La ampliación del bono alquiler joven, en el aire por la falta de Presupuestos
▶ La extensión de la cuantía forma parte del pacto PSOE-Sumar para formar Gobierno
La ampliación del bono alquiler para jóvenes que PSOE y Sumar comprometieron en su pacto para investir a Pedro Sánchez como presidente no podrá, con casi toda probabilidad, hacerse realidad. La extensión de la cobertura estaba supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y estos no verán la luz como ha afirmado el propio Sánchez esta semana.
El Ministerio de Vivienda se encontraba rematando los detalles de la ampliación, anunciada oficialmente a mediados del pasado enero, pero previsiblemente tendrá que aguardar a las cuentas de 2025 para poder efectuarla. El departamento de Isabel Rodríguez podría escoger un vehículo legislativo como la figura del decreto ley para aumentar la financiación del bono para jóvenes de menos de 35 años. Pero por el momento esa opción queda descartada. «Se prorroga el presupuesto», confirman fuentes del Ministerio de Vivienda. Por lo que este ejercicio, los fondos destinados a esta partida serán los mismos que en el ejercicio 2023.
En el reguero de medidas acordadas dentro pacto de PSOE y Sumar, la ampliación del bono alquiler para jóvenes aparece como «elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible, y que se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación, para llegar a toda la población joven».
La idea inicial del Ministerio de Vivienda era la de que fueran las comunidades autónomas quienes también aportaran parte de la nueva cuantía, hasta dar el 40% de la renta de alquiler a cada benificiario «en función de diferentes criterios», apuntó la ministra Rodríguez a mediados del mes de enero.
La titular pidió entonces «corresponsabilidad» a las regiones para aumentar presupuestos. «Pero les vamos a pedir también que analicemos qué es lo que está fallando para que no en todas las comunidades se haya podido aplicar de la misma manera», dijo la ministra en referencia a la lentitud que están mostrando algunas autonomías en la resolución de las solicitudes. Un extremo que denunció ayer mismo la oficina del Defensor del Pueblo en su informe anual de 2023, en el que asegura que el año pasado se recibieron un elevado número de quejas de muchos jóvenes que aún no habían recibido el abono de la subvención meses después de haberla solicitado. En concreto, su titular, el socialista Ángel Gabilondo, apuntó los casos de Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia, todas regiones con administraciones del Partido Popular.
El Gobierno puso en marcha el bono alquiler para jóvenes a principios de 2022 pero encomendó la gestión de las subvenciones a las administraciones autonómicas. Las ayudas pueden ser percibidas por jóvenes trabajadores de entre 18 y 35 años cuyos ingresos anuales son tres veces inferior al Iprem (24.318,84 euros). Para recibir la cuantía deben acreditar una renta máxima de 600 euros mensuales por alquiler de vivienda completa o 300 euros por habitación. Aunque esta cifra puede ser ampliada por las comunidades a 900 y 450 euros respectivamente. «Transcurrido este período de tiempo, con la presumible adquisición de experiencia por parte de la Administración llamada a realizar su gestión cabía esperar un progresivo descenso en el número de quejas recibidas sobre esta materia. Sin embargo, las quejas se han incrementado con respecto a años anteriores, aproximándose a las mil», subraya el defensor del pueblo en su informe anual.
MADRID
La anulación por parte del Tribunal Supremo de más de 30 millones en subvenciones distribuidas de forma directa por el Ministerio de Trabajo a CEOE, Cepyme y UGT podría no ser el último revés judicial al modo de desempeñarse del departamento de Yolanda Díaz a la hora de distribuir los fondos europeos.
El Supremo está examinando otra concesión directa de ayudas con recursos del Mecanismo de Recuperación realizada por el Ministerio de Trabajo en octubre de 2021, a partir de una impugnación realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid meses más tarde por entender no ajustados a derecho ni los criterios seguidos para ese reparto, ni las razones para dejar fuera del mismo al resto de comunidades autónomas, ni el procedimiento extraordinario utilizado, que omitió la libre concurrencia y la necesidad de tratar la decisión en la correspondiente Conferencia Sectorial.
Madrid acusó entonces al Ministerio de Yolanda Díaz de asignar esas ayudas «de forma aleatoria» y de haber vulnerado «el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo». Y decidió elevar la concesión de ayudas a los tribunales con la convicción de que «los proyectos están vinculados a competencias autonómicas y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales».
Trabajo justificó la utilización del procedimiento extraordinario de la concesión directa, que el Supremo encontró poco motivado en el caso de las subvenciones a los agentes sociales, por la condición de objetivo prioritario de la promoción de proyectos para colectivos especialmente vulnerables y para favorecer el emprendimiento, y por «la concurrencia de dificultades razonables para realizar la concesión por el procedimiento ordinario de la convocatoria pública, dada la previsión de entidades beneficiarias concretas y definidas».
El criterio sentado por el Supremo en su sentencia es que Trabajo «debió respetar la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública allí regulada, sin supresión de los informes, consultas y dictámenes que prevé». ABC ya avanzó en su edición de ayer que ese criterio amenazaba más de 200 millones de ayudas asignadas de manera directa por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para impulsar el despliegue del Ingreso Mínimo.
La socimi All Iron registró en el ejercicio 2023 un beneficio de 14,6 millones de euros, un 67% por encima del año anterior. Además, se anotó un incremento del 28% de los ingresos, hasta los 4,95 millones de euros, gracias a la mejora de la actividad.
MADRID