Cuatro exdirigentes de UGT y CCOO, procesados por el fraude
▶ El juez concluye la pieza de la ayuda ilegal de 35,4 millones que la Junta dio a Altadis
Cuando están a punto de cumplirse diez años de la apertura de la causa matriz de los ERE por parte de la juez Mercedes Alaya, la onda expansiva de la supuesta red corrupta de ayudas de la Junta de Andalucía ha tocado de lleno a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. El magistrado José Ignacio Vilaplana, que se ha hecho cargo de la instrucción, ha procesado a ocho personas en una pieza separada del caso centrada en los más de 35,4 millones de euros que los gobiernos socialistas repartieron entre los años 2004 y 2010 a la tabaquera Altadis para prejubilar a trabajadores de 50 y 51 años de Sevilla y Cádiz. Entre los ocho investigados hay dos exdirigentes de UGT y otros dos de CCOO. Están procesados el exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla —que cuando se aprobó el ERE de Altadis dirigía la federación agroalimentaria del sindicato en la región—, y la exlíder nacional de esa federación Blanca Uruñuela. En el caso de CCOO, el magistrado acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas (el último paso antes de la apertura de juicio oral) contra Antonio Perianes, exdirigente de la federación agroalimentaria, y Francisco Figueroa, que lideró la Acción Sindical en Sevilla y figura como secretario de Formación para el Empleo en la actual ejecutiva provincial.
En un auto dictado el pasado 23 de diciembre, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla justifica el procesamiento de los sindicalistas y del exdirector de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea Laso, porque en su calidad de representantes de los trabajadores de la fábrica «habrían participado en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de las referidas ayudas». Para el instructor, todos ellos eran «conocedores de que se había prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedentes que a ellos –en particular a la empresa beneficiaria de las ayudas—, cuando menos, le correspondían para la obtención de las subvenciones graciosamente concedidas».
La lista de procesados la completan el ex director general de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera; el ex director general de la agencia de la Junta IDEA Antonio Valverde, y un responsable y directivo de la mediadora Vitalia S.A., Antonio José Albarracín.
Tres delitos
El juez los considera presuntos responsables penales por la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Ahora corresponde a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas solicitar, en el plazo de 20 días, la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.
En el mismo auto, también señala como responsables civiles subsidiarias a las empresas Altadis y Vitalia, así como a los sindicatos CCOO y UGT.
En un auto anterior, dictado el pasado día 10 de diciembre, el magistrado excluyó de esta pieza del caso a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que Anticorrupción pidió incluir: el exdirector general Juan Márquez y el exresponsable de IDEA Miguel Ángel Serrano, que ya fueron sentenciados por el sistema ilegal de ayudas, en la llamada rama política del caso, por la que también fueron condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El instructor apeló al principio «non bis in idem» por el que una persona no puede ser juzgada y condenada dos veces por los mismos hechos. También se declara extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su fallecimiento, y archiva la causa contra la exasesora técnica en la Dirección General de Trabajo María José Rofa.
La concesión de la ayuda está plagada de irregularidades. El juez señala que se concertaron sucesivas subvenciones y ampliación de beneficiarios, «sin previa justificación del destino de los fondos percibidos, sin formulación de solicitud y de justificación de la excepcionalidad de las ayudas y de los requisitos que habrían de reunir los beneficiarios y asegurados, y sin acreditación de la efectiva vinculación de éstos con Altadis o con el correspondiente ERE».
Argumentos
El juez declara a CCOO y UGT responsables civiles subsidiarios del fraude, junto a Altadis y Vitalia
Causa separada
En la pieza de la tabaquera están procesados también dos ex altos cargos de la Junta y un intermediario