Puigdemont se examina hoy sobre su inmunidad alargando la burla en Europa
▶ El Parlamento Europeo tramita la petición del Supremo para poder juzgarlo
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) escuchará esta tarde a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se defenderán de la petición del Tribunal Supremo español para que se retire la inmunidad a los tres eurodiputados que siguen fugados de la Justicia en España y sin responder penalmente por los hechos probados del «procés» que culminó en 2017.
El objetivo del Alto Tribunal es que Puigdemont, Comín y Ponsatí se sienten ante la Justicia española y rindan cuentas por su participación en el intento ilegal de secesión de Cataluña y cuyos compinches fueron juzgados por la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Manuel Marchena en la causa 459 de octubre de 2019.
Antes, el primer paso es que la JURI apruebe un informe recomendando el levantamiento de la inmunidad de los tres fugados y, posteriormente, lo ratifique el pleno del Parlamento Europeo. Empezaría, entonces, la vía judicial belga que debería aceptar la petición del Supremo. Todo el proceso, tanto el parlamentario como el judicial, durará meses, por lo que, en cualquier caso, la decisión final no afectará, por ejemplo, a la campaña electoral del 14-F al Parlamento de Cataluña.
A puerta cerrada
La comparecencia de este jueves de Puigdemont, Comín y Ponsatí se realiza a puerta cerrada, sin acceso de la prensa a la sala y solo ante los miembros de la comisión parlamentaria, cuya presidencia recae en Adrián Vázquez, eurodiputado español de Cs. Una vez aceptado y presentado el caso concreto de la petición de inmunidad, los afectados, miembros del Parlamento Europeo, tendrán unos quince minutos para defenderse. Y responderán a las preguntas que les hagan los miembros de la comisión.
Después, los protagonistas saldrán de la sala y los miembros de la JURI intercambiarán pareceres sobre la inmunidad de los políticos españoles.
El proceso seguirá con la presentación del informe del ponente, que es el mismo para los tres eurodiputados, Angel Dzhambazki (de un grupo ultra de Bulgaria), y que incluirá la recomendación sobre si aceptar o no la petición del Supremo. Finalmente, el trabajo de la JURI acabará con una votación sobre el informe. Si se aprueba, el asunto pasará al pleno parlamentario.
Los plazos temporales no están especificados ni concretados por ley, pero lo más probable es que la decisión definitiva parlamentaria no se conozca hasta el mes de abril. De esta manera, un año después de que se paralizara el proceso parlamentario debido a la pandemia por el Covid19, ya que la comparecencia a puerta cerrada no se podía hacer por videoconferencia, Puigdemont, Comín y Ponsatí se enfrentan a la posibilidad de que el Parlamento Europeo frene su intento de evitar la Justicia española tras su fuga a Bélgica en octubre de 2017.
El resultado no se conocerá antes de abril y, si se retira la inmunidad, empezará el trámite judicial
No entra en el fondo
La defensa del expresidente y los exconsejeros de la Generalitat ahora eurodiputados se basará, con seguridad, por un lado, en pedir que se rechace el levantamiento de su inmunidad ya que la Justicia belga, recientemente, negó la extradición del exconsejero Lluís Puig con motivo de su participación en el «procés». Por otro lado, alegará persecución política por parte de las instituciones españolas.
Sin embargo, el proceso que se dirime en el Parlamento Europeo no se centra en el fondo de la petición del Supremo o en los hechos por los que se les reclama para España. La Cámara legislativa europea, con sede en Bruselas (Bélgica) y Estrasburgo (Francia), solo determina si los delitos que se les imputan (sedición y malversación de dinero público) tienen relación, o no, con el ejercicio de su cargo como eurodiputados o para que no puedan ejercer como tales.
Algo que, al menos aparentemente, parece complicado de sostener ya que Puigdemont, Comín y Ponsatí son eurodiputados tras las elecciones de 2019, dos años después de su fuga de España. Sin embargo, para los afectados, la decisión judicial del Tribunal Supremo solo tiene una interpretación. Se trata de una «persecución política» contra ellos por liderar el movimiento independentista catalán.