El Covid vuelve a parar el macrojuicio del caso Poniente
El Juzgado de lo Penal 9 de Málaga ha vuelto a librar de entrar en prisión a David Serrano, el dueño de la finca donde murió Julen hace ahora dos años. Cuando se cumple el segundo aniversario de la caída del niño de dos años al pozo en el Cerro de la Corona de Totalán, el magistrado que condenó al propietario de la parcela por homicidio imprudente ha acordado mantener la suspensión de la pena de un año de cárcel. Esta nueva decisión se hace con la condición de que Serrano sea advertido «de manera personal» de la posible revocación de este beneficio, si se producen nuevos impagos de la indemnización a los padres y si no informa de su situación económica al juzgado que vigila que se cumplan las medidas impuestas.
La Fiscalía de Málaga y los padres de Julen solicitaron hace unas semanas el ingreso en prisión «inmediato» de David Serrano. Lo hicieron porque el propietario de aquel terreno y del pozo donde perdió la vida el menor no había pagado más que dos mensualidades de la indemnización a los padres del niño malogrado. Las dos acusaciones en el proceso judicial, que se resolvió hace un año, denunciaron que Serrano sólo había abonado 100 euros, correspondientes a dos mensualidades, desde que se le suspendió la pena de un año de prisión.
El mismo día que se denunció, el dueño de la finca donde estaba el pozo en el que cayó Julen, abonó 500 euros, que a la postre le han librado de entrar en prisión. Serrano debe indemnizar a cada uno de los progenitores del niño de dos años con 89.500 euros, pero con una cuota mensual de 50 euros debido a su mala situación económica. Eso se va sumando a los 25.000 euros que ya depositó en el juzgado antes de llegar a un acuerdo para no pisar la cárcel.
El juez estima que el impago de varios meses de la cuota «no debe conllevar la revocación del beneficio de la suspensión», pero advierte que la falta de pago no puede quedar escudada sin más en una simple declaración de insolvencia. El magistrado precisa que el penado «no es insolvente total» y que, por esto, no puede «olvidarse que es titular registral de algún inmueble y que, además, llegó a consignar antes del juicio en pago parcial de la responsabilidad civil un importe que, aisladamente cuantificado, es de consideración». Serrano y sus abogados siempre dijeron que este dinero lo había recibido donado de un cliente del despacho que lo defendía.
Dos años después de la muerte del niño el 13 de enero de 2019, aunque su cadáver fue recuperado el 26 de enero por la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, el juez asegura que «no se entiende que el referido penado no haya venido cumpliendo de forma puntual cada mes con el pago de esos 50 euros», que tacha como «una cifra irrisoria». Además, asegura que el propio acusado ha reconocido la
El macrojuicio del caso Poniente, que juzga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido, se suspendió nuevamente ayer ante la ausencia de catorce personas, entre acusados y abogados, algunos de los cuales argumentaron contagios por Covid-19. Este proceso, que tuvo que ser paralizado en marzo de 2020 tras decretar el estado de alarma, se retoma once años después de la macrooperación que en octubre de 2009 detuvo a más de 20 políticos y empresarios.
La magistrada Társila Martínez se dirigió a la sala para expresar su deseo de que este año pueda celebrarse el juicio finalmente y aplazó hasta el 26 de enero las sesiones, exigiendo la comparecencia de todos los acusados y sus abogados. El ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso sí se presentó, no lo hizo el ex interventor municipal José Alemán, ambos se enfrentan a penas que suman los 40 años de cárcel y multas que rondan los 23 millones de euros.
A Enciso y Alemán se les atribuye la presunta malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada. Junto a ellos, otros de los miembros relevantes de la presunta trama son los empresarios José Amate, José Antonio Galán, Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas.
El tribunal concluyó ayer que no se puede decidir sobre la prescripción de los delitos fiscales como piden las defensas hasta que no se celebre el juicio y se pronuncien las conclusiones definitivas.