El Gobierno legitima ahora la okupación cuando no haya violencia
▶Garzón cuela en el decreto, que crea el consumidor vulnerable, un artículo para blindar a los okupas que hayan entrado en una vivienda vacía
La vivienda se ha convertido en un gigantesco campo de batalla en el que combaten las dos facciones del Gobierno. Mientras el Partido Socialista promete moderación a las inmobiliarias, Unidas Podemos estrecha el cerco sobre ellas. La norma antidesahucios que aprobó el Ejecutivo en diciembre parece no ser ya suficiente para la formación morada, que se ha propuesto legitimar la okupación ilegal de forma prácticamente definitiva.
El último avance del grupo liderado por Pablo Iglesias es un cambio normativo para respaldar la okupación en los casos en los que no exista «violencia o intimidación». Es decir, aunque se esté cometiendo con este acto un delito. Una medida que, en la práctica, avala un gran número de okupaciones, porque la mayoría de ellas se realizan cuando no hay nadie en la vivienda.
El mecanismo escogido por el Ejecutivo para articular este cambio ha sido un pequeño apartado del decreto que regula la creación del consumidor vulnerable, que en principio nada tiene que ver con esta materia. Una medida camuflada que no ha gozado de la publicidad que suele dar Podemos a sus triunfos políticos.
El decreto, publicado ayer en el BOE, detalla las condiciones que tendrá este consumidor vulnerable y cómo las empresas deberán facilitarle la información necesaria para que entienda los contratos. Condiciones anunciadas a bombo y platillo por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Pero la creación de esta figura no es el único asunto que aborda el texto. De tapadillo, el
Ejecutivo incluye en esta norma una modificación de la ley antidesahucios que aprobó a finales de diciembre tras una importante pugna entre Iglesias y los ministerios copados por el Partido Socialista.
En la práctica, el decreto no solo amplía la suspensión de los desahucios hasta el fin del estado de alarma, sino que también legitima la okupación de determinados colectivos vulnerables (personas dependientes, víctimas de violencia de género o personas con menores de edad a cargo que tengan como casero a un gran tenedor...), siempre que se cumplan una serie de condiciones.
Por ejemplo, no se permite este acto cuando «existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas». Además, también estará permitido el desalojo de estas personas si la vivienda okupada es la residencia habitual o la segunda residencia del propietario.
Según los datos del Ministerio del Interior, España registra 40 okupaciones ilegales cada día
Según los datos del CGPJ, los desahucios derivados del impago del alquiler cayeron un 25,4% en el tercer trimestre.
Según los cálculos del sector inmobiliario, el 90% de las okupaciones se realizan sin violencia.
Sin previo aviso
Entre estas excepciones, el decreto antidesahucios establecía que no se permitirá este hecho «cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito». Un punto que se ha modificado por sorpresa en la norma aprobada esta semana para regular al consumidor vulnerable.
En concreto, el decreto modifica este punto y prohíbe la okupación solo «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas». Es decir, ampara la okupación aunque haya habido un delito de por medio.
Fuentes del sector inmobiliario explican que esta modificación se ha realizado «por sorpresa» y sin consultar con las compañías afectadas por la norma. «En la práctica, es un paso más para legitimar la okupación una situación que va a generar inseguridad jurídica y va a restar inversiones», explican estas fuentes, que también aseguran que en el 90% de las okupaciones «se producen en viviendas que están vacías y por tanto no existe intimidación o violencia». Según los datos del Ministerio del Interior, España registró 40 okupaciones al día entre enero y junio.
Lo cierto es que los desahucios y las okupaciones se han convertido en una obsesión para Unidas Podemos, que tiene importantes lazos con organizaciones no de los principales objetivos de la industria inmobiliaria y de todas las partes que la integran es el de velar por el acceso de todos al mercado de la vivienda. Partir de esta base es fundamental para vertebrar cualquier análisis o debate económico, político o incluso ético sobre las decisiones tomadas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La formación morada ya intentó que el decreto antidesahucios recogiese un veto permanente de los mismos. Y aunque finamente solo la moratoria se fijó hasta mayo, en las últimas semanas ha retomado esta reivindicación.
En el horizonte aparece ya la ley de vivienda que prepara el Gobierno desde hace más de un año. Una norma que fue señalada por el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, como uno de los ejes por el poder político. Todos los estamentos de la sociedad deben proteger el derecho a una vivienda digna, que deber estar en el foco de cualquier legislación, por lo que las actuaciones en materia de vivienda deberían ser consensuadas y estar lejos de estrategias electorales cortoplacistas.
La regulación y la gestión de las ad
de su ministerio y que la vicepresidencia de Asuntos Sociales está intentando llevar a su terreno.
Una maraña regulatoria
El Partido Socialista ya ha cedido con la inclusión de topes máximos a los precios del alquiler en el decreto, una política que no ve con buenos ojos. Pero Unidas Podemos quiere más. Hace unos meses especulaba con la posibilidad de imponer un impuesto a los grandes propietarios de pisos vacíos. Y ahora ha rechazado públicamente la opción de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de determinados umbrales.
La formación morada también insiste con los desahucios, pese a que estos van en descenso. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre de 2020 hubo un 25,4% menos de lanzamientos por impago del alquiler. La vicepresidencia de Pablo Iglesias quiere prohibirlos de forma permanente, una opción a la que los ministros socialistas se resisten.
Fuentes gubernamentales aseguran que el PSOE ha garantizado a las inmobiliarias que este extremo no se llegará a producir. Pero en el sector existe desconfianza respecto a esta promesa, porque en el pasado varios ministerios ya aseguraron que no realizarían medidas en materia de vivienda que sí se han terminado produciendo.
Por ejemplo, el control de los alquileres fue rechazado públicamente por el secretario general de vivienda, David Lucas, y ahora todo apunta a que
Unidas Podemos pretende que el veto a los desahucios vaya más allá del estado de alarma
se convertirá en la medida estrella de la futura ley de vivienda, cuyo anteproyecto se presentará en marzo.
Todos estos cambios normativos están sembrando el pánico en uno de los pocos sectores que ha esquivado el impacto del coronavirus. Los precios de la vivienda cerraron el 2020 estables, y la burbuja de precios que se vivió en el mercado del alquiler de Madrid y Barcelona parece haberse desinflado.
Los inversores, por su parte, han puesto el foco en el segmento del alquiler impulsando fórmulas como el «buy to rent». Un interés que, sin embargo, se ve ahora amenazado por los bandazos regulatorios de un Ejecutivo dividido en materia de vivienda.