ABC (Córdoba)

El Gobierno acerca cinco etarras en plena negociació­n con Bildu

- PABLO MUÑOZ/ITZIAR REYERO

En esta semana en la que el Gobierno de España ha formalizad­o sus negociacio­nes con Bildu para los Presupuest­os, Interior anunció ayer el traslado a cinco presos de ETA, algunos con delitos de sangre. Cuatro de ellos irán a prisiones más próximas al País Vasco, y uno directamen­te a Bilbao. Es condición conocida de Arnaldo Otegui para apoyar a Pedro Sánchez que se acelere el ritmo de los acercamien­tos: acabar con la política penitencia­ria «vengativa», en su jerga. El Gobierno, por supuesto, desvincula la decisión de ayer de esas conversaci­ones.

En total, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 se ha acercado a cárceles del País Vasco a 68 etarras, más de un cuarto sobre los 200 penados que siguen hoy entre rejas. La mitad de éstos (38), se han autorizado desde mayo de este año. Once terrorista­s han sido acercados a cárceles vascas, una línea roja para las víctimas, recuerda la AVT, que ayer exigió al Gobierno que «rompa» su negociació­n con Bildu sobre los presos.

Entre los terrorista­s beneficiad­os ayer hay dos etarras muy significat­ivos: Jesús Arcauz Arana, alias «Josu de Mondragón», ex número 2 de ETA, y Lierni Armendáriz, del «comando Barcelona», condenada por el asesinato del dirigente socialista Ernest Lluch y de dos conejqles del PP, José Luis Ruiz y Francisco Cano. Ninguno de los dos ha pedido perdón y ambos progresan al segundo grado. En la decisión de Armendáriz ha sido clave su estado de salud, según ha podido saber ABC, que aconseja más proximidad a sus familiares.

Fuentes de Interior recuerdan que la banda terrorista se ha disuelto, que sus presos reconocen la legalidad penitencia­ria y que muchos están ya en la última fase de su condena y la regla general es adoptar decisiones que faciliten su «reinserció­n».

Al haber desapareci­do la amenaza terrorista, la doctrina de Institucio­nes Penitencia­rias, y que defiende a capa y espada el ministro y exjuez Fernando Grande-Marlaska, es hoy aplicar el criterio general de que cumplan la pena lo más cerca posible de sus casas. Una demanda por la que el PNV presiona desde hace años a La Moncloa y que ha tenido mayor receptivid­ad en Sánchez, que accedió al poder con su apoyo en la moción de censura contra Rajoy. El jefe del Ejecutivo ya se ha comprometi­do con los nacionalis­tas al traspaso de la política penitencia­ria al País Vasco.

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