Los contribuyentes, indefensos ante las inspecciones por teléfono
▶ Los asesores denuncian el «desasosiego» de las empresas, que aún no saben ni cómo se pagan las tasas Tobin y Google
El año ha comenzado con nuevos impuestos y obligaciones para los contribuyentes, pero los fiscalistas detectan que la inseguridad jurídica también va en aumento. Ante los límites impuestos por la pandemia, la Agencia Tributaria ha tenido que recurrir a las nuevas tecnologías, y los asesores fiscales denuncian que actuaciones como las inspecciones por teléfono generan «indefensión» en el contribuyente. «La apuesta por las nuevas tecnologías debe tener un componente de voluntariedad, ya que hay una gran brecha digital», consideró ayer en rueda de prensa el vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Javier Gómez Taboada.
Oficina de la Agencia Tributaria
«Hay cosas que no se puede hacer por escrito. El contribuyente queda desprotegido», reflexionó la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, que también reclamó que el Fisco requiere de «más recursos» para poder cerrar las inspecciones «como es debido». Gómez Taboada recordó que más de la mitad de los litigios ante el Fisco los pierde la Agencia Tributaria, un porcentaje que en el caso de las comunidades autónomas es del 70%, llegando al 80% en algunas de ellas.
Junto a ello, los asesores denunciaron el retraso del Ministerio de Hacienda en publicar los reglamentos de las tasas Google y Tobin y sobre la nueva normativa DAC 6 que traspone la directiva del ramo y obliga a los intermediarios a proporcionar información fiscal de sus clientes. Ello provoca que los obligados a pagar, desde gestoras, bancos hasta tecnológicas, no sepan cómo ni qué pagar aún.
El departamento dirigido por María Jesús Montero ya retrasó la fecha para liquidar los tributos de transacciones financieras y servicios digitales, al no contar con los reglamentos pertinentes: si el primero se iba a pagar en febrero, ahora lo hará en abril mientras que el segundo se cobrará en julio y no en abril.
«Nos llaman agencias internacionales con gran desasosiego porque aún no saben cómo pagar el impuesto», señaló el vicesecretario de Aedaf y responsable de los grupos de expertos,
Eduardo Gracia. «No creo que demos una buena imagen de país. Estamos a casi 1 de febrero y seguimos sin poder explicarles a los clientes cómo pagar», añadió para cuestionar la entrada de este impuesto cuando la UE puede que apruebe el suyo propio en uno o dos años. «El Gobierno es consciente de que son impuestos que gravan a las clases medias», consideró al señalar que la tasa Tobin afecta a los planes de pensiones en la compra de acciones, por ejemplo.
A ello se le suma que el ministerio tampoco tiene listo el reglamento para la ley que traspuso la Directiva DAC 6 que obliga a intermediarios como asesores o abogados a revelar información fiscal de sus clientes. Sin embargo, después de que esta norma se publicara en el BOE el penúltimo día de 2020, los asesores aún no saben ni qué información facilitar ni cuál es la fecha límite para ello. Bruselas marcaba que fuera el 28 de febrero.
«En Hacienda dan por hecho que llegamos tarde y habrá que establecer otros plazos “ad hoc”», lamentó Gracia para avisar de que Bruselas puede abrir un expediente a España por ello. «España es el que va más retrasado entre los grandes países de la UE», destacó. La Comisión Europea retrasó los plazos por la pandemia, de julio a febrero. Pese a ello, Alemania, Austria y Finlandia, ya iniciaron entonces el intercambio de información.
MADRID
El ambiente en la rueda de prensa de resultados anuales de Bankia era de despedida. No un «hasta luego», sino un «adiós» en toda regla. La entidad está a semanas de pasar a mejor vida, legalmente, porque su integración en Caixabank llegará en este primer trimestre de 2021... mientras que la desaparición de su marca se producirá, con alta probabilidad, este verano, como avanzó ayer el banco.
La operación está en marcha y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de
Bankia, dijo ayer que los plazos están corriendo según lo previsto. Incluso los trámites a atravesar con los supervisores; de hecho, el banquero aseguró que no esperan ninguna traba ni restricción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el banco apuran los tiempos y avanzan ya en punto muerto, sin acelerar ni frenar. Demostrar que la operativa diaria sigue siendo la habitual, aunque en la trastienda Bankia y Caixabank están todavía buscando acomodo a sus directivos.
Entre ellos, a José Sevilla, actual consejero delegado de la primera, del que se desconoce aún su destino. Y, según se pronunció Goirigolzarri, no quieren ni ser preguntados sobre qué puesto ocupará su número dos en el nuevo banco porque, dicen, no está decidido.
Todo esto llegará más pronto que tarde. Y ayer el turno era para las últimas cuentas independientes de Bankia. La entidad cerró 2020 con un beneficio de 230 millones de euros, lo que supone un 57,6% menos en interanual. Entre las principales razones, las provisiones por el Covid-19, que ascendieron a 505 millones, 40 de ellos realizados entre octubre y diciembre, siguiendo el ánimo del Banco de España para seguir realizando dotaciones.