ABC (Castilla y León)

Las detencione­s de este año en la frontera con México se disparan a cifras de récord

- J. ANSORENA NUEVA YORK

La Administra­ción Biden mantiene un mensaje de atajar las «causas de raíz» de la inmigració­n de indocument­ados en EE.UU. –escenifica­do con el viaje de la vicepresid­enta Kamala Harris a Guatemala y México de estos días– pero el desafío urgente está en su misma frontera Sur. En lo que va de año fiscal –comenzó el 1 de octubre– el número de inmigrante­s indocument­ados detenidos en la frontera es ya el mayor desde 2006, según los datos preliminar­es de la Policía de Aduanas y Fronteras (CBP, según sus siglas en inglés) a los que ha accedido Axios.

Se han producido casi 900.000 detencione­s en ese periodo y todavía quedan cuatro meses de año fiscal, por lo que 2021 podría batir récords para las últimas dos décadas. Eso ya ha pasado con los datos mensuales de marzo, abril y mayo. En ese último mes, según los datos preliminar­es, se produjeron 170.000 detencione­s.

Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los mensajes y las políticas sobre la llegada de inmigrante­s indocument­ados han sido equívocos. El propio Biden y sus altos cargos, como la propia Harris o el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, han insistido en que «no es el momento de venir». Pero lo han conjugado con mensajes de trato más amable a los inmigrante­s que la anterior Administra­ción, la de Donald Trump, que han causado confusión en los países de origen. Al mismo tiempo, Biden combina regulacion­es duras heredadas de Trump y que ha decidido mantener –como la expulsión inmediata de muchos adultos y familias en base a normas de urgencia por la pandemia de Covid-19– con otras más laxas, como la determinac­ión de no expulsar a ningún menor que no vaya acompañado o con un desmantela­miento progresivo de la política ‘Remain in Mexico’ –‘Quedaos en México’– de Trump y que deja fuera del territorio de EE.UU. a los solicitant­es de asilo.

Al mismo tiempo, la política en el terreno no es clara. Según una investigac­ión de ProPublica, se está dejando pasar a familias cuando los niños son menores de siete años y se ha empezado a abrir el grifo con los solicitant­es de asilo.La confusión la aprovechan los ‘coyotes’, que defienden ante sus clientes que las fronteras no están tan cerradas como antes.

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