«Urge acelerar los canales y las ventanillas para la llegada de las ayudas a las empresas», advierten desde la CEOE

«Tal y como está redactado el real decreto de los fondos hay un riesgo real de que esto desencadene una cascada de pleitos», advierte Lacalle

chez aseguró que coordinaría la colaboración público-privada, que tampoco ha visto finalmente la luz. Precisamente, la magnitud del volumen de ayudas preparadas por la Unión Europea, que multiplican por cuatro las inyectadas el último lustro, y los problemas mostrados en España para asumir la última hornada de fondos comunitarios generan desconfianza respecto a la capacidad de digestión del dinero. Y escuelas de negocio como Esade plantean precisamente la profesionalización de la gestión de estos programas que pidan ayudas. En uno de sus últimos informes la escuela catalana sitúa a España a cola de países en capacidad para certificar los fondos europeos recibidos para llevar a cabo sus propios proyectos. Recuerda que a finales de 2019 apenas se habían validado proyectos por un importe equivalente al 35% de los fondos solicitados. Y se pregunta: «Si gestionar 56.000 millones en siete años está generando tantos retrasos y, al parecer, incapacidad, ¿qué pasará con una cantidad cuatro veces mayor y para un periodo similar?».

El real decreto que debía despejar toda esta burocracia no parece contentar tampoco a los profesionales. Las crítica a la norma –que fue convalidada entre una fuerte polémica y gracias al apoyo de Vox al Gobierno en el último minuto de la votación– son generalizadas. «Tal y como está redactado el real decreto de los fondos no hay seguridad jurídica alguna para la empresas. De hecho, hay un riesgo real de que esto desencadene una batería de pleitos porque está planteado todo de una manera tan general y vaga que al final depende de la aleatoriedad que quieran darle en La Moncloa y las compañías no saben a qué figura jurídica acogerse», remarca el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle. Precisamente el marketing político que ha acompañado los anuncios de los proyectos, como el de Seat e

Son una nueva figura, que espera tener vocación de permanencia, bajo la que se engloba a proyectos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española. Deben tener un alto componente de colaboración público-privada y ser transversales a las diferentes administraciones. También incluir pymes y un componente importante de innovación.

De momento, se han identificado seis: la industria de la automoción verde y conectada, la generación energética mediante hidrógeno verde, la industria aerospacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero. Fuentes empresariales, no obstante, no descartan la posibilidad de que esta lista se vaya engrosando pues el volumen de fondos que llegará de Bruselas es muy elevado.

Es el Consejo de Ministros quien debe ser quien declare que un

Iberdrola para poner en funcionamiento la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España, ha tenido algo de efecto bumerán para el Gobierno, generando más dudas sobre su adjudicación que alegrías por el proyecto en sí. «Existe la sensación de que si una empresa privada propone un proyecto y consigue llegar a la administración determinado proyecto es un Perte. Este, además, deberá acompañarse de una memoria que detalle las medidas de apoyo y de colaboración público-privada que se contemplan. Sin embargo, los proyectos anunciados hasta ahora, como el de Iberdrola y Seat no han pasado este trámite.

Sí, este es uno de los aspectos más positivos del proceso. Desde la publicación del real decreto ley y el lanzamiento de las manifestaciones de interés por parte de los ministerios, miles de empresas han presentado sus proyectos. Este procedimiento, según los expertos, han favorecido el intercambio de opiniones entre el sector público y el privado, lo que ha permitido a su vez acercar las posiciones de ambos actores, a veces demasiado alejadas.

Los expertos en Derecho Público consideran que la norma es ambigua y que no impulsa cauces claros para que la colaboración público-privada sea exitosa. Además, remarcan los riesgos que puede implicar para la competencia reducir a la mitad los plazos de muchos procedimientos. va a poder ejecutar no solo su parte privada, sino también actuaciones públicas que deben estar sometidas al principio de concurrencia y de igualdad de trato. El respeto de la competencia no está claro. Y la clave del éxito está en ser extremadamente escrupulosos con los procedimientos», concluye Vázquez Matilla.