Piden prisión a un hombre por el ruido de sus gallos de pelea
El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba sentará en el banquillo a un hombre acusado de un delito ecológico por mantener un criadero con más de 30 gallos de pelea en una parcela de Santa María de Trasierra y que causaban ansiedad al vecino por el ruido constante que provocaban.
La calificación del fiscal recoge que en verano de 2015 el acusado alquiló una vivienda con una parcela en Trasierra, donde desarrollaba la actividad de criadero de gallos de pelea y llegó a concentrar 30 animales el día de la medición acústica en febrero de 2017. Los gallos estaban en jaulas lindando con la parcela del vecino.
Los animales producen ruido, cacareando desde antes de las 5.30 horas de la mañana hasta bien entrada la mañana, que ha venido siendo soportados por el vecino pese a los reiterados requerimientos de éste, ha hecho caso omiso a los mismos. El acusado carece de licencia para este criadero. El ruido que producen las aves superaba los límites de las mediciones los límites legales realizadas.
El vecino padece, producido por estos hechos, «un trastorno psiquiátrico adaptativo por el que ha precisado tratamiento médico con clínica ansioso depresiva secundaria a exposición de ruido ambiental que se activa con cualquier situación estresante», según recoge el escrito de acusación público. Asimismo, según los forenses, «se ha reactivado su sintomatología digestiva por colon irritable».
Los hechos relatados constituyen un delito ecológico de los artículos 325 apartado 1º y 1º del Código penal y un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. Así las cosas, la Fiscalía solicita para el acusado por el delito ecológico la pena de dos años de prisión, así como una multa de 14 meses a razón de 12 euros día o 1 día de responsabilidad personal subsidiaria cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial apara profesión de criador de aves.
Por el delito de lesiones, que ya se ha aplicado a propietarios de locales nocturnos u otros emisores de ruido, la Fiscalía solicita además la pena de 9 meses de prisión. Asimismo, como medida cautelar el Ministerio Público pide en su escrito de acusación que se acordara el cese la actividad «ilícita» de criadero de gallos.