Una funcionaria de Presidencia para controlar a Sánchez desde Transparencia
▶ Decidirá quién lleva la razón en cada disputa: si el ciudadano o la Administración
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez, ya ha encontrado relevo para Esperanza Zambrano, la jefa del departamento de Resoluciones del organismo a la que destituyó unas pocas semanas después de ser confirmado en el cargo por el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno.
Se trata, como ya figura en la web de la institución, de Carmen Montero García-Noblejas, una funcionaria que hasta el momento ocupaba la vicesecretaría general técnica del Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su puesto estaba incrustado, concretamente, en el organigrama de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, encabezada por Carmen Calvo.
La vacante que cubre esta funcionaria es especialmente relevante para el Consejo de Transparencia. A partir de ahora, Montero dirigirá el equipo encargado de decidir sobre las reclamaciones que los ciudadanos realizan solicitando el amparo de este organismo después de que la Administración les haya negado un dato solicitado a través del Portal de Transparencia. En su mano estará decidir quién lleva razón, si el Gobierno o el ciudadano, en los procedimientos de este tipo que lleguen a partir de ahora al Consejo de Transparencia.
Hasta la llegada de Rodríguez al CTBG, el departamento de reclamaciones ha examinado numerosísimos expedientes. Con Zambrano y Javier Amorós –el otro funcionario que iba a ser destituido– al frente del organismo de manera interina, a la institución no le ha temblado el pulso a la hora de contravenir el criterio del Ejecutivo en aquellos casos en los que ha negado una información a la ciudadanía sin motivo.
Los viajes de Pedro Sánchez en el
Falcon y el uso que dio a otros medios de transporte oficiales, las vacaciones del presidente del Gobierno y sus acompañantes en Las Marismillas, los contratos sanitarios de la pandemia o el comité de expertos de la desescalada son algunos ejemplos de esos expedientes en los que el Consejo obligó a la Administración a facilitar la información.
porque ella «había presentado» el TFM, el mismo que da por perdido «en mudanzas», y vio normal que un tribunal lo evaluase sin ella delante.
«Yo no defendí el TFM»
«Yo no defendí el TFM. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. Me sorprendió porque fue un acto muy informal», declaró. Lo llevó «encuadernado» aquel 2 de julio y lo entregó en un despacho con «tres o cuatro personas», dando «por hecho» que eran profesores pero sin saber si eran un tribunal. No les conocía, pues nunca fue a clase y sólo se relacionaba con Álvarez Conde, por teléfono y enviándole los trabajos en papel.
Acusada por inducir la falsificación, Cifuentes negó haber «dicho o pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento» y destacó que «no lo necesitaba» porque ya «tenía el título» del máster. Lo recogió en 2017, acompañada de la asesora Maite Feito, a quien Fiscalía sitúa como eslabón entre Cifuentes y el centro en las presiones. Las dos lo niegan, frente al testimonio de la autora del acta falsa.
Tras Cifuentes, testificaron Alicia López de los Mozos y Clara Souto, las profesoras cuyas firmas estampó Rosado en el acta falsa. Ambas dijeron que le enseñaron la grafía siguiendo indicaciones de Álvarez Conde y sin saber para qué se iban a utilizar. Souto añadió que el catedrático refirió «presiones políticas» sin concretar.
Ya por la tarde, llegó el turno del rector, Javier Ramos, quien añadió que Feito, el día del escándalo, «aportó información» y le pareció que «intentaba colaborar». Apuntó, no obstante, que recibió «retiradas llamadas» del Consejero de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken «requiriendo ese acta» que Álvarez Conde le había dicho que existía y estaba en su poder. Se la pidió y la reenvió a la Consejería.
Sobre el máster, explicó que descubrió después que en julio de 2012 Cifuentes entregó el TFM sin haber aprobado. Sus notas se cambiaron en 2014 por una funcionaria sin competencias a instancias de un profesor. En esas fechas, la expresidenta había pedido el título porque en 2012 le dijeron que estaba todo bien.
«Nunca jamás he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento. No sabía que existía el acta».