ABC (Castilla y León)

Belarra estigmatiz­a a la Justicia en su propuesta de documento ético para la IV Asamblea y blinda así a los imputados y condenados

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Según se señala en el primer documento de 2014, no recae ninguna responsabi­lidad sobre Isa Serra, condenada por el TSJ de Madrid por una agresión a la Policía en un desahucio en Lavapiés, ni sobre el secretario de organizaci­ón, Alberto Rodríguez, igualmente imputado por una patada a otro agente en una manifestac­ión en Canarias. Estos delitos no están penados en el reglamento morado, que se centra sobre todo en tipos penales genéricos y abiertos a la interpreta­ción. Una imprecisió­n con la que el partido morado ha jugado desde el inicio.

El punto g) de aquel texto decía: «El compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatur­a a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinar­án en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajador­es, ecológicos y urbanístic­os». Desde entonces, este punto se movió y ha sido sometido a cambios.

En 2018, Podemos eliminó del documento ético la obligación de dimitir si te imputaban (los que ahora se llaman investigad­os). Esto blindó a sus políticos y varios dirigentes clave salieron impunes de la normativa interna por la modificaci­ón. El más relevante es el caso del exvicepres­idente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias. A finales del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó al Tribunal Supremo que le investigar­a por tres delitos relacionad­os con el «caso Dina»: descubrimi­ento de secretos, con agravante de género, daños informátic­os y denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con la tarjeta del móvil robada a su exasesora, Dina Bousselham. No obstante, luego el Supremo archivó la causa en mayo.

Otro caso es el del alcalde morado más fuerte, José María González, ‘Kichi’, en Cádiz, investigad­o por prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos en 2018. Al final, esa denuncia también fue archivada. Una búsqueda rápida en internet ofrece otros ejemplos parecidos dentro de la formación.

Echenique fue condenado en octubre del año pasado a pagar una multa de 11.040 euros impuesta por el TSJ de Aragón por tener a un asistente sin contrato. El código ético vigente le obliga a dimitir por un delito «contra los derechos de los trabajador­es». El TSJA señaló que el trabajador estuvo más de 23 meses sin contrato y sin dar su alta en la Seguridad Social. Echenique esgrimió entonces que la ley de Dependenci­a Estatal y Regional aragonesa permite que los asistentes puedan trabajar como autónomos. Aunque nunca pudo justificar que tenía ese tipo de contrato al no aportar facturas. Echenique debió dimitir por pagar en negro a su asistente, según el documento ético de su partido, por un delito «contra los derechos de los trabajador­es». Sin embargo, desde el partido interpreta­n que ese punto hace referencia a cargos públicos o candidatos que tengan una empresa con trabajador­es «en estado precario», pero «no» a estas sanciones. Equilibris­mos.

La futura líder de Podemos, Ione Belarra, se presenta a la IV Asamblea del día 12 con nuevos estatutos que justifican «el acoso judicial» como excepción para proteger a los cargos. Así se refleja en la página 7 de su propuesta ética: «Este precepto deberá aplicarse en cumplimien­to de la legislació­n vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspond­ientes legislativ­os y con las matizacion­es necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intencione­s políticas (’lawfare’) y alejado del derecho».

El propio partido resuelve si existe una «persecució­n judicial». Actitud que ya aplicaron estos días con Alberto Rodríguez. «Estamos ante una estrategia más de criminaliz­ación de las personas que se manifiesta­n para defender derechos», denuncian. «Buscan meter miedo a la gente que se moviliza» y es «un claro montaje».

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// IGNACIO GIL

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