Sin paredes o con ‘okupas’ incluidos

e plantea como un «regalo, pero no lo es». La «puesta a disposición» de las comunidades autonómas de viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social ha sido recibida con un cierto desconcierto en la Junta. No tanto por la iniciativa, que la administración comparte, como por el número planteado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que calculan que el estado de nueve de cada diez propiedades del llamado banco malo no presenta en absoluto condiciones de habitabilidad y menos a corto plazo. Sin paredes o con moradores ‘okupas’ incluidos en el contrato, no son «óptimas» y la prueba está en como llevan lustros a la venta y sin recibir ofertas, apuntan.

Entre los hándicaps se encuentran en primer lugar que los inmuebles están ocupados. Aunque éste no sería el

Sprincipal obstáculo, ya que al ser viviendas de alquiler social en muchos casos esos moradores encajarían con los destinatarios de los hogares, que ni cambiarían de manos. El gran escollo es que en la mayoría no se cumplen las condiciones básicas de habitabilidad. Emergidas en pleno ‘boom inmobiliario’ al estallar la burbuja y largarse las máquinas, se quedaron a medias. Sólo lucen el esqueleto, sin paredes, puertas, ventanas ni instalaciones básicas. En otros casos se acabaron, pero lustros después no son salubres, llenas de humedades y sin cumplir el código técnico que se exige hoy en día a las edificaciones.

Así, la directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, María Pardo, cuantifica que de los 2.746 inmuebles citados por el Gobierno, más de dos tercios son trasteros y garajes . Una suma de 888 serían viviendas y no cree que más de un diez por ciento sirvan para el pretendido propósito. En la mayoría de los supuestos por ese estado a medio hacer o en decadencia que exigiría una obra con un desembolso que hace que sea más efectiva una nueva promoción.

En otros casos, estas circunstancias conviven además con que no haya potenciales usuarios para los inmuebles. Se encuentran en zonas en las que no hay demanda, ya sea en espacios conflictivos o deprimidos de las ciudades o en localidades de medio rural despoblado en los que no hay demanda de ese alquiler social.

La Junta explica que conoce esta situación dado que lleva años trabajando con la Sareb en esta dirección de adquirir viviendas. En 2015 sellaron una colaboración que estimaron que se materializaría en 100 viviendas. Ocho años después se deja en que sólo 81 son aceptables y se han comprado 16. El resto no eran «habitables», una situación que extrapolan al cómputo total de activos del banco malo, los cuales ya estaban analizando en aras de ampliar el parque público.

La web de la Sareb cifra en 2.794 las viviendas de las que dispone en Castilla y León, que por provincias se distribuyen de la siguiente manera: Ávila, con una suma de 348, Burgos (310), León (523), Palencia (80), Salamanca (353), Segovia (323), Soria (106), Valladolid (672) y, por último, Zamora, que cuenta con 79.

VALLADOLID

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dado por concluida la instrucción del conocido como ‘caso Eólicas’ y ha elevado la causa a la Audiencia Provincial, órgano competente para celebrar el juicio. En un providencia que ya ha sido notificada a las partes, el magistrado acuerda remitir la causa, compuesta de 11.057 folios, junto con, en su caso, las piezas separadas correspondientes.

En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama.

La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó el principal investigado con un plan que consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener el necesario permiso.

El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación ara que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto. Con el fin de lograr su propósito, Delgado, siempre según el auto del instructor, indicó al director General de Energía y Minas, Manuel Ordóñez, que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas.

Para justificar esta paralización decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local