El Grupo de Puebla circuló una lista de senadores a los que presionar
Según ha sabido ABC en 2020 el Grupo de Puebla circuló internamente una lista de senadores demócratas, muy influyentes en la nueva Administración, como probables defensores de un levantamiento de sanciones desde dentro de Washington. Son todos demócratas: Chistopher S. Murphy y Richard Blumenthal, de Connecticut; Chris Van Hollen y Benjamin Cardin, de Maryland; Tom Caper, de Delaware; Tim Kaine, de Virginia; Tom Udall, de Nuevo México; Patrick Leahy, de Vermont;
Sherrod Brown, de Ohio; Brian Schatz, de Hawái; Jeffrey A. Merkley, de Oregón.
Después de que circulara esa lista por primera vez, se sucedieron las críticas entre varios de ellos al régimen de sanciones aprobado por Trump. Por ejemplo, el senador Murphy sometió al que era enviado especial de EE.UU. para Venezuela con Trump, Elliott Abrams, a un duro interrogatorio en una vista oral en la Comisión de Exteriores del Senado en la que dijo, abiertamente: «Nuestra política en Venezuela ha sido un desastre absoluto. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos. Debemos admitir que nuestra gran apuesta, reconocer a Guaidó desde el principio y luego actuar rápidamente para implementar las sanciones no ha funcionado, así de sencillo».
Estos senadores se unen al ala izquierda del Capitolio, encabezada por el independiente Bernie Sanders, que se ha negado a reconocer a Guaidó y ha pedido a cada paso la retirada completa de sanciones. En público, Biden, que compitió con Sanders en las primarias presidenciales, ha dicho que Maduro es un dictador. personas que han hablado con Zapatero en meses pasados, este ha dicho que confía en poder influir al menos en parte sobre la Administración Biden dado que conoce a éste personalmente, de cuando él era presidente del Gobierno y el último, vicepresidente de EE.UU. De hecho, Biden visitó Madrid en 2010 y se vio con Zapatero entonces.
Preguntado por ABC, Zapatero dijo: «Ni tengo conocimiento ni he participado en una iniciativa concreta con otros lideres internacionales en relación con las sanciones a Venezuela ante funcionarios o políticos de EE.UU. Apoyé, como es público, el manifiesto del Grupo de Puebla del 29 de diciembre de 2020 sobre el acceso a la vacuna contra el Covid-19 en Venezuela».
El «lobby» en Washington
Maduro y sus aliados también hacen labores de «lobby» o presión política directamente en Washington. Ya en marzo de 2020 el propio régimen chavista invirtió en un posible cambio de Gobierno en EE.UU. en las elecciones que iban a tener lugar ocho meses después, y le pagó más de cuatro millones de euros a la firma Amsterdam & Partners por representar al procurador general venezolano, Reinaldo Muñoz Pedroza, con el fin de «brindar asesoramiento con respecto a las sanciones impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y desarrollar e implementar una estrategia para persuadir a la OFAC de que mitigue o elimine las sanciones, incluidos contactos con funcionarios relevantes de la OFAC u otros funcionarios del Tesoro».
Curiosamente, y según ha sabido ABC, tras ese pago millonario, Amsterdam & Partners informó al Gobierno estadounidense de que antes de noviembre, mes de las elecciones, no mantuvo contacto alguno con funcionarios estadounidenses en relación con las sanciones en nombre del procurador venezolano, algo que era el objeto del mismo contrato. Este, según documentos revisados por este diario, sigue vigente. Esos cambios que defienden los integrantes del Grupo de Puebla, fundado en 2019 como un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana, pasan también por forzar un giro en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene en su secretario general a uno de los líderes mundiales que más firmemente ha defendido el cambio democrático en Venezuela. Las gestiones del uruguayo Luis Almagro han sido cruciales para el reconocimiento de la comunidad internacional a los opositores al chavismo que lidera Juan Guaidó. De hecho ya en 2019, en un foro en Costa Rica, Almagro defendió la utilidad de las sanciones como una forma de precipitar un cambio político que permita solucionar la crisis humanitaria en Venezuela. «Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o
temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones que es el que puede aplicar medidas más fuertes», dijo entonces Almagro.
El Grupo de Puebla ha tomado nota, y maniobra para dar un giro en la OEA. Por eso Evo Morales, integrante de ese foro y expresidente de Bolivia, sugirió en diciembre que el que fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, debería ser nombrado embajador de su país ante ese organismo internacional panamericano. Este movimiento tiene una doble relevancia: Morales dimitió tras que se descubrieran irregularidades en el recuento de las elecciones que dijo ganar en 2019, pero en octubre de 2020 ganó el candidato de su mismo partido, Luis Arce. En diciembre, el español Zapatero dijo en varias reuniones en Madrid que García Linera sería un «excelente secretario general de la OEA, para sacar a Almagro», según ha sabido ABC.
García Linera ha tenido una postura extremadamente crítica con las sanciones de EE.UU., y de apoyo a Maduro y su régimen. En una entrevista mantenida con la cadena DW en español en 2019, García Linera dijo que el sufrimiento del pueblo venezolano no es razón «para que otra potencia se entrometa, los tiempos del colonialismo se acabaron a mediados del siglo XX y no vamos a reactualizar en el siglo XXI viejos colonialismos que esconden intereses de apoderarse recursos naturales».
Legado de Trump
En realidad EE.UU. lleva imponiendo sanciones sobre el régimen chavista desde hace 15 años. Pero ha sido durante los cuatro años de Trump cuando esas sanciones se han multiplicado e intensificado. Hoy por hoy, hay, según dicen fuentes diplomáticas a ABC, penalizaciones activas contra 166 funcionarios venezolanos y se impide la entrada a EE.UU. a más de mil personas. Las sanciones dependen del Ejecutivo, y no han sido respaldadas unánimemente por el legislativo. Es más, ha habido una nutrida lista de diputados y senadores demócratas que las han criticado por diversos motivos, entre ellos el hecho de que han aislado a Maduro y lo han empujado a los brazos de Rusia e Irán.
Pedro Burelli, un veterano e influyente opositor al chavismo afincado en Washington, disiente de este enfoque. «Hay un problema que pareciera que el mundo por comodidad o cobardía cree que la solución a un secuestro de un país es que los ciudadanos negocien su libertad con los secuestradores, y eso niega la realidad de que el secuestro ocurre por una simetría de fuerzas y por lo tanto la negociación tiene que ser entre un grupo de países muy fuertes, muy unidos, con los secuestradores. Está claro que este no es solo político, pero no es sólo humanitario. Es los dos».
Instalaciones de la empresa PDVSA en la isla de Curazao