Magyar Vagon formaliza la opa a Talgo y pide el ‘OK’ del Gobierno
▶ Remitió la solicitud de autorización el 22 de marzo y el Ejecutivo tendrá tres meses
La húngara Magyar Vagon presenta formalmente la opa sobre el 100% de las acciones de Talgo. El consorcio magiar remitió ayer la documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que detalla también que ya ha iniciado los trámites para que el Gobierno de Pedro Sánchez dé el ‘OK’ a la operación. El precio ofrecido son 5 euros por acción, lo que implicaría un desembolso de 619,3 millones de euros.
La operación deberán autorizarla distintas administraciones y reguladores de varios países europeos y extracomunitarios. Hasta seis autoridades de competencia (Serbia, Albania, Egipto...), también la Comisión Europea, las autoridades danesas por el régimen de inversiones... aunque la fundamental y que más polvareda ha levantado es la autorización que requiere del Gobierno español. De nada han servido las amenazas de veto que ha dedicado el Ejecutivo a los húngaros, que han seguido adelante con la opa.
El escudo antiopas que el Ejecutivo levantó en 2020 con motivo del Covid-19, para evitar que fondos oportunistas compraran empresas estratégicas nacionales a precio de ganga, se convirtió en permanente en 2023. Y el Gobierno ha venido utilizando esta normativa a discreción para inmiscuirse en las principales operaciones corporativas. En el caso de Talgo, La Moncloa ha declarado a la empresa ferroviaria como estratégica y exige a los húngaros solicitar el beneplácito público antes de poder consumar la adquisición. La opa, cuyo oferente es el consorcio Ganz-Mavag Europe Zrt, en el que está integrado el Estado húngaro, puede presentarse, pero en ningún caso podrán entrar en Talgo si no reciben luz verde del Gobierno.
«El 22 de marzo de 2024, el oferente solicitó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones la autorización del Consejo de Ministros a la inversión extranjera directa en Talgo por parte del oferente», comunicaron los húngaros. Desde esa fecha, en teoría el Ejecutivo dispone de tres meses para aprobar o rechazar la operación, aunque puede haber suspensiones de plazo.
La disposición del Gobierno a esta operación no es la esperada por el consorcio húngaro. Desde el inicio, el Ejecutivo se ha encargado de transmitir su rechazo a la compra de Talgo por las dudas sobre la procedencia del dinero.
Por una parte se encuentra el Estado húngaro y, por otra, Magyar Vagon, que es quien lidera la opa. Las dudas, en este caso, se encuentran en las sospechas de que pudiera haber capital o lazos con Rusia. La banca acreedora ha analizado la operación precisamente por este riesgo, pero finalmente no ha presentado pegas al respecto.
En el Gobierno esas dudas han generado un rechazo inicial a la operación, llegando a reconocer el ministro de Transportes, Óscar Puente, fuera de micrófonos, que harían lo posible por vetar la opa. Aunque más adelante La Moncloa ha ido rebajando el tono, lo cierto es que en el Ejecutivo no ven con buenas ojos esta adquisición.
El Gobierno ha publicitado su rechazo a que el consorcio húngaro compre el 100% de Talgo, por el que pagaría 619 millones
ROMA «Follow the money!!» (¡Sigan el dinero!). En ello tienen experiencia la policía y los fiscales italianos, habituados a seguir los flujos ilícitos de las mafias que pueblan el país. En esta ocasión la reconstrucción fue posible gracias a las investigaciones de la Guardia de Finanzas sobre más de 100 denuncias de transacciones sospechosas. Así se identificó a los promotores y beneficiarios de la asociación criminal multinacional que había solicitado con éxito unos 600 millones de euros en subvenciones europeas entre 2021 y 2023 con la creación de una red de empresas ficticias instaladas en Austria, Eslovaquia y Rumanía, alegando que los fondos eran necesarios para su expansión internacional.
La policía italiana detuvo a 22 personas; de las que 14 están en arresto domiciliario. Entre los bienes incautados hay apartamentos y villas, criptomonedas, relojes, oro y coches de lujo.
Italia es el mayor receptor de fondos europeos. Está previsto que reciba alrededor de 200.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos. Ahora se teme que este presunto fraude haga renacer las preocupaciones sobre el uso indebido del fondo de recuperación de 750.000 millones acordado por la UE para reactivar la economía tras la pandemia.
El país ha registrado en el pasado casos de irregularidades en el uso de fondos públicos italianos y europeos. Precisamente, para evitar las irregularidades en el plan Next Generation, Italia reforzó el papel del comité para la lucha contra el fraude en relación con la Unión Europea. El propio Ministerio de Asuntos Europeos, en su página web, se preocupó de realizar la siguiente advertencia: «El problema de los llamados ‘fraudes contra la Unión Europea’ representa un problema de la mayor importancia para Europa teniendo en cuenta los efectos negativos que producen no sólo en el presupuesto sino también en el tejido económico-social».
De ahí que el departamento encabezado por Raffaele Fitto, muy próximo a la primera ministra Giorgia Meloni, haya recalcado que «la correcta utilización de los fondos aportados por la Unión Europea constituye un compromiso fundamental en la perspectiva de un renovado desarrollo económico en un contexto de máxima legalidad».