El PP añade medidas de Feijóo a la iniciativa de Vox contra los okupas
Los socios de Gobierno sacan adelante una PNL para promover el desalojo en un máximo de 24 horas
Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una proposición no de ley de Vox con medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa, que dio lugar a un encendido debate, salió adelante con los votos a favor de PP y el grupo proponente, mientras que UPL-Soria Ya, Cs y Por Ávila se abstuvieron, y PSOE y Podemos votaron en contra. El resultado fue una propuesta de resolución que insta al gobierno a derogar artículos de diferentes leyes, entre las que se incluyen la de Enjuiciamiento Criminal y la del Código Penal para, entre otras cosas, endurecer las penas para el delito de usurpación y dotar de mayores medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para desalojar los inmuebles ilegalmente ocupados.
El texto acordado fue enmendado por el Grupo Popular que suavizó algunos de sus artículos para introducir medidas incluidas en el Plan de la Vivienda de Alberto Núñez Feijóo. Así, se propone la creación de una ventanilla de atención al ciudadano y un canal de comunicación con las víctimas directas. Además, los populares incorporaron un apartado completo a la iniciativa de Vox para instar al Gobierno a paralizar la tramitación del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda y a negociar con los grupos medidas como promover el desalojo de los okupas en un máximo de 24 horas, sin exigencias inversoras de la carga de la prueba. Otra de las actuaciones incluidas en la PNL aprobada es la de facilitar un aval de al menos el 15 por ciento del total de la vivienda para completar la financiación que precise un joven que contaría, además, con una ayuda de 1.000 euros para los gastos derivados de su emancipación, tanto en compra como en alquiler.
En la presentación de la iniciativa, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, defendió el respeto a la propiedad privada frente a la Ley de la Vivienda del Gobierno de España en la que hay un «trato de favor que beneficia a una mayoría de sinvergüenzas que quieren vivir a costa del esfuerzo de otros». Para la procuradora del PSOE, Patricia Gómez, la propuesta de los de Abascal es «un conglomerado de bulos y mentiras para crear alarma social». Francisco Igea (CS) se refirió a la campaña de «matonismo y chulería» que, a su juicio, realiza Vox, a los que Pablo Fernández (Podemos) acusó de generar alarma social. Por su parte, para Luis Mariano Santos (UPL) el debate de una iniciativa de estas características debería estar en el Congreso de los Diputados, no en el Parlamento autonómico.