La Junta confiará un tercio del plan de obras públicas a la iniciativa privada
▶Asigna seis grandes proyectos, entre ellos tres hospitales, para su concesión ▶El modelo precisa de cambios legales por parte del Gobierno central
La Junta de Andalucía espera adjudicar al menos seis grandes obras mediante el sistema de colaboración público-privada por un montante cercano a los mil millones de euros, lo que significa casi un tercio de los 3.45 millones que movilizará el Plan Andalucía en Marcha hasta el año 2023.
Entre las obras señaladas destacan, por volumen de inversión, el tercer hospital de Málaga, el nuevo hospital de Jaén, las ciudades de la Justicia de Sevilla y Jaén, una nueva sede administrativa de la Junta en Sevilla a construir en el barrio de San Bernardo y el nuevo hospital de Roquetas de Mar.
El Gobierno andaluz considera que por la inversión requerida –el proyecto más costoso tendría un presupuesto de 400 millones y el menor en torno a 30– pueden resultar viables para utilizar la vía de la colaboración público-privada.
Estratégicos
Aunque no hay un documento cerrado sobre el desarrollo del plan Andalucía en Marcha con todos los proyectos, plazos y presupuestos, el primer avance incluye 110 obras por desarrollar en los próximos tres años en todas las provincias andaluzas. Los seis proyectos elegidos inicialmente para ejecutar mediante concesión son grandes compromisos del Gobierno andaluz que deberían estar en carga, cuando no concluidos, al final de la legislatura.
Su ejecución con medios propios mermaría la capacidad de financiación en un periodo tan delicado como el de la crisis sanitaria e impediría asumir otros proyectos, por lo que la Junta considera que debe asumirlos con cargo a la deuda pública. La clave de esta fórmula radica en que el riesgo económico de la inversión se transfiere al sector privado, que debe cumplir además de manera muy rigurosa los plazos. Esto acelera así la puesta en marcha. El aval de la Unión Europea a esta fórmula de colaboración público-privada permitirá a los promotores financiar las operaciones mediante el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Mundial.
El único inconveniente, más allá de los acuerdos con los promotores interesados, es que se necesita que el Gobierno central lleve a cabo modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española que obstaculiza actualmente los contratos de concesión.
La normativa actual es muy rígida en lo que se refiere a establecer la rentabilidad de un proyecto sometido a la colaboración público-privada. Con los tipos de interés bajos, las cuentas no les salen a los inversores y de ahí que el modelo no se haya prodigado en los últimos años. En Andalucía hay ejemplos relativamente recientes como la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha solicitado directamente al presidente Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes, que se lleve a cabo esa modificación para agilizar los acuerdos. Ya lo hizo sin mucho éxito el consejero de Hacienda, Juan Bravo, por carta a la ministra Montero.
Bravo defendió ayer ese modelo como estrategia fundamental para afrontar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y reafirmó la importancia de la simplificación administrativa que está promoviendo la Junta de Andalucía y de seguir en la rebaja de la presión fiscal.
El consejero intervino en los desyunos informativos de Europa Press, donde destacó la importancia de la reciente reestructuración del Gobierno andaluz para impulsar la transformación digital, la «revolución verde» y la formación como ejes temáticos de la recuperación amparada en la captación de fondos europeos.
Bajada de impuestos
Bravo anunció que la próxima semana iniciará la ronda de contactos con los grupos políticos para tratar sobre el proyecto de presupuestos de 2021 para el que reclamó consenso «sin barreras ideológicas». A la espera de que el Gobierno central aclare el marco general sobre déficit y gasto para poder elaborar las cuentas, Bravo reiteró el anuncio del presidente Juanma Moreno de que no habrá subida de impuestos. Fue a más y aseguró, sin concretar, que se continuará con la senda progresiva de bajada del tramo autonómico del IRPF tanto en 2021 como en 2022, adecuándola a las nuevas circunstancias. El consejero insistió en que bajar impuestos es parte de su «filosofía», como herramienta para que «el dinero esté en manos de los ciudadanos».
Sólo bajando impuestos no se logra «recaudar más», añadió Bravo, quien considera necesario ampliar la fórmula combinando otras medidas como la referida colaboración público-privada y la simplificación de trámites. Bravo recordó que otros países europeos, entre ellos Portugal, con un gobierno de izquierdas, han bajado impuestos ante la crisis porque esto «no es de derechas o de izquierdas», sino «de gestores».
Un antecedente
Las ciudades de la Justicia de Jaén y Sevilla seguirán también el modelo utilizado en la de Córdoba
Recuperar la inversión
Hacienda confía en esta fórmula y en la simplificación administrativa para reactivar la economía andaluza