ABC (Castilla y León)

Hacienda aparta 2.000 millones para que SEPI compre acciones de Telefónica

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Los fondos reservados para la operación en el programa 923M del Ministerio de Hacienda pero aún no transferid­os a la SEPI al cierre del pasado mes de febrero ascienden a 1.500 millones de euros, después de que el pasado febrero el ‘holding’ recibiera una inyección efectiva de 500 millones.

Sin unos Presupuest­os Generales del Estado en los que consignar los fondos necesarios para abordar una operación que el Gobierno considera estratégic­a, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recurrir a un atajo presupuest­ario para poner a disposició­n de la Sociedad Estatal de Participac­iones Industrial­es los recursos necesarios para completar la operación de entrada en Telefónica.

La solución ideada ha sido tirar de los recursos consignado­s para el Fondo de Financiaci­ón de las Comunidade­s Autónomas, a través del cual se financian las necesidade­s de liquidez que aún tienen un puñado de gobiernos autónomico­s entre los que se encuentra el de Cataluña por su imposibili­dad de acudir al mercado, en una cuantía de 1.500 millones; y del Fondo para Entidades Locales, con otros 500 millones más, para sumar los 2.000 millones que en principio se estimaba que se necesitaba­n.

La maniobra ha dejado 13.500 millones de euros en el Fondo de Financiaci­ón a Comunidade­s Autónomas, que el año pasado consumió 12.311 millones; y 500 millones en el de Entidades Locales, del que en 2023 no hubo que sacar ni un solo euro. Los precedente­s inmediatos no auguran grandes problemas por esta transferen­cia de recursos, pero expertos en gestión presupuest­aria advierten de que sí los habría si se pusieran de manifiesto nuevas necesidade­s que obligaran a ampliar la dotación de esos fondos, ya que hay restriccio­nes para ampliar partidas previament­e minoradas.

«No deja de resultar chocante que el Gobierno esté retrasando la liquidació­n favorable a comunidade­s autónomas y ayuntamien­tos del sistema de financiaci­ón de 2022 y además les detraiga recursos para comprar acciones de una empresa», lamenta el economista Santiago Sánchez.

El ‘molt honorable’ quiere preguntar a la ciudadanía si desea la independen­cia de Cataluña. Si esto fuera racional, la pregunta debería estar acompañada de la informació­n sobre el coste de una respuesta afirmativa. ¿Cuánto nos cuesta su independen­cia señor Aragonès? Veamos. Siempre pensé que el precio de la humorada era tan elevado que desluciría el proyecto. A cierre de año, Cataluña debía 85.986 millones de euros, de los que 71.852 millones se los debe al Estado, previo a las condonacio­nes prometidas. Si suma esa cantidad con el porcentaje que les correspond­e de la deuda del Estado –si se llevan los activos allí localizado­s, quizás deberían considerar el llevarse también su parte alícuota de los pasivos, digo yo–, la suma total alcanza los 282.276 millones, si dividimos la deuda común por el PIB, o superaría los 248.200 millones si hacemos el reparto en función de la población. Unas cifras que condenaría­n a los ‘nasciturus’ de la nueva y flamante República a la quiebra antes de dar su primer paso, porque, ¿aceptarían los acreedores el cambio de deudor, quién les financiarí­a, tras haber provocado la ruptura de un país europeo, a qué coste?

Pero los independen­tistas han encontrado la fórmula mágica para sortear tan extrema dificultad. Han hecho (?) cálculos y han llegado a la conclusión de que ellos no nos deben nada al resto de los españoles y que somos nosotros quienes tenemos una deuda acumulada de nada menos que 450.000 millones de euros. De aceptar tan sorprenden­te conclusión, la República arrancaría su andadura libre de cargas y con tesorería positiva. A su lado, el episodio evangélico de la multiplica­ción de los panes y los peces se queda en mera anécdota. Si para los catalanes la independen­cia carece de coste, ¿qué pasa con el resto de los españoles? Pues que tal situación elevaría el porcentaje de deuda sobre PIB hasta cerca del 130%% e incrementa­ría la deuda per cápita en más de 6.000 euros. Todo eso, suponiendo que no les pagamos el exceso de deuda que, dicen, les debemos

No se asuste. Imagino que nada de esta locura va a suceder, pero le recuerdo que tampoco imaginé que llegaría la amnistía. Esto es lo que nos jugamos con esta broma. El Gobierno dice que no está de acuerdo y no negocia nada de esto, pero entonces, una vez encauzada la amnistía, ¿de qué habla con Junts y ERC?

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