El CGPJ advierte al Congreso de que atenta contra la división de poderes
▶Dieciséis de los 21 vocales alertan de que la reforma acelerada del órgano de gobierno de los jueces es contraria a la Constitución y exigencias europeas
No es habitual en democracia que un poder del Estado tenga que recordar a otro dónde están los límites de cada uno. Y, sin embargo, es algo que de unos meses a esta parte viene sucediendo de forma recurrente en España. Si el Poder Judicial ya había tenido que denunciar en varias ocasiones los ataques a la Justicia por parte del vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en las últimas semanas ha tenido que hacer lo propio con los grupos parlamentarios del Congreso que sustentan precisamente al Gobierno de la Nación. PSOE y Unidas Podemos enarbolan la reforma que pretende limitar las facultades del Consejo para impedir, entre otras cuestiones, que siga haciendo nombramientos estando en funciones. El actual CGPJ tenía que haber sido renovado en diciembre de 2018.
Ante el desprecio mostrado por la Mesa del Congreso, que hace unos días rechazó la petición del órgano de gobierno de los jueces de ser oído en la tramitación de esta reforma, el Pleno del Consejo lanzó ayer un duro aviso a los partidos: la modificación de sus funciones de forma acelerada y sin dar audiencia a los propios jueces, no sólo es inconstitucional sino que atenta contra los estándares europeos en lo que se refiere al principio de separación de poderes.
El acuerdo, alcanzado por una amplia mayoría de dieciséis vocales de distintas sensibilidades (de los 21 que, junto con el presidente, componen este órgano), da un ultimátum a la Mesa de la Cámara Baja para que reconsidere su postura, aunque, como informó ayer ABC, la constatación de este incumplimiento por sí solo ya abre la puerta a que Europa pueda intervenir para volver a recordar a España la exigencia de someterse a los estándares que fija la UE para los países miembros.
En el texto, que fue apoyado por los mismos vocales que aprobaron el difundido en diciembre –en el que se pedía al Congreso que antes de tramitar la proposición de ley, diera audiencia a las partes implicadas–, el Pleno «lamenta profundamente» que se «haya hecho caso omiso» de su solicitud.
«Tales peticiones, fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo –señala el texto– no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución».
Opinión fundada
Los vocales no ocultan la «preocupación» del CGPJ por esta «desatención». «Y no precisamente porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado», añade. «Lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial».
El Pleno pide, «desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria», que se reconsidere el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados «de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones (los nombramientos) –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato– que el artículo 122 de la Constitución le reserva con carácter exclusivo», pues la decisión adoptada «no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».
Los vocales recuerdan que la Constitución reserva los nombramientos al CGPJ
Independencia
Pero los vocales van más lejos: a su juicio, esa falta de audiencia (al propio CGPJ, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones de jueces y fiscales) «no solo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia».
El texto recuerda, además, que ya no se trata de opinar sobre la reforma en sí, sino cómo esta puede incidir en el correcto funcionamiento de la Ad
ministración de Justicia «por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas».
De haberse llevado a cabo esta reforma con el actual CGPJ, la falta de acuerdo entre los partidos para proceder a la renovación del Consejo habría implicado que durante los dos años y un mes que lleva en funciones no se habría podido cubrir ninguna de las plazas de la cúpula judicial que han quedado vacantes por vencimiento de mandato, jubilación o fallecimiento.
Renovación necesaria
Por último, el Pleno recuerda que en el trasfondo de todo está «la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo» y en este sentido, y como ya hicieron en anteriores acuerdos, los vocales «instan a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad», porque a todas concierne «la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».
En su opinión, esa es la única vía para «liberar a esta institución de su constante cuestionamiento» y para darle una estabilidad «que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial».
Fuentes del Consejo señalaron que este acuerdo ha sido fruto de un minucioso trabajo de trastienda en el que los vocales han peleado por que el malestar que ha generado la actuación de PSOE y Unidas Podemos no se trasladara
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo a la opinión pública como un asunto de «bandos» en el seno del órgano. De ahí que, por lograr el mayor consenso posible, este texto, como los anteriores, haya sido muy trabajado durante los últimos días y medido hasta la útima coma. Se ha intentado, así, buscar el equilibrio entre la actuación que en un primer momento planteó un grupo de vocales del sector conservador de informar acerca de esta reforma «de oficio» y respetar la decisión del Congreso, que es lo que mueve a los cinco vocales disidentes.
Y es así, con este ultimátum al Congreso y el recordatorio de la importancia de la renovación, como se ha conseguido contar con el apoyo de los vocales progresistas (y jueces) Mar Cabrejas, Roser Bach y Victoria Cinto, así como del abogado propuesto por el PNV Enrique Lucas. Los cuatro han unido sus votos al sector conservador para sacar adelante el acuerdo.
Por contra, y como adelantó ayer ABC, cinco vocales del sector progresista no han apoyado el texto y han anunciado voto particular en el que explicarán las razones por las que se oponen. Se trata del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la abogada Pilar Sepúlveda, la vocal Concepción Sáez y los jueces Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga.
La pelota vuelve a estar en manos del Congreso, donde los grupos parlamentarios PP y Ciudadanos han pedido a la Mesa que reconsidere su decisión para que el debate sobre esta reforma se lleve a cabo de forma sosegada y no con la urgencia que los promotores de la proposición de ley pretenden. Tal es esa urgencia que pidieron la habilitación del mes de enero para sacarla adelante.
9,6 (13,-15) 5,8 (7) 9,7 (9-12) 6 (8-11) 6,6 (6-10)