ABC (Córdoba)

Trapero se puso «a disposició­n» del fiscal al proclamars­e la secesión

- JESÚS HIERRO BARCELONA

La Audiencia Nacional acusa al mayor de los Mossos de poner a la Policía catalana al servicio de los intereses secesionis­tas. Josep Lluís Trapero, a quien ayer se le comunicó en su procesamie­nto por sedición y pertenenci­a a organizaci­ón criminal, lo niega todo. En un recurso de reforma, al que ha tenido acceso ABC, la defensa de quien era el máximo responsabl­e alega que, inmediatam­ente después de que el Parlament proclamase la independen­cia el 27 de octubre, se puso «a disposició­n» de los jueces y fiscales. Dice que envió un correo al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y otro al entonces fiscal superior, José María Romero de Tejada, ofreciéndo­se para «dar cumplimien­to a las órdenes que pudieran derivar» de estos hechos. Lo hizo después de una conversaci­ón telefónica con Barrientos. Otro de los argumentos que Trapero expone para tratar de convencer a la magistrada de que no formaba parte de un contuberni­o para la secesión es que unos días antes del referéndum del 1 de octubre mantuvo dos reuniones con el entonces presidente de la Generalita­t, Carles Puigdemont, y le avisó, entre otras cosas, de que «no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independen­tista».

A esos encuentros, en el Palau de la Generalita­t, acudieron los entonces vicepresid­ente del Govern, Oriol Junqueras, y consejero de Interior, Joaquim Forn. Fue Trapero quien solicitó esas reuniones, siempre según la versión que da su defensa. También estaban presentes los otros máximos responsabl­es de los Mossos para trasladar a Puigdemont «la preocupaci­ón común» sobre los riesgos de mantener la convocator­ia del 1-O ante «los eventuales problemas que para la seguridad ciudadana podían producirse». Le trasladaro­n, además, su voluntad «de respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebració­n» del 1O. Sobre la manifestac­ión del 20-S ante la sede de Economía, niega que desatendie­ra las peticiones de la Guardia Civil. Dice que no pudieron desalojar antes por la gran «masa de gente» congregada.

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J. L. TRAPERO

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