Crece el nivel de asuntos en trámite en los juzgados de la región
Concepción defiende que «todas las protestas» en el ámbito de la justicia «son pocas»
El nivel de asuntos en trámite en los juzgados de Castilla y León el pasado año aumentó en relación con los que había en el ejercicio de 2021, al pasar de 118.176 a 130.127, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), presentada ayer por el su máximo responsable, José Luis Concepción, quien reconoció también que el incremento de las resoluciones judiciales no fue suficiente para compensar la subida de nuevos casos ingresados en la Comunidad hasta situarse al mismo nivel que la media nacional cuando antes estaba en una mejor posición.
Concepción detalló que el número de asuntos registrados en 2022 creció en más de 14.000, hasta alcanzar los 289.797, lo que supone un incremento del 3,8%. Se apreció, sobre todo, en dos órdenes jurisdiccionales: Civil y Penal. También el número de asuntos en trámite aumentó ligeramente respecto al final del ejercicio anterior y pasó de 118.176 a 130.127. Sin embargo, insistió en el esfuerzo de los jueces, que dictaron una media de 354,29 sentencias diarias, poco menos que un año atrás, cuando alcanzaron la media de 366,13. Sin embargo, el número de resoluciones dictadas aumentó de 115.678 a 124.004.
Para Concepción, una de las razones del aumento de casos pendientes al cierre del ejercicio es la falta de medios materiales adecuados para la modernización, aunque lo más «impactante» son los veinte juzgados que llevan años reclamándose sin apenas resultados, pese al aval del Consejo General del Poder Judicial, que respalda un año más la petición de veinte juzgados por la Sala de Gobierno del TSJ, además de los tres que se crearon el pasado año.
Asimismo, aseguró que solo se ha puesto en servicio una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de León, mientras los dos nuevos juzgados de lo social, creados en Salamanca y Segovia, se crearon a finales del pasado año y aún no están operando de forma efectiva por falta de infraestructuras.
Llamó la atención sobre el caso de Segovia, donde se abrió recientemente el nuevo edificio judicial en lo que calificó de «trampantojo electoral», porque no está operativo y la previsión es que el nuevo juzgado de lo social no pueda funcionar hasta octubre.
Concepción explicó que la falta de suficientes jueces y magistrados está obligando a la designación de jueces de apoyo para «evitar el colapso». En este sentido, destacó el caso del propio TSJ, que atiende los casos de aforados y los recursos de apelación contra sentencias de las nueve audiencias provinciales. «Desde que en julio de 2021 se jubiló un magistrado se está supliendo esta carencia con una sustitución voluntaria» que desempeña Blanca Subiñas, al mismo tiempo que la de jueza de menores y decana de los jueces de Burgos.
Por otro lado, el presidente del TSJ consideró «justas» las reivindicaciones de todos los estamentos de la administración de Justicia que llevaron a la huelga primero a los Letrados de la Administración de Justicia y ahora al Cuerpo de Funcionarios. Respaldó también las de los jueces por veinte años de «pérdida salarial» y condiciones laborales con medios insuficientes y una carga de trabajo «muy superior» a la recomendación. No obstante, ve «complicado» que los jueces se declaren en huelga porque «son el tercer poder del Estado y convocarían una huelga ante el Estado del que forman parte», por lo que instó a «buscar otros medios para defender sus reivindicaciones y el ejecutivo debería tomar nota para actuar». En todo caso, estimó que «todas las protestas en el ámbito de la justicia son pocas», dado que se defienden «reivindicaciones justas», concluyó.