El primer asalto del confeso Bárcenas
▶ El extesorero del PP llega como principal acusado a la vista que analizará la caja B
La referencia a la existencia de una caja B en el Partido Popular costó el Gobierno a Mariano Rajoy, moción de censura mediante, en 2018. Era sólo una mención que, como diría después el Tribunal Supremo, no venía del todo a cuento; introducida so pretexto de contextualizar la primera época de la trama Gürtel, pero no era objeto del procedimiento. Ahora sí.
Hoy arranca el juicio del que emanará el pronunciamiento formal sobre la existencia, o no, de un modus operandi repetido durante al menos veinte años por el que un partido de gobierno permitía la entrada y salida de dinero en efectivo para fines diversos y a espaldas, por descontado, de la Hacienda Pública. Y llega en un momento en que el único responsable vivo de aquellas presuntas finanzas alternativas, Luis Bárcenas, parece decidido a ajustar sus propias cuentas.
La amenaza del tesorero
del partido o en «cash» para fines como apoyar campañas, a miembros víctimas de ETA o recompensar a dirigentes fuera de la nómina oficial. Bárcenas ahora pone nombre a las iniciales que recogía aquella contabilidad, pero al juicio llega acreditado indiciariamente el pago de 6.000 euros en dos entregas al exgerente Cristóbal Páez, acusado igualmente.
El juicio
Y de la caja salieron también, de acuerdo a la acusación, 1.552.000 euros pagados a los responsables de la constructora Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, «al margen de la facturación y contabilización oficial» para la reforma de distintas plantas de la sede central. Todo por gestión de Bárcenas y Páez, que se sentarán junto a ellos y a la trabajadora de la empresa Laura Montero en el banquillo de acusados desde hoy.
El tribunal lo conformarán finalmente José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García, tras la recusación de Concepción Espejel, Enrique López y Ricardo de Prada.
El extesorero tiene un horizonte mínimo de cinco años de cárcel, los que pide la Fiscalía Anticorrupción por falsedad, inducción y cooperación en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública, así como por apropiación indebida. Este último, por su connivencia en que Lapuerta se quedase los beneficios de unas acciones de Libertad Digital que, previamente, había adquirido con dinero de la caja. Mientras, para el exgerente Cristóbal Páez la petición es de 18 meses de cárcel y los constructores afrontan casi 4 años.
Las acusaciones populares, como IU o Adade, reclaman también organización criminal. En cuanto al PP, las partes apuntan un delito fiscal por el impuesto de Sociedades de 2008 –2007 según la Abogacía–, pero la Fiscalía no lo ve.