Blanco ‘riñe’ a Gallardo: «No se debe asociar delincuencia e inmigración»
▶La consejera insiste en que Castilla y León «es tierra de acogida» tras la alerta del vicepresidente de más delitos por la llegada de extranjeros
Es una de las materias sensibles en la que los socios de gobierno de la Junta de Castilla y León mantienen claras diferencias y ayer se volvió a evidenciar cuando la consejera de Familia, Isabel Blanco, sin levantar la voz, al contrario de lo que hicieron desde la oposición, salió al paso de las palabras del vicepresidente y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo. «No se debe asociar delincuencia e inmigración». Éste fue el contundente mensaje que la zamorana quiso trasladar como «posición» de la Consejería que dirige y que, según se encargó de recordar en declaraciones a Ical, «tiene las competencias en materia de personas migrantes» en una Comunidad que «siempre ha sido tierra de acogida, como destaca el propio presidente».
Blanco volvía una vez más así a ‘corregir’ a su compañero en el Ejecutivo Autonómico que, horas antes y también en las Cortes, había alertado, tras reunirse con los representantes de las agrupaciones de la Policía Nacional (Jupol) de que con el aumento de la población foránea en la Comunidad «por desgracia cada vez hay más machetazos y más agresiones sexuales». El líder de Vox insistía en esta idea afirmando que si bien los extranjeros suponen un seis por ciento de la población, son personas de este colectivo «los que están cometiendo el quince por ciento de los crímenes». Aunque admitió que la Comunidad «no está en la misma situación» que otros territorios, advirtió de que «no queremos que el Barrio de Gamonal (Burgos) acabe cono Saint-Denis, en Francia, o las Delicias (Valladolid), como Molenbeek, en Bélgica».
Gallardo fue más allá en su diatriba al demandar al Gobierno central que «se acabe de una vez por todas con la industria lucrativa del tráfico ilegal de personas» en la que apuntó a los «colaboradores necesarios» en forma de organizaciones citando a Accem y Cruz Roja, sobre las que pedirá que se «vigile muy atentamente» el destino de las subvenciones. También en este último punto le reconvino la consejera al afirmar que el trabajo de ambas es «extraordinario» porque gracias a ellas «se ofrece la acogida a la población inmigrante» que llega a Castilla y León.
Mucho más visceral y agria fue la respuesta que llegó desde algunos grupos de la oposición que ayer, en las Cortes de Castilla y León, se despacharon contra García-Gallardo, al que lanzaron toda clase de descalificativos e insultos. Abrió la veda el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea que, nada más comenzar el pleno, se dirigió al vicepresidente para llamarlo «sinvergüenza y payaso» por calificar como «organización colaboradora del crimen a Cruz Roja y a Accem». «¿Hasta dónde van a llegar ustedes, señorías del PP? ¿Hasta dónde se van a dejar arrastrar», se preguntó Igea.
«Quienes son criminales son quienes están contratando inmigrantes en esta Comunidad por menos de 600 euros para trabajar recogiendo ajos, tumbados en colchones y sin asistencia sanitaria. Esos sí son unos criminales y usted los tapa», enfatizó el procurador del Grupo Mixto, que denunció que el vicepresidente de la Junta «acusa a quienes defienden que esos señores tengan papeles, tengan derechos y no sean explotados». «Los que son una vergüenza son los que le están apoyando, los que callan ante sus barbaridades y utilizan a este payaso para que Mañueco parezca un ser respetable, pero no lo es», concluyó.
A continuación fue el parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, el que se refirió a Gallardo como «alcornoque, cenutrio y miserable» por «criminalizar constantemente a quienes vienen a esta tierra, herida de muerte por la despoblación, a intentar revitalizarla y a luchar por tener un futuro mejor».
También la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Patricia Gómez, durante la defensa de una de sus iniciativas legislativas advirtió de que «no se puede criminalizar a la gente que vive allí», en referencia a los dos barrios, el vallisoletano y el burgalés, a los que hizo referencia el dirigente de Vox. Es más, aseguró que «los peligros no están en las Delicias ni en Gamonal; los peligros se sientan en la Vicepresidencia de la Junta». Por su parte, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, quiso defender la labor que realizan organizaciones no gubernamentales al poner en valor que son un servicio público esencial en el territorio.
También la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN) lamentó la «relación directa y carente de base estadística que se ha intentado establecer entre la inmigración y la criminalización» que puede «generar un clima de temor infundado» en la sociedad, informa Ep. La asociación, que engloba 24 entidades, quiso «enfatizar» las acciones llevadas a cabo por organizaciones como Cruz Roja y ACCEM que se desarrollan «dentro del marco legal establecido».
La titular de Familia subraya la «extraordinaria» labor de Cruz Roja y Accem, también cuestionada por el dirigente de Vox
VALLADOLID
El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, acusó ayer a la Junta de haber adjudicado fondos europeos a un imputado en la trama de la Perla Negra, cuyo juicio comienza el próximo lunes. Según explicó, el Instituto de la Competitividad Empresarial (ICE) hizo una convocatoria en marzo de 2023 para que sociedades de capital opten a gestionar el Fondo ICE Eficiencia Energética, para el que la Junta aporta una cantidad mínima de 15 millones de euros (procedentes de fondos europeos), que puede llegar a 30. La adjudicación (sólo se presentó una oferta) fue para la empresa, ‘Clave Mayor S.A., cuyo director financiero es Francisco Armero, investigado por la trama de la Perla Negra por su etapa en ADE Gesturcal, sociedad pública de la Junta de la que fue cesado en 2012. Armero –señaló Tudanca– está acusado, entre otros delitos, de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y malversación por el amueblamiento del edificio de Arroyo y para él pide la Fiscalía cuatro años de prisión y diez de inhabilitación.