Junts y PDECat chocan por las facturas de los abogados del 1-O
Y no solo lo ha hecho en vocales de perfil conservador sino en aquellos propuestos en su día por quienes hoy se muestran a favor de esta reforma. De cara a la reunión de mañana, estos vocales «progresistas» se dividen entre quienes quieren evitar el enfrentamiento con el Ejecutivo y quienes ven intolerable el desprecio a la carrera judicial. De ahí que sea significativo que tres vocales progresistas que previsiblemente suscribirán el acuerdo del Consejo sean de procedencia judicial y no del cupo de juristas.
Entre los otros cinco que podrían votar en contra de este acuerdo están el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la vocal propuesta por IU Concepción Sáez, la abogada Pilar Sepúlveda y dos jueces: Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga, mujer de Cándido Conde-Pumpido.
Fuentes del Consejo señalaron que el texto del acuerdo que se aprobará hoy –y que no estaba del todo cerrado al cierre de esta edición–, aludirá a la vulneración de las exigencias europeas que ya citó el CGPJ en el acuerdo que remitió al Congreso de los Diputados hace unas semanas: en concreto, la exigencia de «interpretación conforme» con el derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia.
Subrayan que aunque el informe del CGPJ es preceptivo sólo cuando se trata de proyectos de ley (y no en proposiciones de ley, como es el caso), el Congreso
Una obligación
Europa exige que en las reformas que afecten al Poder Judicial se le oiga en aras de su independencia
Nueva bronca entre Junts y el PDECat, los dos partidos herederos de la desaparecida Convergència Democràtica. El motivo, las facturas de las defensas de los consejeros del gobierno de Carles Puigdemont ahora presos en Lledoners (Barcelona). Según trascendió ayer, algunos de los letrados que defendieron a los neoconvergentes Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn –cuya defensa lideró Jordi
debería haber escuchado a este órgano. Precisamente porque es una exigencia derivada de la separación de poderes someter todas las iniciativas legislativas a audiencia en asuntos de este calado que tienen como objeto
Pina– siguen sin cobrar parte de sus emolumentos un año después de que el juicio al «procés» haya acabado.
Según detalló ayer «La Vanguardia», el PDECat pagó hasta octubre las defensas de Rull, Turull y Forn, quienes militan actualmente en Junts. Según añade el citado medio, parte de los costes del juicio (hasta el 30%) sigue sin ser abonado a sus letrados. Desde el PDECat resaltan que en los la reforma de cuestiones que afectan a un poder del Estado.
Las fuentes antes citadas sostienen que una vez constatado el incumplimiento, las instituciones europeas pueden iniciar ya actuaciones concretas, que podrían desembocar incluso en la incoación de un procedimiento de incumplimiento que incluya una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto sucedió en abril de 2020 con Polonia: el TSJUE acordó la suspensión cautelar del régimen disciplinario de sus jueces tras el intento del gobierno del país de desmantelar el poder judicial.
Lo habitual es que sea la Comisión Europea la que ponga de manifiesto esta circunstancia ante el tribunal europeo. Hay varias opciones para hacerle llegar este acuerdo: a través de la Red de Consejos Europeos, del propio CGPJ o de partidos con representación en Europa. También puede actuar de oficio. Sin embargo, el recurso de incumplimiento tiene un componente de alta discrecionalidad por parte de la Comisión, que aunque constate que no se han desoído las exigencias comunes a los Estados de la Unión, no está obligada a demandar.
Artículo 7, un «botón nuclear»
Si ese escenario ya es complicado, más improbable sería la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé que cuando se violan los principios del artículo 2 de este tratado se pueda iniciar un procedimiento que puede implicar la suspensión de derechos de los estados miembros.
Las fuentes consultadas creen que de todas las opciones posibles, lo más probable es que la UE opte por recordar a España la necesidad de dar audiencia a los jueces o que inicie un proceso de diálogo (lo que se conoce como «EU Pilot») con el Gobierno español para intentar solucionar este asunto.
En cuanto a posibles actuaciones internas, aunque el CGPJ no tiene legitimidad para plantear un recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la reforma, sí podría interponer un conflicto constitucional de atribuciones, pero en el seno del órgano de gobierno de los jueces tienen serias dudas de que tuviera efectos a corto plazo. últimos años se han hecho cargo de cientos de miles de euros referentes a las defensas de los exconsejeros, pero han trasladado ya esta responsabilidad al nuevo partido de Puigdemont.
Malestar en Lledoners
Ahora, el traspaso de estas facturas ha generado tensiones que han llegado incluso al interior de la prisión. De hecho, algunos de los presos, que contrataron los letrados a título personal pero cuyo coste asumieron los partidos, viven con incomodidad que sus letrados aún estén pendientes de cobrar por los servicios que prestaron desde el inicio del juicio celebrado en el Tribunal Supremo.