OBJETIVO, LAMINAR EL IDIOMA COMÚN

El nacionalismo se instala en la escuela con el visto bueno de un PSOE que sabe cómo rentabilizar su atropello lingüístico

LAS políticas de inmersión lingüística y de arrinconamiento del idioma castellano que la Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo en las aulas a lo largo de las últimas décadas no responden –como insiste en hacer creer el independentismo, y antes un nacionalismo tachado de «moderado» de forma condescendiente y cómplice– a la necesaria operación de rescate de una lengua supuestamente marginada y perseguida. La imposición sistemática de las lenguas cooficiales, no solo en las aulas de Cataluña, ha sido la base de un programa de adoctrinamiento político cuya finalidad no era la presunta rehabilitación de un idioma, sino la marginación de todo lo que tenga que ver con la idea de España como nación, caldo de cultivo para el refuerzo del nacionalismo en el que se apoya el PSOE. Fue José Luis Rodríguez Zapatero el que formuló una ecuación política en la que la suma del independentismo permitía a su partido instalarse y mantenerse en el poder, estrategia que explica el papel del socialismo para tolerar el atropello que ha sufrido el castellano en las aulas y apoyar, dentro y fuera de Cataluña, cualquier programa de inmersión, no solo lingüística, en una España tan diversa y plural que sacrifica y excluye el principal elemento que la articula, el idioma de todos.

ABC ofrece hoy el testimonio de un grupo de familias –de Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco, además de Cataluña– que han apostado por un modelo de «resistencia cívica» ante la imposición de las lenguas cooficiales en materias que deberían ser troncales, ajenas a los procesos de inmersión que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas que disponen de una lengua cooficial. Resulta esperpéntico que la lengua española, una de las más habladas del mundo globalizado y cuya creciente proyección internacional la convierte en herramienta privilegiada para la comunicación, tenga que ser defendida en nuestro país a través de movimientos de «resistencia cívica». El caso de una estudiante valenciana de Primaria, detallado en páginas de Sociedad, es revelador del modelo que desde Cataluña y con la aquiescencia de un PSOE que se dice y proclama español se extiende al resto de comunidades. Con un notable en la asignatura de Ciencias Sociales, la menor fue suspendida por escribir «termómetro» en vez de «termómetre» y «pluviómetro» en lugar de «pluviómetre». Desobedecer el dictado del pensamiento disgregador tiene consecuencias. Lo llaman cogobernanza, pero es simple táctica partidista. El nacionalismo se instala en la escuela con el visto bueno de un PSOE que sabe cómo rentabilizar el despropósito. El conocimiento y el esfuerzo académico, imprescindibles para el verdadero progreso social, se sitúan en un segundo plano, detrás de sometimiento a un modelo que normaliza la anomalía y fortalece al nacionalismo en las aulas en las que se forman los futuros ciudadanos.

La ley Celaá, obsesión de un Gobierno que aceleró su tramitación sin miedo a ocultar su carácter prioritario en medio de la actual crisis, viene a legitimar y robustecer un sistema en el idioma castellano se reduce a anécdota. Su función vehiculadora, como vertebrador de la nación, compuesta o descompuesta, desaparece para que sean las lenguas cooficiales las que garanticen el adiestramiento de los alumnos en sus respectivos hechos diferenciales. El empobrecimiento cultural y científico no importa al socialismo de Sánchez y Celaá, para quienes lo único relevante es la generación, nunca espontánea, de un electorado con el que resolver su propia ecuación de poder.