Un «amante de los explosivos» con 200 productos químicos para fabricarlos
▶La Guardia Civil descarta que el arsenal que tenía en un garaje el burgalés tuviera fines terroristas, pero advierte del gran peligro corrido por los vecinos
El hombre de 31 años detenido el pasado fin de semana en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa, en cuya vivienda y garaje se encontraron explosivos y una importante cantidad de droga, no era un terrorista y llevaba poco tiempo dedicándose al narcotráfico, por lo que no movía cantidades importantes de dinero. Así lo trasladó ayer el capitán de la Brigada de Información de la Guardia Civil en Burgos, Alejandro Hernández, que coordinó toda la operación. Al parecer, se trata de un amante de los artefactos pirotécnicos que había llegado a almacenar en una lonja cerrada, dentro de un garaje comunitario subterráneo, más de 60 kilos de sustancias para la fabricación de explosivos –en torno a 200 tipos de productos químicos–, parte de ellas compradas de manera ilegal, incluso fuera de España.
Había convertido ese espacio en un laboratorio, al que había incorporado varios materiales adquiridos en Valencia para realizar las mezclas de los precursores, como se denomina a las sustancias que pueden formar parte de explosivos. La detención se produjo el viernes en Lerma, en la Nacional 1, cuando el hombre se dirigía a Madrid, presuntamente para vender seis kilos de ‘speed’ que llevaba en el vehículo. A continuación, se realizaron los registros de la vivienda y la lonja vinculadas al detenido, donde también se halló medio kilo de mezclas explosivas ya preparadas para explosionar y 500 petardos y bengalas.
Tiene antecedentes por violencia de género y quebrantamiento de condena relacionada con ese delito. También se había destacado en los disturbios de 2014 en el barrio de Gamonal.
El detenido, que ingresó el lunes en prisión comunicada y sin fianza por orden del juzgado, era experto en el manejo de explosivos y había trabajado en varias empresas de pirotecnia. «Era tan amante de los explosivos que durante los registros no hablaba con nosotros, pero sí tenía interés en hacerlo con los especialistas de los Tedax, como si estuviera contento de hablar con alguien con tanto conocimiento de los explosivos como él», aseguró ayer el capitán Hernández, acompañado, entre otros, por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
Sin embargo, en este caso, el peligro no estaba tanto en la finalidad que pretendía dar al material almacenado sino en el hecho de que guardar precursores en un lugar cerrado supone un riesgo importante de que puedan explotar al generar lo que técnicamente se denomina ‘atmósfera explosiva’. Los especialistas advirtieron al respecto de que cualquier fuente de calor o una chispa, incluso de un simple interruptor, podría haber provocado una explosión importante. El laboratorio estaba bajo viviendas y establecimientos públicos y frente a un parque infantil.
De hecho, la operación se acabó realizando el pasado fin de semana cuando la Guardia Civil recibió la información de que el a la postre detenido acababa de recibir otros 17 kilos y no se sabía de qué sustancias, mientras estaba ultimando la cita con otras personas con las que quería elaborar un gran artefacto explosivo.
En el registro de la vivienda, y sobre todo de la lonja-laboratorio, los guardias civiles encontraron también una importante cantidad de droga, concretamente 25 kilos de ‘speed’, con un valor de algo más de un millón de euros. Era material suficiente para la elaboración de unas 100.000 dosis.
La investigación que ha terminado con esta operación, denominada ‘Marco Polo’, se inició en septiembre, cuando la Guardia Civil supo que había una persona en Burgos que estaba buscando materiales para fabricar explosivos. Requirió la intervención de especialistas de varias unidades de la Benemérita, incluidos perros, y todavía sigue abierta la línea destinada a conocer los contactos del detenido, tanto en relación con la distribución de drogas como la posible venta de sus artefactos al mercado negro, del cual se lucraba.
ÁVILA
La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a una pena de nueve años de prisión a un hombre al que considera responsable de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años a la que deberá indemnizar con 10.000 euros. Se da la circunstancia de que al condenado (de nombre Fabio y nacido en Ávila en 1983) y a la víctima, que tenía 15 años en el momento en el que sucedieron los hechos, les unía una relación de parentesco de tío y sobrina pese a que para entonces él ya no era la pareja sentimental de la tía de la muchacha.
La noche en la que ocurrieron los hechos, Fabio se desplazó en su vehículo hasta el centro de menores situado en Ávila en el que la muchacha residía «debido a una problemática familiar derivada de las conductas disruptivas que presentaba» la menor «y a la concurrencia de factores de riesgo», según figura en la sentencia. El hombre condujo a la menor hasta un descampado, donde ambos «continuaron bebiendo cerveza y también fumaron ‘porros’» hasta que el acusado «cogió la mano de la acusada para que le masturbara». Acto seguido, él lo hizo con ella «pese a que la menor le dijo varias veces que parase». Alrededor de seis meses después la chica salió del centro y se fue a vivir con su madre primero, después con sus abuelos para acabar haciéndolo con su tía (expareja de Fabio) y el hijo de ésta y del condenado, «con quienes se encontraba muy bien», apunta la sentencia, según la cual la menor «siguió viendo de forma esporádica» al condenado. El día en el que el niño comentó que «su padre le había pegado» motivó que ella «rememorara la ocurrido hacía más de un año.
Fue entonces cuando la menor contactó con él vía whatasapp, preguntándole si le importaba que contara lo que había ocurrido entre ellos. «Yo no puedo seguir con eso dentro, llevo casi dos años guardándolo como ‘secreto’ y me causa muchísimo daño», le dijo. Pese a que él le advirtió que iba a «buscarle la ruina» precisamente porque ella era menor de edad, la muchacha le trasladó que él se había «aprovechado» de ella. Ese mismo día, continúa la sentencia, la menor se lo contó a su tía y a su madre, «ninguna de ellas le creyó ni le invitó a denunciar» los hechos, a pesar de lo cual al día siguiente la muchacha se presentó sola en la Comisaría de Policía Nacional de Ávila para denunciarle.
La segunda consejería con menos gasto, pero sobre la que Gago puso en valor su relevancia administrativa y política como elemento transversal de la Junta, con un total de 187,58 millones de euros –un 6,45 por ciento más que los de 2023– «recoge las partidas necesarias y precisas para seguir consolidando el compromiso con las entidades locales de Castilla y León, con el municipalismo». Así, defendió que gestiona 114,3 millones de la cooperación