Hacienda se queda sin su experta en fiscalidad de empresas en puertas del combate legal con el Ibex
La subdirectora de impuestos de personas jurídicas deja el cargo tras entrar en vigor los nuevos gravámenes Empresas y asesores auguran una ola de pleitos contra Hacienda en el mes de febrero
El Ministerio de Hacienda se va a quedar sin la que ha sido durante los últimos cinco años la principal responsable de su departamento de impuestos a las empresas, justo en el momento en que algunas de las principales empresas del país velan armas para desencadenar una ofensiva legal sin precedentes contra los nuevos gravámenes a la banca y a las empresas energéticas.
Silvia López Ribas, subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas y como tal principal contacto técnico del Ministerio de Hacienda con las empresas españolas, confirmó ayer en una jornada organizada por la consultora PwC su inminente cese en el cargo –adelantado horas antes por la web Voz Populi–, en un movimiento que según sus propias palabras había solicitado «hace meses».
La salida de la alta funcionaria de la Dirección General de Tributos, que seguirá en la estructura del corazón regulatorio del Ministerio de Hacienda, se produce tras la ofensiva legislativa de los últimos meses del Gobierno contra las grandes empresas, que ha dado como resultado dos nuevos gravámenes extraordinarios sobre dos de los sectores más estratégicos de la economía española, el energético y el financiero, y un recorte también transitorio de las pérdidas que se pueden detraer las empresas en el Impuesto de Sociedades.
A López Ribas le ha tocado estar en el ojo del huracán de un activismo fiscal, en el cual se puede enmarcar también la aprobación hace unos meses de la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades, que ha enrarecido hasta el extremo las relaciones de las grandes empresas del país con
la Administración Tributaria. El director corporativo de Repsol, Luis López Tello, lamentaba ayer en la misma jornada la insistencia del Gobierno en aprobar medidas con escaso impacto recaudatorio pero que se traducen en un incremento de costes tanto para las empresas como para la Administración Tributaria con una finalidad, que según sus propias palabras, solo se explica por «un interés de poner en la picota a las grandes empresas».
Otros portavoces empresariales han acusado en el pasado al Gobierno de «meternos en el cuadrilátero» o «atacar la reputación del tejido empresarial» con un puñado de medidas fiscales, que, según advirtió ayer el responsable de fiscalidad de Ferrovial, Ignacio de Felipe, afectan a la competitividad de las empresas y a la reputación del sistema fiscal español.
Avalancha de recursos
Las empresas no se van a quedar en la queja y, según ha podido saber ABC, en los próximos días habrá una avalancha de recursos judiciales por parte de las empresas afectadas contra los nuevos gravámenes específicos a la banca y a las energéticas aprobados por el Gobierno, sobre los que pesan sospechas razonables respecto a su falta de ajuste a la Constitución.
Convencidos de su falta de encaje constitucional, los servicios jurídicos de algunas de las principales empresas del Ibex –afectadas de forma directa por estos nuevos impuestos– solo estaban esperando al momento procesal adecuado para plantear sus recursos ante los tribunales.
La publicación en el BOE de este viernes de la orden ministerial que da cauce a los modelos de declaración del Gravamen Temporal Energético (modelos 796 y 797) y del Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Permanentes de Crédito (modelo 798) abre de manera formal el plazo para abonar el primer anticipo de estos gravámenes y también la posibilidad administrativa de recurrir no solo esa liquidación sino el propio gravamen en su conjunto, como es la intención de la mayoría de las empresas afectadas por estos impuestos.
«En las próximas semanas vamos a ver novedades», avanzó ayer el socio del Área de Fiscalidad Corporativa de PwC, Ignacio Quintana. «Van a empezar los primeros recursos contra la norma, una vez sustanciado este primer acto administrativo».
Fuentes empresariales confirman que la publicación de la orden ministerial abre la veda para los recursos en los tribunales contra los nuevos gravámenes, a los que los expertos auguran un tortuoso recorrido judicial ya no solo por los problemas de fondo que presentan sino por el modo elegi
do por el Gobierno para ponerlos en funcionamiento: una proposición no de ley que se ha tramitado sin los preceptivos controles de legalidad de los órganos constitucionales.
Uno de los flancos por el que se pretende atacar a los nuevos impuestos es el de las ayudas de Estado, al entenderse la aplicación de estos impuestos sobre un puñado de empresas muy concretos como una ayuda estatal implícita al resto de las empresas del sector que no están en el perímetro de actuación de estos gravámenes.
López Tello, de Repsol, aseguró ayer que estos gravámenes inauguran «la era de los impuestos selectivos y casi ‘ad personam’», en relación al reducido número de empresas afectadas, que no llegan a una docena en el gravamen energética y son aún menos en el gravamen financiero. «El legislador le resta importancia porque se trata de gravámenes transitorios, que total solo van a estar operativos dos años, pero no tiene en cuenta que rompen el marco institucional de la inversión y eso es muy delicado para una economía abierta que compite en inversiones con otras economías», advirtió.
Lío con el tipo mínimo
La salida de la que ha sido máxima responsable de la imposición sobre las empresas en los últimos años se produce en este clima de guerra abierta, incluso en los tribunales, entre Hacienda y las grandes empresas y con otro flanco de conflicto en el horizonte: la adaptación de la legislación española a la directiva europea que instaurará la nueva tributación mínima del 15% para grandes multinacionales.
Un proceso que los responsables fiscales de Repsol y Ferrovial ya anunciaron ayer como extraordinariamente complejo y que en el caso de España tendrá un punto más de dificultad por la existencia de un tipo mínimo del 15% ya regulado en la legislación nacional. El departamento de María Jesús Montero ha pedido precisamente a Silvia López Ribas que se haga cargo de la transposición de la directiva europea a la legislación española, según reveló ayer ella misma en la jornada de PwC. Una tarea particularmente compleja para la que contará con un equipo, que «de momento estará formado por una persona: yo misma», aseguró con ironía.
La subdirectora general saliente de impuestos sobre las personas jurídicas de la Dirección General de Tributos también deslizó que aunque ya no será parte de sus competencias su percepción es que el Gobierno se verá obligado a retocar la regulación del actual tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades nacional para evitar distorsiones en la adaptación de la tributación mínima nacional a la europea. Una cuestión que es un clamor entre las empresas que temen que la aplicación descoordinada de ambas figuras se traduzca en supuestos de doble imposición, una factura fiscal incrementada para las empresas españolas respecto a sus competidoras y en una litigiosidad innecesaria.