El rechazo a la amnistía une a 78 juristas y pensadores de prestigio
▶ «Es una pulsión atávica del despotismo y deja impunes a los políticos», sostienen
«¿De verdad somos cuatro gatos los que nos oponemos a la amnistía sin dar argumentos de peso?», se preguntaron los catedráticos de Derecho Constitucional y Penal Manuel Aragón, Agustín Ruiz Robledo y Enrique Gimbernat. Y han demostrado que no, que eran bastantes más –hasta 78 firmas relevantes, número elegido por su simbolismo constitucional– quienes han dejado por escrito (‘verba volant, scripta manent’) las razones de su oposición a la medida en el libro ‘La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho’, (Ed. Colex).
Ayer, los autores presentaron la obra en la Fundación Carlos Amberes de Madrid, en un acto tan repleto que parte del público tuvo que quedarse en la calle. Expusieron las razones de su oposición a la medida de gracia que el Gobierno negocia con los independentistas catalanes. «Es una excepción tanto al carácter general de las leyes como al principio de división de poderes que sólo la Constitución puede autorizar. Y menos aún permite la amnistía que ahora se pretende, mediante la cual, como pago por un apoyo parlamentario, se deslegitima la lícita y obligada reacción de nuestro Estado de derecho», publicaron este martes precisamente en ‘La Tercera’ de ABC los directores del libro.
Los tres explicaron que su preocupación por los ataques al Estado –ya no sólo democrático, sino constitucional– que suponen distintas decisiones del Gobierno socialista tras las elecciones del 23 de julio les llevó a contactar con distintos juristas, escritores y políticos para que mostraran su opinión al respecto. Y más de 60 pensadores respondieron de inmediato. Sus textos críticos conforman la obra en la que figuran firmas tan relevantes como las de Francisco Sosa Wagner, Javier Tajadura, Virgilio Zapatero, Félix Ovejero, Teresa Freixes –que intervino en el acto para abordar la incompatibilidad de la ley con el marco jurídico europeo– o Araceli Mangas.
Cuando se confirmó que se redactaría la ley, los firmantes vieron que «tenían la obligación» de alzar la voz contra la desigualdad que, consideran, supone para todos los españoles. En palabras de Manuel Aragón, la amnistía para los impulsores del ‘procés’ supondría, si se consuma, «propugnar que la política no esté sometida al derecho, que es en definitiva la pulsión atávica de cualquier despotismo. Propugnar que el poder está al margen y por encima de las normas jurídicas hasta el extremo de dejar impunes a los políticos que cometan delitos. La ley de amnistía que se está tramitando en las Cortes es plenamente rechazable jurídica y políticamente. Nuestra Constitución no permite amnistías, que solo podrían dictarse como excepción que son a la igualdad de todos los españoles y a la división de poderes si la propia Constitución expresamente las hubiera autorizado,
La Fiscalía General del Estado, en ejercicio del derecho de rectificación recogido en la L.O. 2/1984 con relación al artículo titulado ‘El fiscal del Supremo se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo tras hablar con su jefe’, se ha dirigido a este medio solicitando que se publique que Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz «nunca impartió orden o instrucción alguna al fiscal del Tribunal Supremo encargado del asunto ni tuvo constancia de la eventual existencia de un borrador de informe previo en el que se sostuviera distinto criterio al que fue trasladado al fiscal general del Estado». lo que no sucede en la nuestra», afirmó Aragón enérgicamente.
Precisamente el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat insistió en la falta de encaje de la medida en la Carta Magna y la «endeblez» de la exposición de motivos de la norma propuesta por el partido del Gobierno: «La Constitución no permite la amnistía, puesto que los indultos generales están constitucionalmente prohibidos. Con mayor motivo tiene que estarlo la amnistía, que constituye una medida de gracia mucho mayor».
El filósofo Fernando Savater, que se ha encargado de comentar los distintos textos de los juristas recogidos en la obra, participó en la presentación. Igual que Juan Luis Cebrián, exdirector del diario ‘El País’, a quien se encargó la visión de la amnistía más allá del derecho. En la compilación de textos que componen el libro han participado periodistas, políticos y escritores, puesto que la intención es mostrar la oposición de «quienes hemos luchado durante décadas para conseguir un Estado democrático de derecho y ahora estamos obligados a defenderlo», según reivindicó Aragón.
No faltaron las críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la reciente intervención pública en la que afirmó que «lo que ocurrió en Cataluña no es terrorismo», inmediatamente después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ampliara seis meses la instrucción del caso Tsunami Democràtic, en cuyo vértice sitúa al expresidente catalán Carles Puigdemont. «Los políticos no son quienes para calificar qué es o qué no es terrorismo. Deben dejar trabajar a los jueces», consideró Agustín Ruiz Robledo.
Los presentes se reunieron alrededor de una idea que repitió Manuel Aragón: «Amnistiar a quienes subvirtieron el orden constitucional y han reiterado que volverán a hacerlo es un salto excesivamente grave».
Una de las reivindicaciones del 15M –movimiento de descontento social que estalló en mayo del 2011 contra la clase política y contra la corrupción al calor de la crisis financiera del 2008– era, precisamente, la de poner fin a las puertas giratorias de las que se beneficiaban los políticos tras ejercer puestos de responsabilidad pública.
Pablo Iglesias bebió de ese malestar y enseguida se lanzó contra esta práctica, que aún condena Podemos, hoy fuera del Gobierno tras su guerra fratricida con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz en la que sí se integra IU.
Desde Izquierda Unida rehusaron ayer hacer una valoración a este diario de la noticia trascendida, protagonizada por el que era su líder hasta noviembre. Hace semanas se abrió el proceso de su XIII Asamblea Federal, que previsiblemente culminará en mayo, cuando se elegirá a la nueva dirección al completo, incluido el sucesor de Garzón como coordinador federal.