Cultura dará luz verde en 2021 a más de 30 BIC atascados desde los 80
▶Son casi la mitad de las incoaciones aún pendientes de resolver desde el traspaso de las competencias ▶«Es de justicia resolverlo», afirma el director general de Patrimonio
El origen del problema no es actual, sino de hace cuatro décadas. Con el traspaso de las competencias en materia de patrimonio arquitectónico, en los 80, Castilla y León recibió un nutrido listado de bienes muebles incoados (es decir, con los primeros trámites iniciados) para ser declarados de interés cultural que estaban sin resolver. Desde entonces estuvieron guardados en un cajón y nadie se empeñó en su resolución definitiva. ¿La principal consecuencia? Que los municipios con estos expedientes debían estar sujetos a exhaustivos controles por parte de Patrimonio pero no podían optar a subvenciones. Ni los ayuntamientos, ni tampoco los particulares. «Hemos llegado a perder ayudas por no estar declarados pese a que teníamos las mismas exigencias a la hora de intervenir en ellos», señala Ana Zurdo (PSOE), alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres. El municipio abulense arrastraba el expediente desde 1963: «Era el más antiguo», confirma la primer edil de esta localidad habitual de los libros de texto de Historia de España por ser donde nació y pasó su infancia la reina Isabel I de Castilla (Isabel la Católica).
No es un problema exclusivo de Castilla y León, sino común a las autonomías: «El Estado lo transfirió así. Acompañando cada expediente con una documentación muy simple, sin más desarrollo, y ahí se fue quedando», señala el director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, cuyo departamento se ha propuesto en hasta que termine la legislatura acabar con la «inseguridad jurídica» que supone para los municipios tener en el limbo estos expedientes: «Cuando llegamos a la Consejería se planteó la necesidad de resolverlo porque de alguna manera era una anomalía administrativa».
Ana Zurdo, alcaldesa
Madrigal de las Altas Torres
Ordenaron los expedientes por años y enumeraron un total de 76 de todo tipo –conjuntos históricos, zonas arqueológicas y monumentos–. Recuerda Bueno que con las primeras declaraciones, allá por los años 30, apenas se exigía documentación, «era un simple listado que se publicaba en el boletín oficial de la época». Cuando las competencias de su declaración pasó a las comunidades esto cambió y «ya no servía» esa lista sencilla porque «de cada expediente se requería una serie de estudios para identificar sus valores patrimoniales. Se empieza a exigir descripciones, delimitaciones, conocimientos históricos... Documentos con los que realmente no contábamos en todos los que teníamos aquí atascados».
Desde 2019 se ha resuelto a favor de su declaración BIC catorce proyectos, ocho este año –el último, el pasado jueves, Villasana de Mena (Burgos), al que se suman, entre otros, el sepulcro megalítico de Los Zumacales (Valladolid); Briviesca (Burgos) como conjunto histórico y la Villa Romana del Prado (Valladolid) como zona arqueológica–. La intención de la Dirección General de Patrimonio es sacar adelante en lo que resta de 2021 otros 26 para alcanzar un 44% de las incoaciones pendientes: «Vamos a buen ritmo. Hubo que dotar al servicio de protección de más personal para cumplir el compromiso expresado por el consejero Javier Ortega».
La forma de trabajar ha cambiado con las nuevas incoaciones, recuerda
Gumersindo Bueno. Se exige a priori una «documentación exhaustiva», que luego se tiene que «refinar» y someter a «participación ciudadana». Así, se comunica a los interesados qué se va a incoar, las razones, «se da en audiencia» y «se busca el respaldo de los centros de conocimiento», es decir, «se solicita información a especialistas de las universidades».
¿Qué pesa para su resolución favorable?: «Que cumplan verdaderamente los valores patrimoniales y que ten
«Hemos llegado a perder ayudas por no tener la declaración»