Un decreto «chapuza» para sembrar el caos electoral
▶ La Generalitat tiene hasta el jueves para explicar el porqué de la suspensión al TSJC
El enredo electoral podría haberse evitado, al menos en parte, si la Generalitat hubiese maniobrado de otro modo. La Generalitat publicó el sábado el decreto para «dejar sin efecto» las elecciones autonómicas previstas para el próximo 14 de febrero, con el fin de posponerlas, por razones sanitarias de la pandemia, hasta el 30 de mayo. Un decreto criticado por sus formas por fuerzas de la oposición –incluso partidarias de posponer la fecha electoral– y que también siembra dudas entre expertos juristas.
El decreto que suspendía la cita electoral del 14-F, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), y firmado por Pere Aragonès, presidente del Govern en funciones, desencadenó un aluvión de recursos en los tribunales, ante los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió aceptar, por razones de «urgencia», la medida cautelarísima solicitada de suspender temporalmente su aplazamiento. El TSJC cree que de seguir en vigor el decreto de la Generalitat que suspendía el 14-F, si al resolver los recursos le acabase dando la razón a los demandantes –que se oponen al cambio electoral–, se causaría a estos un daño «irreversible», pues no daría tiempo a tener a punto la maquinaria electoral para ese día, o al menos, habría riesgo de no contar con todas las garantías.
El próximo jueves puede ser un día clave para empezar a aclarar el calendario electoral catalán. Tanto el Govern de la Generalitat como la Fiscalía tienen hasta las diez de la mañana de ese día para presentar alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas. Y el jueves o, posiblemente, en días inmediatos, el TSJC se pronunciará sobre si mantiene o no la suspensión acordada ayer de manera urgente. A efectos prácticos, aunque no suponga una decisión sobre el fondo del asunto, la cita del jueves puede ser clave para aclarar qué pasa finalmente con las elecciones.
El decreto de la Generalitat, que ahora está en cuestión, tiene muchos puntos débiles y posibles lagunas legales. Cataluña es la única comunidad autónoma española que, por cuestiones de luchas partidistas, ha sido incapaz de elaborar su propia ley electoral, y todavía se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Esta no contempla la suspensión de unos comicios ya convocados. Una cosa es el aplazamiento, dicen los expertos, y otra la suspensión, que es lo que el decreto catalán establece. Y hay otra cuestión no menor que genera dudas entre los expertos: las limitadas atribuciones que tiene el vicepresidente Aragonès como presidente en funciones de la Generalitat. Está en cuestión que tenga competencias para convocar elecciones, o, por ejemplo, elegir o destituir a consejeros del Govern.
Sin consulta previa al juez
La Generalitat podría haber evitado este embrollo, o cuando menos atenuado en parte, de haber solicitado a las autoridades judiciales permiso para cambiar la cita electoral por razones sanitarias. Lo hizo en varias ocasiones durante la pandemia para dictar nuevas restricciones de derechos durante la pandemia con el fin de controlar los contagios. Se habría cubierto las espaldas. Posiblemente un aval judicial para el aplazamiento electoral previo no evitaría, pero a buen seguro atenuaría la lluvia de recursos que ahora el TSJC deberá resolver. En una rueda de prensa ayer, tanto la portavoz del Govern, Meritxell Budó, como el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, defendieron que en los servicios jurídicos de la Generalitat no vieron necesario el aval judicial para la suspensión.
La decisión del TSJC sobre la cautelarísima fue motivo de la enésima disputa entre los socios de Govern. El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, uno de los principales cargos institucionales de Junts per Catalunya ( JpC), afirmó que «alguien debería dimitir», lo que generó una agria polémica con ERC en Twitter. Desde las filas republicanas le respondieron que JpC «forma parte del Govern que firmó el decreto».
Lagunas legales
Los expertos ponen en cuestión algunos puntos del decreto con el que el Govern suspendió el 14-F
Sin permiso judicial
El Govern no vio necesario un aval judicial, que antes sí había pedido para dictar restricciones por el Covid