CHAVES SE ENCOGE DE HOMBROS
El expresidente andaluz se desmarca de la gestión de las ayudas de Empleo y asegura que «le cuesta creer» que se vulnerase la ley
NO lo conocía. No lo recuerdo. No correspondía a mi ámbito de decisión política». La declaración de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, Manuel Chaves González, en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha sido una sucesión de oraciones negativas. El hombre que ejerció un poder incontestable en Andalucía durante 19 años y controlaba todos los ámbitos de su vida pública desde el enorme aparato administrativo de la Junta, la mayor empresa de la Comunidad, se defendió ayer de la acusación de prevaricación que le atribuyen escudándose en que «no sabía» nada de las ayudas que lo han llevado al banquillo. Junto a él se sientan su exconsejero de Hacienda José Antonio Griñán, que lo relevó en la Presidencia autonómica, y 20 ex altos cargos de sus respectivos gobiernos.
«Sabía que el Gobierno andaluz daba ayudas sociolaborales, lo mismo que sabía que se daban ayudas a becas Erasmus o para hacer actividades culturales», se excusó ante el fiscal Juan Enrique Egocheaga, que lo interrogó durante dos horas y media. Pero aquí termina el grado de conocimiento del presidente más longevo y también el más poderoso —ganó seis elecciones, tres de ellas con mayoría absoluta— que ha tenido la Autonomía. «¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión», subrayó.
«No pertenecía a mi ámbito político de decisión saber cómo se hacía, con qué exigencia o requisitos, con qué cuantía o quiénes eran los beneficiarios», explicó el exdirigente andaluz, de 72 años. La Fiscalía Anticorrupción pide para él diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación, que no está penado con la cárcel.
Ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el «doctor en Derecho» Manuel Chaves, que ha sido ministro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, se ha presentado como un presidente que gobernaba desde una nube, a salvo de cualquier contingencia o negligencia de la gestión. Marcaba las estrategias políticas pero ignoraba todas las interioridades de cómo se ejecutaban más allá de la puerta de su despacho. Relató que ni siquiera su exconsejero de Presidencia y mano derecha en el Gobierno, Gaspar Zarrías —también acusado—, cuyo despacho «estaba a 150 metros» del suyo, le comentó la «inexistencia de una base reguladora» para dar las ayudas. «Yo siempre he partido de que mis consejeros en cualquier procedimiento o ayuda respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley», advirtió.
El exdirigente socialista, que dejó su escaño en el Congreso en 2015 y se dio de baja como militante del PSOE tras ser imputado por el Supremo, enunció hasta siete negaciones en torno a las ayudas supuestamente fraudulentas que concedió la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011 y que comprometieron 855 millones de eu-
No había plan «Me cuesta creer que de forma intencionada se hubiese fijado un procedimiento para burlar la ley» Ayudas Las vinculó a los pactos con CC.OO., UGT y la patronal para «garantizar la paz social»
ros de los presupuestos autonómicos.
Chaves aseguró que «nunca» le dio instrucciones a un consejero para que solucionara con agilidad los problemas de trabajadores afectados por crisis de empresas. El fiscal exhibió en la sala un fax de su jefe de gabinete dirigido a la Consejería de Empleo tras recibir una carta de trabajadores despedidos en la planta de Bilore en Lucena (Córdoba) que pedían la mediación de Chaves durante una visita que éste realizó a Osuna en 2004. En el fax, Antonio Mena, alto cargo de Presidencia, expone: «En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer». El ex mandatario negó haber despachado con su subordinado: «No le he dado instrucciones de nada». La Junta dio una ayuda de 1,6 millones a Bilore años después.
El expresidente desconocía el procedimiento de pago de las ayudas, que consistía en que Empleo concedía los fondos pero encargaba su abono a una agencia externa, IFA/IDEA, lo que impedía controlar su destino. El dinero se lo enviaba a través de las llamadas transferencias de financiación, un mecanismo que la Intervención de la Junta juzgó «inadecuado» y alertó de ello en 15 informes distintos. Chaves pretextó que nunca leyó las memorias de los planes de control financiero permanente que pasaban por el Consejo de Gobierno, en los que se apuntaba esta irregularidad. El fiscal le mostró otro documento en el que la Intervención señalaba que «la eficacia no dispensa del cumplimiento de la ley». El declarante se encogió de hombros: «Yo no he visto ningún síntoma de alerta o alarma». Prefirió no mojarse al ser cuestionado por las transferencias de financiación: «Yo no sé si eran adecuados o no», pero «estaban en la Ley de Presupuestos» y «una ley no puede ser ilegal». Las preguntas del fiscal rebotaron una y otra vez contra la campana refractaria de «noes» del exdirigente. Tampoco se enteró de la existencia del programa 31L que nutría las ayudas. «Era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera debatir 140 ó 180 programas presupuestarios —por un lapsus habló de «programas electorales»—. «El Consejo no conocía ni debatía las modificaciones presupuestarias ni las transferencias de financiación», recalcó luego a su letrado, Pablo Jiménez de Parga.
Chaves «no se leía» las ampliaciones de crédito del programa de los ERE que aprobaba su gobierno, porque eran asuntos «de trámite». Descargó toda la presión sobre la gestión de las ayudas en sus exconsejeros de Empleos. Tocará ahora al tribunal determinar si el desconocimiento total esgrimido por el expresidente lo exime de toda responsabilidad penal en el fraude.