Elevó la probabilidad de contratar a tiempo parcial y lastró más a los jóvenes y a los mayores de 45 años
El Banco de España alerta de que el alza del 22% del SMI restó 180.000 empleos Subidas del SMI y pérdida de empleo
Después de protagonizar en su momento un pulso con el Gobierno sobre el impacto negativo de la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 y en pleno anuncio del Ejecutivo de una nueva alza, el Banco de España publicó ayer la evaluación a dos años vista de esta medida. El supervisor calcula que la subida, aprobada sin acuerdo con los agentes sociales, pudo suponer una pérdida neta para la economía española de entre 83.000 y 180.000 puestos de trabajo, por un menor crecimiento de la ocupación.
«La estimación del impacto del incremento del SMI en el empleo para el episodio analizado en España sería consistente con una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados de entre 6 y 11 puntos porcentuales, lo que equivaldría en este caso a un impacto en el empleo asalariado total de entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales», subraya en «Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España». De estas últimas cifras, en base al total del empleo asalariado de la EPA, se detrae el impacto de la subida del SMI en términos absolutos.
El incremento penalizó la contratación del colectivo al que afectó el alza del salario mínimo. «Por cada punto porcentual de subida del SMI, se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales», incide el documento.
En su momento, el gobernador Pablo Hernández de Cos alertó en el Congreso de los Diputados de una subida del 22% sin haber evaluado las anteriores alza y cifró el efecto negativo sobre el empleo total en unos 150.000 puestos de trabajo. Desde el Gobierno se replicó que no había detectado ningún impacto negativo en un incremento que no se pactó con los agentes sociales. Desde entonces, el Banco de España señaló que cuando se publicasen los datos del INE que permiten desagregar el efecto de la medida sobre los empleos, publicarían su propia evaluación.
De esta forma, pese a que la ocupación aumentó en dicho año, la aprobación del alza del SMI marcó un antes y un después: si en diciembre de 2018 mostraba un crecimiento interanual del 3,1%, tras el alza en diciembre de 2019 registró una variación del 1,8%. Este freno en la creación de empleo fue mayor entre los que ganaban menos de 1.250 euros mensuales, es decir, entre los colectivos a los que afectó directamente la subida del SMI.
Al observar la variación en la creación de empleo, el impacto fue más negativo entre los jóvenes. El Banco de España establece dos modelos: uno que incluye la brecha entre el salario del empleado del SMI para ver si le afectó el incremento; y otro con un indicador de si cambia la situación salarial del empleado, sin tener en cuenta la distancia entre su retribución y (alzas de 2017 y 2019)
De 16 a 24 años
De 25 a 32 años
De 33 a 44 años
De 45 a 64 años
La subida de 2017 tuvo efectos distintos sobre los colectivos según la edad. «Quienes en 2016 eran mayores de 33 años y tenían salarios inferiores al SMI de 2017 se enfrentaron a una probabilidad mucho mayor de perder el empleo que los trabajadores del mismo grupo de edad afectados por la subida del SMI en 2019. El efecto contrario se produjo entre los más jóvenes, que en el alza de 2017 vieron mermadas sus posibilidades de mantener el empleo de forma algo más leve que en la subida de 2019», incide el Banco de España.
Eso sí, para los menores de 33 años con la última subida se detecta un importante incremento en la probabilidad de pasar de tiempo completo a tiempo parcial. Asimismo, «se estima un incremento de la probabilidad de perder el empleo respecto al escenario contrafactual, de mantenimiento del SMI inalterado, de entre un 2,3% y un 3,2%, dependiendo del modelo considerado», abunda. Si la creación de empleo fue menor entre los jóvenes, la destrucción de los trabajos ya creados afectó más a los más mayores: los mayores con peores salarios son los más perjudicados, ya que «los afectados mayores de 45 años muestran una propensión a perder el empleo más elevada» en este grupo.
AYER sucedieron cosas que explican la situación del paro, en general, y del juvenil en particular. Todas coinciden en resaltar el error profundo en el que incurrimos al pensar que el mercado de trabajo se puede dirigir desde un despacho, alejado de la realidad y sin contar con los verdaderos agentes de la trama. La primera fue el estudio presentado por el Banco de España en donde se asegura que la subida del 22% del SMI en 2019 –ejemplo de decisión tomada desde las alturas, como los bombarderos con sus bombas–, pudo costar a la economía entre 83.000 y 180.000 empleos. En él podemos leer afirmaciones tan contundentes como que «por cada punto porcentual de subida del SMI, se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales».
El Gobierno siempre lo ha negado, pero si desea refutar al BdE debe aportar estudios y reflexiones de igual cantidad y calidad. No le resultará sencillo. Al mediodía, la ministra de Trabajo presentó envuelto en su habitual alarde de grandilocuencias una «revolución laboral». No lo ha pactado con los agentes sociales, pero ella sola se siente capaz de arreglar todos los entuertos laborales, por más que jamas haya puesto en práctica sus grandes conocimientos en la materia y haya creado un solo empleo, de esos dignos que exige.
De entrada el plan está bien dotado, con 5.000 millones de euros y tiene buenas ideas, pero peca de lo de siempre. Trata de exigir a los demás que cumplan con sus deseos y en lugar de facilitarles la tarea se la complica. No es consciente de que un empleo digno exige –antes que cualquier ayuda y mucho antes de cualquier tipo de sanción– una formación digna y una preparación adecuada a las necesidades del mercado laboral. Exactamente lo contrario a lo que hace la ministra Celáa que, en vez de fomentar la calidad y favorecer la formación, se empeña en favorecer la obtención del título facilitando los exámenes y los pases de curso.
Díaz quiere prohibir plazos superiores a un año para los contratos temporales. Idea excelente, pero vuelve a olvidar que a un empresario se le puede prohibir que contrate en esas condiciones durante plazos superiores, pero no se le puede obligar a que contrate. Eso lo hará solo si le compensa hacerlo. La responsabilidad social existe, pero nos atañe a todos, no solo a los que de manera voluntaria deciden emprender.