Sánchez se olvida de los seis españoles presos en las cárceles de Maduro
▶La ONG Foro Penal solo pudo reunirse con el encargado de negocios español cuando Cristina Gallach visitó Caracas ▶Antes de dejar el cargo, el exembajador Jesús Silva se reunió con el presidente del Supremo para insistir en la liberación de los europeos L
Poco a nada se habla ya de los casi 300 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Pero preocupa aún más que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya olvidado de los seis presos políticos españoles que permanecen privados de libertad en las cárceles venezolanas. Ruperto Chiquinqurá Sánchez Casares (55 años), María Auxiliadora Delgado Tabosky (46 años), Ángela Lisbeth Expósito Carrillo (56 años), Jorge Henrique Alayeto Bigott (48 años), Álvaro Sánchez Negro (55 años) y Francisco Javier Gorriño Fernández (67 años) –todos ellos con pasaporte español– son los nombres que engrosan la lista de la ONG Foro Penal, una organización local dedicada al seguimiento de la población penitenciaria en el país. Cinco de ellos están presos sin haber sido condenados, mientras que el teniente Ruperto Sánchez es el único prisionero del régimen con una condena que venció hace 10 meses, y debería estar ya en libertad.
El Gobierno español, en boca de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho en varias ocasiones que la salida de la crisis política en el país «debe incluir la plena liberación de todos los presos políticos y el respeto de los Derechos Humanos
de los venezolanos». Sin embargo, en Venezuela ser un preso político es estar en la sombra del sistema judicial del país. Las llaves que abren esas deprimentes y hacinadas mazmorras solo las tiene los jerarcas del régimen de Maduro, así como la potestad para decidir quién entra y quién sale de las celdas, según sus intereses.
Los seis españoles detenidos por razones políticas se encuentran en un limbo jurídico, con sus expedientes archivados, una situación que evidencia la ausencia de un Estado de derecho en Venezuela y que sigue comprometiendo al Gobierno de Nicolás Maduro por la práctica sistemática para pisotear los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que ha sido condenado rotundamente por organizaciones como Human Rights Watch, e incluso por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
La visita a Venezuela de la número dos de Exteriores, Cristina Gallach, el pasado mes de marzo despertó de nuevo el interés del Gobierno de Sánchez por la situación de los presos políticos en Venezuela. Según fuentes consultadas por ABC, una de los encargos que se le dio a Gallach fue que intentara negociar con el Gobierno de Caracas para «traer a España a al menos a un preso político».
El abogado y director de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó a ABC que como representante de la ONG se ha reunido con el actual encargado de negocios, Juan Fernández Trigo, para intercambiar y actualizar información de los presos políticos españoles, como hizo también con el anterior embajador Jesús Silva. Las reuniones con el actual diplomático español solo se concretaron tras la visita a Caracas de Gallach. Romero aseguró que durante su visita logró que el ciudadano Álvaro Sánchez Negro recibiera la medida de arresto domicialiario, tras permanecer en Yare III, una centro penitenciario que reúne a presos comunes.
El Foro Penal solo representa formalmente a Ruperto Sánchez; el resto de los casos son manejados por abogados privados, por decisión de los familiares. «Estos casos son sangrantes», es la expresión del exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, en conversación con ABC. El diplomático destacó que mientras estuvo al frente de la Embajada atendió «a las familias en la sede diplomática, y en la cárcel los presos han recibido visitas consulares».
Las funciones de Silva en Venezuela cesaron en noviembre pasado y antes de salir del país tuvo la oportunidad de reunirse el 15 de octubre de 2020 con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (considerado por la oposición como un apéndice del Ejecutivo), Maikel Moreno, «para insistir en cada uno de los casos».
«Él se comprometió a revisar cada expediente para que fuesen liberadas estas personas», dijo Silva. Pese a esos esfuerzos, los seis españoles siguen todavía en prisión. El actual encargado de negocios, Juan Fernández Trigo, no respondió a las llamadas de ABC para informar de la situación de los presos políticos desde que asumió el cargo en noviembre del pasado año.
Las familiares de los presos políticos son los que más sufren las garras del régimen. «Yo quisiera que por medio del Parlamento Europeo o la Embajada de España se consiga una medida humanitaria para todos ellos. Necesitamos que haya presión. Todos son inocentes. María Auxiliadora es inocente», demanda un familiar de Del