La Junta fija en 20 días el plazo para pagar ayudas a vivienda
Amplía el decreto de garantías que la ha convertido en «mejor pagadora de España»
La Junta de Andalucía se ha convertido en «la mejor comunidad pagadora a los proveedores de toda España», según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien anunció este lunes que en junio se ampliará el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago a las pymes turísticas y a los beneficiarios de ayudas a la vivienda que dependen de su consejería.
Desde la entrada en vigor del decreto en marzo de 2017, las empresas han cobrado en una media de seis días «muy por debajo de los 20 días comprometidos», por lo que desde esa entrada en vigor no se ha activado la garantía que permite reclamar el pago ante entidades financieras.
Montero ha precisado que en los ámbitos de salud, educación y servicios sociales, a los que se les aplica actualmente dicho decreto, se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones, de los que el 52 por ciento correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27 por ciento de educación y el 22 por ciento de servicios sociales.
Estos pagos han llegado hasta la fecha a 192.000 proveedores y beneficiarios, de los que «el 87,5 por ciento ha correspondido a empresas y pymes, cooperativas, fundaciones y asociaciones, mientras que el siete por ciento a corporaciones locales y el cinco por ciento los beneficios de becas y ayudas directas».
Asimismo ha recordado que dicho decreto contemplaba la implantación de un «nuevo derecho que no existe en ninguna otra administración», a través de una garantía que, «en caso de retraso en el pago o que la administración no respondiera en tiempo y forma», permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria catalogada, extremo que no han utilizado, según la consejera, ya que en caso de retraso se realzia una «gestión personalizada».
Según ha expresado, el objetivo era que «no sufrieran retrasos las miles de nóminas que dependen de estos contratos de comedores escolares, conciertos sanitarios, empresas de limpieza o seguridad, residencias, personas que trabajan en teleasistencia o atención domiciliaria, o personas que reciben becas y ayudas, y que éstas se perciban a tiempo, y que los proveedores cobren sus facturas con agilidad».
Montero ha anunciado que, a la vista de los resultados del decreto, para el mes de junio se ampliará el ámbito de aplicación del decreto para las pymes turísticas y beneficiarios de las ayudas a la vivienda, en el área del procedimiento que es de competencia de Hacienda. En el área de vivienda se podría cuantificar en 30 millones la cantidad beneficiada por la aplicación del decreto de garantía de tiempo de pago.
La consejera ha precisado que otros sectores que también han reclamado entrar en dicho decreto de garantía, como las empresas de la construcción, por el momento no entran en dicho decreto, pero se estudiará su inclusión en un futuro.
Ayuntamiento morosos
En relación a la advertencia que el Ministerio de Hacienda ha hecho a ocho ayuntamientos andaluces morosos para que de inmediato pongan en mar- cha un plan especial de pago a proveedores, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dijo ayer que son esos ayuntamientos los que «en el ejercicio de su autonomía» deben elaborar los planes de ajuste que el Gobierno central les ha requerido, ante lo que ha asegurado que la Junta les ofrece apoyo técnico para su redacción.
Los Ayuntamientos afectados son los de Jaén –el municipio más moroso ded España con 540 días de demora en sus pagos–, Jerez, Granada, Huelva, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Vélez-Málaga además de la Diputación de Cádiz.
La Junta de Andalucía ejerce la tutela financiera sobre los ayuntamientos y está en la obligación de que los ayuntamientos andaluces cumplan con esos compromisos de pago.
«Seguiremos trabajando y colaborando con el Gobierno y ayudando a los ayuntamientos para que les permita ajustarse a sus tiempos y no tener que hacer planes de reequilibrio que tengan que remitir al Ministerio», comentó Montero, quien ha destacado el «contacto permanente» de la Junta con las entidades locales, de forma que la Dirección General «es una aliada en intentar ayudar a cómo responder a esos requerimientos».
La consejera reconoció que la Junta «no tiene capacidad de frenar esos requerimientos ni hacer nada, pero sí ofrecemos apoyo técnico», aseguró.
Pago asegurado Sectores como las pymes turísticas se incluirán en el decreto; las constructoras tendrán que esperar