Alega ahora que ha habido un vacío legal para dejar de prescribir el medicamento

Teresa Muñoz, la mujer aguilarense que padece esclerosis múltiple primaria progresiva, consiguió ayer que la Junta de Andalucía le reponga el tratamiento suprimido el pasado mes de febrero de 2020.

Fue en una reunión con el neurólogo que lleva su caso dónde aseguraron tanto a ella como a su familia que se iba a retomar el tratamiento a base de ocrelizumab. Se trata del medicamento que le fue suprimido porque sólo estaba financiado por la sanidad pública para menores de 55 años y ella ya tenía 62.

Sin embargo se le estuvo administrando sin ningún impedimento mientras que tuvo 60 años ya que fue el tratamiento aconsejado como más apropiado para la tipología de esclerosis que se le detectó un par de años antes.

Según ha podido saber la familia la supresión del Ocrelizumab se debió a un vacío legal existente sobre esta cuestión que ponía en duda por parte del propio servicio de neurología y del Servicio Andaluz de Salud la posibilidad de administrarlo de manera gratuita a mayores de 55 años. Al parecer eso es lo que establecía la normativa que rige este tipo de medicación.

No obstante la familia nunca estuvo convencida de esa determinación negativa y tenía la convicción, una vez que se asesoró, que existían posibilidades para seguir administrando el ocrelizumab ya que era el único tratamiento idóneo para este tipo de esclerosis.

A cambio le ofrecieron la posibilidad de un medicamento alternativo que no era el específico para su enfermedad. Pero éste tampoco nunca llegó a suministrársele.

Así inició un largo periplo de contactos que les llevó tanto a la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, como al consejero de Salud, Jesús Aguirre. Nadie daba ninguna solución e, incluso, apuntaban a que era el Ministerio de Sanidad el que impedía que este medicamento pudiera financiarse para mayores de 55 años.

Recogida de firmas

También lo intentaron con la dirección médica del hospital Reina Sofía de Córdoba que siempre mantuvo la misma opinión que la Junta. Era legalmente imposible administrar este tratamiento. A pesar de todas las negativas la familia esgrimía la posibilidad de hacerlo por vía excepcional porque ya se le había estado poniendo y se había demostrado de manera fehaciente que era positivo. De hecho desde que dejó de recibirlo la enfermedad ha avanzado lo que ha afectado a su calidad de vida.

A principios de enero iniciaron una recogida de firmas en la plataforma change.org y consiguieon recabar más de cien mil apoyos. Unas firmas que entregaron la pasada semana en la sede de la consejería de Salud en Sevilla. Tan solo unos días después fueron citados a la reunión de ayer en la que le confirmaron que volvería a recibir la misma medicación. Ahora deberá realizarse pruebas médicas previas.

Miles de firmas y varias reuniones con la Consejería de Salud han terminado con la marcha atrás