La Audiencia juzga a una trama de fraude del IVA en el alcohol

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo del 22 al 24 de febrero a cinco acusados de orquestar un fraude millonario del IVA en la importación de bebidas alcohólicas de países como Portugal o Gran Bretaña entre 2011 y 2013 para su distribución en Andalucía con sociedades con sede en la provincia de Córdoba.

La Fiscalía de Córdoba, en su escrito de acusación provisional, recoge que el caso se originó a raíz de una investigación de depósitos fiscales que procedía de Barcelona a través de la entrada de mercancía para destinatarios finale. El IVA no se ingresaba en la Hacienda Pública pero sí se lo deducían quienes adquirían las botellas. Esta investigación descubrió que la trama criminal tenía dos ramales en la provincia: uno en Andalucía, y otro en la zona de Levante. El de la zona sur de la península, el que ocupa ahora a la Audiencia, se remitió por parte de los investigadores a Córdoba al estar algunas de estas sociedades radicadas en esta provincia. La investigación logró a través de intervenciones telefónicas descubrir que este grupo de cinco personas tenían una serie de sociedades interpuestas que simulaban, de un lado, la adquisición de mercancía de proveedores intracomunitarios —fundamentalmente de Portugal y Reino Unido—. El alcohol entraba en el depósito en esas sociedades interpuestas que simulan operaciones de venta de la mercancía a otras empresas que a su vez vendían el alcohol al destinatario final. El fraude consistía, según explicaron a ABC fuentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía de Córdoba, en que las empresas interpuestas repercutían el IVA pero no lo ingresaban acompañado de facturas y albaranes falsos. A este efecto, las operaciones interpuestas, a través de «pantallas, eran utilizadas para separar las operaciones reales con destinatario último, por lo que conseguían abaratar el precio de la mercancía y de ese modo lucrarse». El Ministerio Público recoge que estos cinco acusados defraudaron unos 3,8 millones de euros. Se enfrentan a penas de prisión que van de los 3 a los 6 años de cárcel para cada uno de los acusados y multas millonarias de hasta el séxtuplo de lo defraudado: unos 11 millones.