Los taxis darán un precio cerrado para servicios precontratados
▶ La Junta abre a consultas el nuevo decreto sobre el régimen legal
La Junta de Andalucía ha abierto a consultas la modificación del decreto regulador de la actividad del taxi en Andalucía tras dos recientes sentencias, una de las cuales se refiere a la ordenanza en vigor en Córdoba. Buena parte de la modificación futura tiene un carácter puramente técnico que notarán, sobre todo, los profesionales del sector. Varias de ellas, sin embargo, incidirán en la forma en la que abonan los trayectos los usuarios. Y la más novedosa se encuentra en los servicios precontratados, aquellos que se encargan por medio de servicios telefónicos o de aplicaciones de móvil, cada vez más comunes.
Actualmente, las tarifas que se prestan para estos servicios son las de la bajada de bandera, el trayecto realizado conforme a lo que mide el taxímetro más los recargos correspondientes. La modificación que plantea la Junta es que, exclusivamente en los servicios previamente contratados, las tarifas urbanas tendrán una consideración de precio máximo de forma que el usuario sabrá antes de subirse al coche cuánto cuesta el viaje. En el caso de que por la razón que fuese, el precio fuese mayor el usuario solo pagaría el previamente informado por la aplicación móvil que, en ningún caso, podrá superarse. Se trata de una técnica que se está poniendo en marcha en el taxi de grandes ciudades para competir con nuevas formas de transporte como las aplicaciones Uber y Cabify. La futura norma autonómica no hace referencia a qué ocurre cuando el precio cerrado es menor al previamente informado al consumidor que toma el taxi. Los usuarios tendrán derecho a conocer los criterios de cálculo sobre el que se realiza el precio final. El pago con tarjeta de crédito o débito pasa a ser una obligación del profesional.
El pago cerrado no solamente tendrá carácter colectivo, para el conjunto del trayecto. En tanto las ordenanzas municipales lo recojan, explica el futuro decreto del Gobierno andaluz, permitirá ofrecer un precio cerrado por cada una de las plazas que componen el taxi. Será un procedimiento que tendrá que realizarse mediante el trámite normal en estos casos escuchando al sector y las organizaciones con intereses concretos, como las de consumidores y usuarios.
Entre otros, los cambios aplicados —producto de la nueva doctrina del Supremo— afirman que las empresas podrán ser titulares de licencia de taxi aunque solo podrán tener una. Nada impide que una persona monte tantas sociedades mercantiles como guste para tener una licencia por cada empresa. También se eliminan aspectos como que el titular de la licencia tenga que conducir el taxi. Lo podrán hacer tanto asalariados como autónomos que puedan llevar a cabo el servicio diario. El proyecto legislativo de la Junta establece también que se eliminan determinados requisitos como que una licencia nueva tenga que darse siempre ligada a un vehículo que tenga máximo dos años de antigüedad. El nuevo decreto eleva este plazo hasta diez.