millones de árboles para 2023 que está plantando Pakistán en un intento de reducir su vulnerabilidad ante las inundaciones. O la Gran Muralla Verde africana, un proyecto que comenzó en 2007 y que trabaja en frenar el avance del desierto en el Sahel. Por ahora, han plantado 200 millones de árboles y, con ello, se crearon 350.000 puestos de trabajo y se generaron unos 90 millones de dólares en ingresos.
Porque un ecosistema sano no es simplemente «algo bonito de tener», critica la ONU. Las ganancias económicas y sociales son «masivas». Pueden evitar el 60% de las extinciones de especies previstas, mejoran la seguridad alimentaria y proyectan beneficios económicos. Por cada dólar invertido en la restauración de ecosistemas se generan otros 30 de beneficio, calcula Naciones Unidas.
«El coste de la inacción es mayor que el coste de la restauración», asegura la ONU. La mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y se podrían perder diez billones de dólares del PIB mundial para 2050 si los servicios que prestan los ecosistemas continúan disminuyendo.