El juez afea la «falta de compromiso ético» de Podemos
▶ Lo mantiene imputado por financiación ilegal y descarta delito en las obras de la sede
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, considera que Podemos debe seguir imputado como persona jurídica por financiación irregular a la luz de la «falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimiento de las normas legales».
El juez respondía de este modo a Podemos, que había pedido el archivo de la causa en relación al encargo de consultoría a Neurona Comunidad para las generales de abril de 2019 que la coalición intentó pasar por gasto electoral. La investigación se centra en esclarecer si, como parece, el contrato fue «simulado» con objeto de «distraer» 363.000 euros del dinero para los comicios, los mismos que acabaron en México a través de esta mercantil que no tenía ni empleados.
En un auto al que tuvo acceso ABC, Escalonilla repasa la normativa de Podemos sobre cumplimiento normativo, cuya eficacia podría eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica por los delitos que cometieran personas físicas en su seno, y concluye que «no cabe apreciar que resulte eficaz». De este modo, «siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos del partido de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido».
Señala un ejemplo concreto y es que contra lo que establece esa política interna, los responsables de las cuentas y actividades del partido «eludieron» informar del contrato con Neurona a la responsable de Cumplimiento Normativo. El juez ve aquí un «claro reflejo de la inexistencia dentro de dicho partido político de una verdadera cultura de cumplimiento».
Sobreprecio «insólito»
Añade a la ecuación que esa responsable, Mónica Carmona, fue cesada de forma «fulminante» a finales de 2019 y, según ella declara, por investigar. Es ahí donde el juez aprecia «falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido con la cultura ética o la cultura de cumplimiento de las normas legales».
Sigue así imputado Podemos como persona jurídica, aunque ya sólo en relación
Primera denuncia
El exabogado de Podemos que desencadenó la causa denunció diversos delitos que el juez ha venido desbrozando hasta acabar centrado en el contrato con Neurona.
La consultoría
A diferencia del contrato con ABD Consultores, donde el juez no vio indicios delictivos, el de Neurona se presume «simulado» para la «distracción» de fondos electorales.
Las obras, la caja
Ha descartado delito en el sobreprecio de las obras del partido y en la caja de solidaridad, como también otro de revelación de secretos. a ese contrato con Neurona, en línea con el criterio de la Fiscalía.
Tras archivar la investigación sobre otra consultora y la gestión de la caja de Solidaridad, el juez ha cerrado también la línea abierta en relación al sobreprecio de las obras de la sede de Podemos: se adjudicaron por 649.936,68 euros y acabaron costando 1.361.055 euros, «hecho que realmente resulta insólito».
Pagar menos impuestos
Escalonilla no ve delito pero sí irregularidades. Concluye que Podemos no licitó la obra sino que suscribió seis adjudicaciones directas con otras tantas empresas en un «incumplimiento» de la ley de financiación de partidos políticos, si bien «no constituye delito alguno».
Además, da por indiciariamente acreditado que el sobreprecio tuvo una «explicación»: el presupuesto inicial «no se correspondía con la realidad» del precio de mercado porque se basó en un baremo de costes de la Comunidad de Madrid del año 2015.
Para el juez, «cabe concluir racionalmente» que lo hicieron así con «la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras». De hecho, habida cuenta de que Podemos, requerido dos veces, no ha presentado la liquidación final de ese impuesto, el juez ordena que se informe al consistorio por si hubiera de requerir una regularización del precio final y real de las obras de reforma de la sede.