Hacienda aparta 2.000 millones para que SEPI compre acciones de Telefónica
Los fondos reservados para la operación en el programa 923M del Ministerio de Hacienda pero aún no transferidos a la SEPI al cierre del pasado mes de febrero ascienden a 1.500 millones de euros, después de que el pasado febrero el ‘holding’ recibiera una inyección efectiva de 500 millones.
Sin unos Presupuestos Generales del Estado en los que consignar los fondos necesarios para abordar una operación que el Gobierno considera estratégica, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recurrir a un atajo presupuestario para poner a disposición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales los recursos necesarios para completar la operación de entrada en Telefónica.
La solución ideada ha sido tirar de los recursos consignados para el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, a través del cual se financian las necesidades de liquidez que aún tienen un puñado de gobiernos autónomicos entre los que se encuentra el de Cataluña por su imposibilidad de acudir al mercado, en una cuantía de 1.500 millones; y del Fondo para Entidades Locales, con otros 500 millones más, para sumar los 2.000 millones que en principio se estimaba que se necesitaban.
La maniobra ha dejado 13.500 millones de euros en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que el año pasado consumió 12.311 millones; y 500 millones en el de Entidades Locales, del que en 2023 no hubo que sacar ni un solo euro. Los precedentes inmediatos no auguran grandes problemas por esta transferencia de recursos, pero expertos en gestión presupuestaria advierten de que sí los habría si se pusieran de manifiesto nuevas necesidades que obligaran a ampliar la dotación de esos fondos, ya que hay restricciones para ampliar partidas previamente minoradas.
«No deja de resultar chocante que el Gobierno esté retrasando la liquidación favorable a comunidades autónomas y ayuntamientos del sistema de financiación de 2022 y además les detraiga recursos para comprar acciones de una empresa», lamenta el economista Santiago Sánchez.
El ‘molt honorable’ quiere preguntar a la ciudadanía si desea la independencia de Cataluña. Si esto fuera racional, la pregunta debería estar acompañada de la información sobre el coste de una respuesta afirmativa. ¿Cuánto nos cuesta su independencia señor Aragonès? Veamos. Siempre pensé que el precio de la humorada era tan elevado que desluciría el proyecto. A cierre de año, Cataluña debía 85.986 millones de euros, de los que 71.852 millones se los debe al Estado, previo a las condonaciones prometidas. Si suma esa cantidad con el porcentaje que les corresponde de la deuda del Estado –si se llevan los activos allí localizados, quizás deberían considerar el llevarse también su parte alícuota de los pasivos, digo yo–, la suma total alcanza los 282.276 millones, si dividimos la deuda común por el PIB, o superaría los 248.200 millones si hacemos el reparto en función de la población. Unas cifras que condenarían a los ‘nasciturus’ de la nueva y flamante República a la quiebra antes de dar su primer paso, porque, ¿aceptarían los acreedores el cambio de deudor, quién les financiaría, tras haber provocado la ruptura de un país europeo, a qué coste?
Pero los independentistas han encontrado la fórmula mágica para sortear tan extrema dificultad. Han hecho (?) cálculos y han llegado a la conclusión de que ellos no nos deben nada al resto de los españoles y que somos nosotros quienes tenemos una deuda acumulada de nada menos que 450.000 millones de euros. De aceptar tan sorprendente conclusión, la República arrancaría su andadura libre de cargas y con tesorería positiva. A su lado, el episodio evangélico de la multiplicación de los panes y los peces se queda en mera anécdota. Si para los catalanes la independencia carece de coste, ¿qué pasa con el resto de los españoles? Pues que tal situación elevaría el porcentaje de deuda sobre PIB hasta cerca del 130%% e incrementaría la deuda per cápita en más de 6.000 euros. Todo eso, suponiendo que no les pagamos el exceso de deuda que, dicen, les debemos
No se asuste. Imagino que nada de esta locura va a suceder, pero le recuerdo que tampoco imaginé que llegaría la amnistía. Esto es lo que nos jugamos con esta broma. El Gobierno dice que no está de acuerdo y no negocia nada de esto, pero entonces, una vez encauzada la amnistía, ¿de qué habla con Junts y ERC?