Las casas de apuestas tendrán que cerrar su servicio de bar
▶ Tendrán dos años para adaptarse a la nueva regulación prevista en el Plan General
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer una moción unánime que establece una serie de objetivos que modificarán de forma relevante el funcionamiento de las salas de juego y casas de apuestas en caso de salir adelante. El texto salió adelante con un aviso expreso del secretario general del Pleno que afirma que la regulación de estos negocios son una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.
El texto establece aspectos que van más allá de los 500 metros de distancia de centros educativos establecidos en la reforma del Plan General de Ordenación Urbana. Por ejemplo, asegura que las casas de apuestas no podrán estar a menos de 500-700 metros unas de otras. Afirma, además, que no podrán tener servicios de hostelería. La mayor parte de estos negocios se prestan actualmente en régimen mixto. Venden apuestas y azar. Además, son cafeterías. El acuerdo asegura que esa limitación debe realizarse antes de que se levante la suspensión de licencias que existe actualmente.
La moción se olvida también de la anterior doctrina municipal de que solo se pueden regular los negocios nuevos permitiendo los que ya están aprobados en las actuales circunstancias. El texto establece una moratoria de dos años en los que los negocios abiertos tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias. Se trata de una cuestión clave puesto que impediría la actividad de las empresas que se encuentran a menos de 500 metros de centros educativos y que se abrieron cuando ello era perfectamente legal. También promueve un «números clausus» de salas de apuestas de forma que el Ayuntamiento dirá cuántos negocios de este tipo pueden estar operando en la ciudad negando licencias a los que superen esa cifra. Esa cifra se fijaría por distritos de la ciudad en función de su población.
Además, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba dio su visto bueno, de forma conjunta, a la realización de un proyecto para rescatar los negocios de comercio y hostelería que se encuentran en la zona más turística del Casco Histórico. A la crisis económica generada por el Covid, estos negocios tienen que hacer frente a la imposibilidad de moverse por el territorio, lo que está teniendo efectos brutales sobre estas empresas. El plan comprende la elaboración exenciones y beneficios fiscales en tanto se supera la situación del Covid.
El acuerdo, propuesto por el PSOE, fue objeto de una negociación que permitió un acuerdo común. Buena parte consiste en reclamarle a otras administraciones en materias concretas. Un ejemplo es que los negocios de esta zona quieren ser considerados como servicios turísticos, cosa que ahora mismo no pueden por el código fiscal que utilizan. El proyecto prevé una reflexión sobre los horarios de los centros culturales para que se adapten al entorno en el que están insertos y no al contrario. Propone, además, que se actividades con el objetivo de que el público que se pierde con turistas se gane con vecinos.