Urbanismo entierra el cambio del PGOU contra los salones de juegos
▶ Reconoce que no tiene potestad legal para restringir la apertura de estos negocios
La Gerencia Municipal de Urbanismo archivará la innovación del Plan General de Ordenación Urbana que pretendía ponerle las cosas difíciles a los empresarios que quieran montar salas de juego en la ciudad de Córdoba. Todas las líneas que se habían puesto sobre la mesa tenían un problema: el Ayuntamiento no puede regular cuestiones sobre el juego. Son una competencia bien de la Junta, bien del Gobierno central. Y las entidades locales no tienen la capacidad legal de inventarse normativa sobre la que no tienen ni voz ni voto sin meterse en líos judiciales de enorme calado con eventuales recursos.
El Consistorio activó un cambio del PGOU y, en consecuencia, una moratoria de licencias nuevas que vence a finales de mayo en donde no se podían abrir nuevas instalaciones. En el último Pleno, se aprobó una larga moción que establecía unas líneas definidas sobre la situación. No se iban a permitir negocios a menos de 500 metros en zonas escolares. Tampoco se permitiría que los salones de juego tuvieran hostelería. Incluso se establecía un número concreto de locales que podían abrir por distrito de la ciudad para impedir que se acumularan en las zonas de menor renta. Se pretendían llevar a cabo también restricciones a la instalación de maquinas tragaperras en locales de hostelería que no tuviesen la consideración de salón de juegos.
El Ayuntamiento elevó las consultas a la Junta y al Gobierno que respondieron lo que se veía venir. Que los municipios no se pueden sacar de la manga regulaciones sobre competencias que le son impropias. Distanciar salas de juego solo es viable si lo establece una legislación consolidada dictada por el Congreso o el Parlamento de Andalucía. El plan municipal pasaba por establecer hasta un periodo de dos años en los que los negocios legalmente abiertos tenían que adaptarse a las nuevas circunstancias o cerrar, lo cual era un aspecto ampliamente discutido dentro de la institución. El asunto había provocado que los juristas municipales advirtiesen que mucho de lo aprobado no tenía encaje legal alguno dentro del marco legal ac tual. La moción unánime aprobada por el Pleno, por ejemplo, se aprobó con una advertencia expresa de la Secretaría General a modo de aviso a navegantes.
El teniente de alcalde de Urbanismo, el popular Salvador Fuentes, explicó que la situación, hoy por hoy, es que el Consistorio puede hacer cosas pero no las que se le estaba demandando desde entidades vecinales y partidos de izquierda. Por ejemplo, campañas de difusión para que la ciudadanía, y en concreto los más jóvenes, no se acerquen al juego por el daño que realiza en la sociedad. Además, se vigilarán abusos. «A eso me comprometo», afirmó. La innovación del PGOU tendrá que decaer. Sobre la moratoria de nuevos negocios, dijo Fuentes, se estudiará qué hacer. Actualmente, sin innovación del planeamiento no se pueden denegar licencias. Una y otra están relacionadas. En principio, la prórroga aprobada daba unos meses aún para impedir que se iniciaran nuevos negocios de estas características.
La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, criticó ayer que el Gobierno andaluz de PP y Cs, con su política «cómplice con la patronal del juego», quiere «tirar por tierra la importante labor que llevan años desarrollando colectivos ciudadanos y ayuntamientos para frenar el preocupante avance de la ludopatía». Naranjo alertó de las consecuencias de estas políticas de PP y Cs «sobre quienes sufren esta enfermedad», que en Córdoba «afecta al menos a un tres por ciento de la población, registra un alarmante aumento que ronda el 20 por ciento y está teniendo especial incidencia sobre la gente joven».
¿Quién puede?
Solo las Cortes y el Parlamento de Andalucía tienen la posibilidad de cambiar las normas