El Gobierno intenta zanjar la investigación por los amiguismos del presidente
▶ En la última respuesta a ABC dejan en manos de Moncloa decidir si han cumplido o no sobre las vacaciones de los amigos del jefe del Ejecutivo JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
Pedro Sánchez ha decidido terminar con la autonomía del Consejo de Transparencia (CTBG), pese a tratarse de un organismo público pero de carácter independiente. Después de varios meses en los que el CTBG ha instado al Gobierno a responder de su gestión en temas como la pandemia o los abusos del presidente con los recursos públicos, resoluciones propiciadas por ABC, Moncloa ha culminado el asalto al Consejo de Transparencia.
La maniobra comenzó con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del CTBG el pasado 20 de octubre. Este jurista, que fue jefe de gabinete del ministro de Justicia Francisco Caamaño y director de la Agencia de Protección de Datos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de fulminar la cúpula del Consejo de Transparencia que durante los últimos años había velado por el cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Esperanza Zambrano y Javier Amorós.
La destitución
Rodríguez Álvarez destituyó el pasado día 8 a Zambrano, hasta entonces subdirectora de reclamaciones. Se trata de un departamento clave en esta institución, ya que es el encargado de resolver si la Administración, ante las solicitudes de amparo de los ciudadanos, ha de entregar la información o no, informa Enrique Delgado.
Hasta ayer también estaba planteada la salida de Javier Amorós, que asumió la dirección en funciones de la institución durante los últimos años y firmó una buena parte de las resoluciones más incómodas para el actual Gobierno. No obstante, después del estallido
MADRID
La primera presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, falleció en noviembre de 2017, y nadie tuvo prisa en sustituirla. Un CTBG descabezado molestaría menos al Gobierno. Pero se equivocaron, porque Javier Amorós, director en funciones, y Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones, se pusieron a exigir al poder que rinda cuentas. Y Pedro Sánchez no es de rendir muchas cuentas, por lo que encargó buscar un presidente que amarrara al Consejo. Lo encontraron en el jurista José Luis Rodríguez, a quien sus compañeros de la Complutense llamaban «El Puma», por el cantante venezolano homónimo.
No hizo una gran carrera académica, pese a que «le tocaba», recuerda un excompañero suyo, por el momento en que llegó (se licenció en Derecho en 1987 y comenzó como profesor ayudante de Constitucional en 1993) y porque era discípulo del catedrático Francisco Rubio Llorente, quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y luego presidente del Consejo de Estado.
Progresó fuera de las aulas y a la sombra del PSOE. Francisco Caamaño lo hizo director de su gabinete cuando Zapatero llegó al poder y lo nombró secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes. Ascendió de la mano del político y jurista gallego, puesto que Caamaño lo colocó también como director del Gabinete al llegar a ministro de Justicia. Tras la llegada de Mariano Rajoy «el Puma» se mantuvo en un organismo del Gobierno pero autónomo, director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2011 y 2015, cuando vuelve a la Complutense. Le volvió a sonar el teléfono el pasado octubre para «poner orden» en el Consejo de Transparencia, con la anuencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y a propuesta de Carolina Darias, pues el CTBG está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Buen cargo, pues tiene un sueldo de casi 111.000 euros anuales, 25.000 más que Sánchez. «Le hicieron un encargo», dicen fuentes de su entorno: «Parar las resoluciones del Consejo de Transparencia que tanto estaban molestando al Gobierno». Disciplinado en su trabajo, José Luis Rodríguez «es un ejecutor, un “killer” al que no le tiembla el pulso», dice otra fuente para explicar la destitución de Esperanza Zambrano. Ayer ABC quiso preguntar a Rodríguez por este cese, pero respondió de forma lacónica un portavoz: «Como funcionaria elegida por libre designación, ha sido sustituida por otra persona». Pues eso, que al Puma no le tiembla el pulso. de la noticia, fuentes conocedoras del caso explican que la situación de este funcionario se habría replanteado para evitarse su salida. Desde el Consejo de Transparencia confirman la destitución de Zambrano y aseguran de manera oficial que Amorós seguirá en su puesto.
Un año
Tanto Zambrano como Amorós han sido fundamentales hasta el nombramiento, a finales del año pasado, de Rodríguez Álvarez. Durante su etapa al frente de la institución, aunque fuera de forma interina, no les tembló el pulso a la hora de cuestionar, siempre con argumentos legales en la mano, las maniobras opacas del Gobierno al tratar de esconder información a la ciudadanía.
Los cambios ya se están notando. Un documento que el «nuevo» Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido a ABC demuestra que pliegan velas. Este diario publicó el pasado mes de octubre que Pedro Sánchez se había llevado de veraneo a su pandilla de juventud al Palacio de Las Marismillas, en Doñana. Las vacaciones en palacios del Estado se extendieron a La Mareta, en Lanzarote, y se produ
jeron los veranos de 2019 y 2020, según confirmaron a este diario varias fuentes. ABC solicitó la información a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que se negó a responder. Tras recurrir al Consejo de Transparencia, la solicitud fue estimada por ser «de indudable interés público» y la reclamó a Moncloa hasta en tres ocasiones.
Moncloa no respeta al CTBG
En la última respuesta, Presidencia decidió mofarse del Consejo de Transparencia, pues aseguró, en boca de la vicesecretaria general, Hilda Jiménez, que no saben si Pedro Sánchez invitó a sus amigos a veranear en el Palacio de Las Marismillas: «No consta».
No pueden negarlo porque es verdad, y el alto cargo firmante estaría mintiendo en un documento público, por lo que decidieron «cumplir» con el Consejo de Transparencia de este modo, diciendo que «no existen listados», pese a que tanto Pedro Sánchez como su equipo de seguridad disponen, lógicamente, de esa información.
Tras esta respuesta, datada el 30 de diciembre, ABC se puso en contacto con el Consejo de Transparencia para hacer constar que la resolución no está cumplida: «Teniendo en cuenta que entre las funciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se encuentran la organización y la seguridad de las actividades del Presidente del Gobierno, resulta totalmente inexplicable que la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno desconozca quiénes son las personas que acompañan al Presidente».
Añadió este diario que «la presente resolución pone una vez más de manifiesto la renuencia de Presidencia del Gobierno a cumplir las resoluciones del Consejo».
El CGTB respondió el pasado 11 de enero, cuando ya se había cesado a Esperanza Zambrano y estaba decidida la salida de Javier Amorós. El documento enviado a ABC y firmado por
CTBG y Moncloa, de la mano
El 11 de enero, después de que ABC comunicara al CTBG la falta de respuesta efectiva por parte de Sánchez, el Consejo decidió que sea Moncloa quien «analice su disconformidad» la subdirectora general adjunta de Transparencia y Buen Gobierno, Mercedes Paja, evidencia que Moncloa ha tomado el control del CGTB: «En referencia a su correo del pasado 8 de enero (...) cabe indicar que este Consejo considera que el análisis de su disconformidad corresponde al órgano, organismo o entidad pública responsable de la tramitación de la solicitud de acceso a la información. Es por ello que con esta misma fecha se procede a su remisión a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que estudie su contenido y resuelva en consecuencia». Es decir; el afectado, Moncloa, a quien se le requiere la información en resolución firme y la incumple hasta en tres veces, va a ser quien diga si ha cumplido o no.
ABC entró en contacto el pasado martes con el CTBG para preguntar al presidente por qué no toman medidas para que Presidencia cumpla sus resoluciones, pero fuentes oficiales informaron de que «no hacen declaraciones».